[ad_1]
Un tenso litigio se ha desatado entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, a raíz del cobro del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un valor de $1.5 billones de pesos.
El cobro, que la DIAN pretende aplicar sobre las importaciones de combustibles realizadas por Reficar entre 2022 y 2024, ha escalado a la esfera judicial y generado alarma por sus posibles repercusiones en el abastecimiento y la economía nacional.
LEA TAMBIÉN
Cobro polémico
Refinería de Cartagena (Reficar) Foto:ecopetrol
El corazón de la disputa radica en la interpretación de la norma tributaria respecto a las importaciones de combustibles hechas por Reficar, la cual ópera bajo un régimen de zona franca.
Según el equipo jurídico de la Refinería, la DIAN estaría haciendo una interpretación de la norma que le conviene para el cobro, la cual, sería incorrecta, pues Ecopetrol y Reficar no facturaron ni cobraron dicho IVA, y una parte significativa del combustible que se consume en el país (40% de la gasolina y 10% del diésel) es importada a través de Reficar bajo este régimen.
LEA TAMBIÉN
Riesgo de parálisis y reacciones gremiales
Reficar Foto:ecopetrol
La posibilidad de que la DIAN procediera con medidas de cobro coactivo, como un eventual embargo a las cuentas de la Refinería, generó gran preocupación. Aunque la DIAN no contemplaría inicialmente la decisión de embargo, las alertas se encendieron.
La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de Ecopetrol, advirtió que una acción de esa naturaleza podría paralizar la empresa y provocar un desabastecimiento de combustible en la Costa Caribe.
En un comunicado, la USO señaló que con las cuentas embargadas, Reficar solo podría operar entre 7 y 18 días, dejando de procesar unos 200 mil barriles diarios, lo que generaría un impacto negativo mensual en su Ebitda de aproximadamente $23 millones de dólares en pérdidas.
El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha sido enfático en su rechazo a la acción unilateral de la DIAN, pidiendo concertación entre las dos entidades del Gobierno Nacional. Turbay alertó sobre una posible crisis energética, laboral y social en la Región Caribe. Advirtió que un embargo pondría en riesgo 2.500 empleos y afectaría los $116 mil millones en impuestos que Reficar aportó al Distrito en 2024.
El gremio nacional de las estaciones de servicio también expresó la preocupación de los distribuidores minoristas, señalando que cualquier dificultad en Reficar afectaría la distribución de combustibles a nivel nacional.
LEA TAMBIÉN
El pulso se traslada a los tribunales
Reficar Foto:
Ante el litigio, el pasado 5 de noviembre, la Refinería de Cartagena ha interpuesto una acción de tutela contra la DIAN ante un juez del Contencioso Administrativo de Cartagena
El apoderado de Reficar, Alejandro Linares Cantillo, argumenta que las actuaciones de la DIAN vulneran los derechos fundamentales de la Refinería.
Específicamente, se señala que la DIAN violó el derecho al debido proceso, desconoció la configuración legal del tributo, alteró los elementos esenciales del impuesto y usurpó las facultades del Legislador. al definir una base gravable que es competencia del Ministerio de Minas y Energía (MME).
También se alega violación del derecho a la igualdad de la Refinería.
La tutela, radicada por Linares Cantillo, se fundamenta en la presunta vulneración de varios derechos fundamentales de la refinería:
– Derecho al debido proceso: Reficar alegar que la DIAN violó este derecho al desconocer el marco legal aplicable al tributo y por haber notificado la Resolución 12812 de 2025 de la DIAN el pasado 4 de noviembre, que da inicio al proceso de cobro coactivo. Un embargo inmediato, sin una decisión judicial de fondo, se interpretaría como una violación al debido proceso.
– Derecho a la igualdad: argumenta que el cobro es improcedente porque Reficar, como Zona Franca, está cobijada por un régimen especial que la exime del IVA en las importaciones de combustibles al Territorio Aduanero Nacional (TAN). Se afirma que la DIAN hizo una interpretación de la norma que desconoce esta condición especial.
– Libertad de empresa y existencia jurídica: La medida de cobro forzoso y el riesgo de embargo pondrían en peligro la estabilidad financiera y la operación continua de la refinería.
Riesgo de crisis en la producción: uno de los argumentos centrales de la tutela es la existencia de un “perjuicio irremediable” que va más allá de lo corporativo, con impactos directos en la soberanía energética y la economía del país:
– Riesgo operacional y de abastecimiento: Reficar advierte que, si se ejecuta el embargo de cuentas, la refinería se vería obligada a cesar por completo sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días. Esto afectaría el suministro del 100% del combustible de la Costa Caribe y el 54% del diésel y Jet fuel del país, generando una grave crisis energética nacional.
– Impacto financiero y en Ecopetrol: un pago inmediato de $1,3 a $1,5 billones afectaría directamente el flujo de caja operativa de Reficar.
-El embargo podría activar cláusulas de incumplimiento cruzado (default) en los contratos de emisión de bonos de Ecopetrol (matriz de Reficar) si supera los $100 millones de dólares, comprometiendo la deuda total de la estatal petrolera (tasada en unos $120 billones).
– Riesgo laboral y social: La paralización de operaciones pondría en riesgo la fuente de empleo y el mínimo vital de más de 4.600 trabajadores directos e indirectos.
La solicitud y estado actual del proceso.
Reficar solicitado al juzgado que se suspenda inmediatamente los efectos de la Resolución 12812 de 2025 de la DIAN, mientras se profere una decisión de fondo sobre la tutela interpuesta. Esto busca ganar tiempo para defender su posición jurídica y evitar el colapso operacional.
Al momento, el caso se encuentra en los estrados judiciales. La justicia debe definir si concede o no las medidas de protección solicitadas por Reficar, lo cual es crucial para evitar el inicio del cobro coactivo y un eventual embargo. La DIAN, por su parte, mantiene la reserva legal sobre el tema, limitándose a decir que no puede referirse a la investigación en curso.
La reserva legal de la DIAN
Esto debe tener en cuenta. Foto:Dian/ iStock
Mientras la polémica avanza, la DIAN ha mantenido reserva sobre el caso. El área de Comunicaciones de la entidad señaló que “no puede referirse al tema” debido a que está obligada a guardar la reserva legal sobre la información contenida dentro de la respectiva investigación.
El sector espera una pronta resolución del conflicto que evite el escalamiento de las de cobro y mitigue el riesgo de afectación al abastecimiento y la estabilidad financiera medidas de una de las empresas estratégicas del país.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
[ad_2]
