“Aunque la política de seguridad tiene un lugar fundamental en la agenda comunicativa del gobierno, en términos financieros, la edificación de un país seguro, la búsqueda de justicia y la gobernabilidad civil han dejado de ser prioridades evidentes, siendo superadas por compromisos de gasto social y financiero de alta continuidad”, resalta el documento.

El FASP es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 de Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios; la mayor parte de estos fondos se incrementan automáticamente, a medida que crece la Recaudación Federal Participable (RFP), que es la suma de ingresos fiscales y petroleros para distribuir entre estados y municipios.

Sin embargo, esto no sucede con los recursos del FASP, ya que el artículo 44 de la LCF no establece un método de cálculo o una tasa mínima de crecimiento. Por lo tanto, su cantidad depende cada año de la decisión política y presupuestaria del Congreso de la Unión y la SHCP, aclara México Evalúa.

Para el año 2026, se prevé que el FASP cuente con 9,951 millones de pesos, apenas un 1% (52 millones) más que lo autorizado en 2025, pero un 29% (4,000 millones) menos del máximo logrado en 2014, todo en términos reales.

Aumenta la incidencia delictiva

El descenso en los recursos enviados al FASP concurre con un aumento de la incidencia delictiva en los estados. Entre 2010 y 2024, la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes ascendió de 30,535 a 34,918 delitos, según refiere la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los 10 estados con los mayores aumentos en la incidencia, durante ese mismo periodo, son: Querétaro, Puebla, Estado de México, Colima, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán de Ocampo, San Luis Potosí y Chiapas. Las 10 con los mayores descensos son: Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahuila, Guerrero, Baja California, Yucatán, Sinaloa y Nuevo León.

Además, la percepción de inseguridad en los municipios de México aumentó de 60.3% en 2011 a 64.7% en 2025.

Con información de Shelma Navarrete.