La resolución del Gobierno Nacional no solo de retroceder en la propuesta que intentaba establecer una retención en la fuente del 1,5 por ciento sobre pagos electrónicos, sino también de implementar una tarifa unificada del 0 por ciento tanto para transacciones con tarjetas de débito y crédito como para operaciones realizadas a través de billeteras digitales y el sistema Bre-B del Banco de la República proporcionará un considerable impulso a la inclusión financiera y generará beneficios fiscales.
Un estudio conjunto entre el centro de análisis Anif y Colombia Fintech, concluyó que la medida podría traducirse en un saldo fiscal positivo acumulado de 223.469 millones de pesos entre 2025 y 2034, a precios constantes. En otras palabras, los estímulos a la digitalización podrían no solo favorecer la productividad, sino también producir beneficios fiscales a largo plazo.
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El efecto económico de la medida va más allá del área tecnológica, advierte el centro de análisis. En un país donde el 89,7 por ciento de las unidades productivas son informales, según datos del Dane citados por Anif, la exención de la retención en la fuente brinda un alivio directo a la liquidez de los micronegocios.
De los 5,3 millones de establecimientos que operan en Colombia, solo el 12 por ciento de los formales y el 0,4 por ciento de los informales aceptan pagos con tarjetas. Este bajo nivel de adopción refleja los elevados costos y las cargas fiscales que enfrentan los pequeños comercios. Al eliminarse la retención, los incentivos se transforman: las transacciones digitales dejan de ser un castigo fiscal y se convierten en una herramienta para acceder a la formalización y al sistema financiero.
El reversazo’
El retroceso en la medida anunciada inicialmente y la decisión de unificar la tarifa para esos medios de pago, fue presentada por Germán Ávila, ministro de Hacienda, quien señaló que con esta se busca asegurar la equidad y transparencia fiscal entre los diferentes métodos de pago. “La intención de equilibrar las reglas del juego entre los diferentes instrumentos se mantiene, pero con una retención del 0 por ciento”, explicó el funcionario.
El giro en la política tributaria representa una corrección de rumbo respecto al proyecto inicial, que había suscitado inquietud por su posible impacto en la trazabilidad de las operaciones y en la lucha contra la evasión. El propio Carlos Betancourt, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), reconoció que la entidad recibió más de 170 observaciones sobre la propuesta, muchas de las cuales advertían que ese cobro podría incentivar el uso del efectivo y obstaculizar la digitalización del sistema financiero.
Los pagos electrónicos ganan cada día más relevancia entre las personas por su eficacia.
Imagen:iStock
Integración financiera total
El ejecutivo —afirma el centro de análisis económico— “promueve la equidad regulatoria entre métodos de pago y elimina un posible desincentivo a la digitalización de las operaciones”. En su comentario económico más reciente, la institución destacó que la acción minimiza las barreras que restringían el crecimiento de los pagos digitales, fomenta la interoperabilidad entre sistemas y refuerza la confianza de los usuarios en un entorno más competitivo.
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Límites máximos
Si bien la acción suprime el cobro de retención, la Dian recordó a los ciudadanos con elevados volúmenes de transacciones digitales la necesidad de mantener los registros y documentos que validen el origen de los fondos. Para el periodo fiscal 2025, el límite mensual de control se estableció en 210,5 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalente a aproximadamente 10,48 millones de pesos y el anual en 65 UVT (65,89 millones). Superar estas cifras no conlleva sanciones, pero sí exige a los contribuyentes justificar sus actividades.
Según Fenalco, en Colombia hay más de 500.000 comercios, siendo el 50% administrados por mujeres. Imagen:El Tiempo / cortesía
Esta supervisión, indicó la entidad, tiene como objetivo fortalecer la trazabilidad de los movimientos financieros y prevenir actividades sospechosas, sin comprometer la libertad de uso de los recursos electrónicos.
La eliminación de la retención en la fuente para transacciones digitales es vista por Anif como una decisión fiscalmente astuta y socialmente avanzada. No solo mejora la competitividad del sistema financiero, sino que también estimula la formalización de millones de pequeños negocios que operan fuera del sistema.
“La acción ayuda a crear un contexto más eficiente e inclusivo, amplía el acceso a servicios financieros y optimiza las condiciones para el crecimiento de los micronegocios”, reafirma.
