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El Gobierno Nacional avanza en la implementación del cobro de la valorización para los predios en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, un tributo que busca financiar el desarrollo vial pero que sigue generando controversia entre sectores afectados.
Mediante una resolución del Instituto Nacional de Vías (Invías) definir los topes de pago que deberán asumir los propietarios de los predios beneficiados por las obras. La normativa establece que el cobro será proporcional al impuesto predial y dependerá del tipo de predio y su uso.
Tope de cobro según tipo de predio
La resolución establece los límites de pago para los prediosque estarán basados en su tipo y uso:
- Estratos residenciales 1 a 4 e institucionales: El pago no podrá superar una vez el impuesto predial bruto.
- Estratos residenciales 5 y 6: El límite será de hasta dos veces el impuesto predial.
- Predios con usos comerciales, industriales o no habitacionales: Podrán ser gravados hasta tres veces el valor del impuesto predial.
El Invías especificó que estos topes se fijaron para no exceder la capacidad de pago de los propietarios en un período anual. Además, se destacó que el menor valor entre el cálculo técnico y los límites establecidos serán el que se aplique en cada caso.
Exenciones definidas por el Invías
Vía Barranquilla – Cartagena Foto:Cortesía Mintransporte
El Invías ha excluido del cobro a ciertos grupos poblacionales con el fin de proteger a los más vulnerables. Están exentos:
- Propietarios o poseedores de predios en pobreza extrema o moderadacategorizados bajo el Sisbén (A1 a A15 y B1 a B7).
- Propietarios sin recursos suficientes para pagaridentificados como “sin capacidad de pago”.
- Predios destinados a unidades agrícolas familiares (UAF) con actividades agropecuariasforestales o pecuarias, siempre que cumplan con los criterios de área y localización establecidos por la resolución 041 de 1996 del Incora.
Reacciones y espera de decisiones judiciales
Irvin Pérez, gerente de Camacol Bolívar, manifestó su inconformidad con la resolución, señalando que no resuelve los problemas de fondo.
En lugar de impulsar políticas para fomentar el crecimiento, hemos visto decisiones que afectan negativamente a la industria
irvin perezGerente de Camacol Bolívar
“Sigue introduciendo cambios para disimular deficiencias y vicios de legalidad presentes desde los actos administrativos que respaldan este cobro”.
Pérez también afirmó que confiado en que el Consejo de Estado adoptará las medidas cautelares solicitadas, ya que considera que este mecanismo de valorización representa un “ataque sistemático” del Gobierno contra el sector vivienda: “En lugar de impulsar políticas para fomentar el crecimiento, hemos visto decisiones que afectan negativamente a la industria”, concluyó.
El sector privado y los ciudadanos afectados se mantienen atentos a las determinaciones judiciales sobre las demandas presentadasen busca de garantizar la legalidad y la protección de derechos en este polémico proceso de valorización.
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