La inmensa mayoría de los accionistas no vinculados al Gobierno Nacional rechazaron la modificación de estatutos de Ecopetrol aprobada en la asamblea extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas llevada a cabo este martes 11 de noviembre en Corferias, decisión que disminuyó el prestigio de los integrantes de la junta directiva para permitir la inclusión de un representante de los trabajadores en dicho organismo.
Entre los accionistas ajenos al gobierno, la alteración de estatutos obtuvo el respaldo del 2,51 por ciento de las acciones, mientras que un 9 por ciento se opuso. Es decir, de los aproximadamente 300.000 accionistas no relacionados con el gobierno, el 78,2 por ciento se manifestó en contra de la propuesta que finalmente prevaleció, ya que el voto del gobierno tiene un peso del 88,49 por ciento.
Durante la reunión, delegados de fondos de pensiones y agrupaciones de accionistas manifestaron su voto negativo y dejaron constancia de sus razones respecto al impacto que, a su parecer, tendría la reforma en las prácticas de gobernanza empresarial de la compañía.
Ecopetrol Foto:Ecopetrol
Juan Nicolás Poveda Jiménez, en representación del Fondo de Cesantías Colfondos y del Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado, quienes dejaron constancia de su voto en contra, afirmó que la reforma “disminuye la diversidad de opiniones, debilita el análisis estratégico y eleva el riesgo de manipulación del órgano por intereses particulares, afectando el interés social”.
El representante señaló que “el código país y la guía de buenas prácticas de gobernanza empresarial sugieren que la junta directiva debe constar de un número impar de miembros con una participación significativa de independientes, y que sus decisiones se tomen en reuniones con cuórum adecuado para asegurar pluralidad y transparencia“, además, agregó que “la reforma propuesta facilita decisiones tomadas por minorías, incluso en ausencia mayoritaria de miembros independientes, lo cual perjudica la calidad de la gobernanza y la toma de decisiones independientes”, indicó.
Poveda enfatizó que la reforma “puede ser percibida como una flexibilización excesiva que menoscaba la institucionalidad del órgano de administración, afectando la imagen de la compañía ante inversionistas y la confianza del mercado”, y subrayó que la independencia de los miembros de la junta directiva es “crucial para garantizar decisiones objetivas y libres de conflictos de interés”.
Ecopetrol Foto:Ecopetrol
Por su parte, William Javier Caraballo, representante de los fondos de cesantías gestionados por Porvenir, expresó su desacuerdo con la reforma de los estatutos “particularmente en lo que respecta a la inclusión de un empleado de Ecopetrol en la junta directiva y a la falta de convocatoria adecuada para cubrir vacantes”.
Aclaró que permitir que un trabajador activo se integre a la junta directiva “provoca un conflicto estructural, ya que combina la jerarquía con la función de supervisión sobre la misma administración”. Añadió que “esta doble condición compromete
la imparcialidad del órgano de dirección, influenciando decisiones fundamentales como la evaluación del desempeño, normativas de compensación y autorización de reportes financieros”, indicó.
Caraballo advirtió que la reforma “compromete los principios de lealtad y cuidado establecidos en el código de comercio y la Ley 222 de 1995, lo que reduce la legitimidad institucional y la confianza en la gestión corporativa”, y que flexibilizar los requisitos para el empleado “implica riesgos legales y de gobernanza”. Además, enfatizó la importancia de mantener la integración total de la junta para “garantizar la diversidad y la transparencia” en las discusiones de la empresa, ya que, según el delegado, “la ausencia de integración total disminuye la representatividad, aumenta los riesgos de sesgos y puede provocar empates que afectan la colaboración del órgano corporativo”, manifestó.
Asamblea de Accionistas de Ecopetrol 2025 Foto:Ecopetrol
Entre otros accionistas, Luis Carlos Orejarena Morales, representante de Mauricio Gutiérrez y de la Asociación Amigos de Ecopetrol, también expresó su voto en contra. Señaló que, aunque “no estamos en desacuerdo con la idea de que un empleado forme parte de la junta directiva de la empresa, ya que esto democratiza, valora el papel de los empleados en las organizaciones y avanza hacia un país bien industrializado como ocurre en las naciones desarrolladas“, no podía apoyar la propuesta en su totalidad porque “los otros aspectos de la reforma comprometen la transparencia y disminuyen los estándares mínimos de participación”.
Orejarena agregó que la enmienda “entrega decisiones a unas minorías” y lamentó que no se hubiera permitido a los accionistas opinar sobre “circunstancias inesperadas que impactan la reputación de la empresa”, como investigaciones pendientes sobre directivos.
La sesión, presidida por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y con Cristina Toro Restrepo, vicepresidenta jurídica y secretaria general, como secretaria de la asamblea, contó con una representación del 97,09 por ciento de las acciones suscritas, equivalente a más de 39.920 millones de acciones presentes de un total de 41.116.694.690
Con esta votación, la Asamblea aprobó la inclusión de un trabajador o trabajadora en la junta directiva de Ecopetrol, decisión respaldada por el Gobierno Nacional, pero rechazada por la mayoría de los accionistas independientes, quienes advirtieron sobre los potenciales efectos de la reforma en la autonomía y gobernanza de la principal empresa del país.
