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Este martes 11 de noviembre, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por los excandidatos a la rectoría Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez, quienes pretendían anular la designación de Leyton Daniel Barrios Torres como rector en propiedad de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025–2029.
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Los recurrentes sustentaban supuestas irregularidades en la validación de requisitos del actual rector, señalando incongruencias en las certificaciones de experiencia docente, particularmente las emitidas por la Corporación Universitaria Americana, que posteriormente aclaró que la relación era civil y ad honorem, sin contrato ni compensación.
Leyton Barrios, reafirmado nuevamente como rector de la Universidad del Atlántico para el 2025-2029. Foto:redes sociales
No obstante, el juez Edgardo Manuel Atencio Royero determinó que la tutela no representaba el mecanismo adecuado para impugnar actos administrativos ya que existen alternativas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para dirimir este tipo de disputas. Además, se recordó que no se demostrará un daño irreparable que justifique la intervención constitucional.
El fallo también estableció la suspensión de los efectos de la Resolución 002 del Comité Electoral, que había declarado la nulidad del proceso el pasado 7 de noviembre, al considerar que dicho comité no tenía la competencia para anular un acto ya emitido por el Consejo Superior Universitario. Con esto, la toma de posesión de Barrios, llevada a cabo el 27 de octubre mediante el Acuerdo Superior 000032, se mantiene válida.
Una universidad fracturada: paro y asamblea en tensión
Mientras la situación jurídica parece despejada, la tensión en el campus se intensifica. Hoy estaba prevista la segunda asamblea multiestamentaria, convocada para discutir la prolongación del paro estudiantil que comenzó tras la controvertida elección y posesión de Leyton Barrios. Sin embargo, la reunión se canceló por altercados y agresiones en el recinto universitario.
Hoy se había programado una asamblea para discutir la continuidad del paro estudiantil. Foto:Prensa Universidad del Atlántico
Según denuncias de los estudiantes, personas ajenas a la institución
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Accedieron al campus y agredieron a estudiantes con gas lacrimógeno, piedras y sillas arrojadas desde el segundo piso; además, se reportaron casos de lesionados por arma blanca. “Existen alumnos heridos por cuchillo, otros golpeados con sillas y algunos presentan síntomas de asfixia por el gas lacrimógeno.”, comentó una estudiante de Educación Física a este medio al ser entrevistada sobre el conflicto.
En la cafetería central, se vivió una conspiración entre individuos del lugar y forasteros. Las disputas habrían comenzado por tensiones entre los protestantes. Lo que se intensificó con denuncias sobre la presencia de personas externas no asociadas a la universidad, así como intentos de sabotaje por parte de sujetos no identificados. En las afueras de la entrada del corredor universitario, se enfrentaron con palos y piedras a aquellas personas que habrían estado hurtando en medio de la confusión.
El Ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó su desaprobación ante esta situación en su cuenta de X y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Atlántico y el Ministerio del Interior. “Las denuncias indican que no es la primera ocasión en que este grupo de personas que se autodenominan ‘coletos’ aparece en el recinto universitario para hostigar agresivamente a los estudiantes”, anotó el funcionario.
El contexto del conflicto: más que una elección
La crisis en Uniatlántico no se limita a un desacuerdo sobre la elección del rector. La toma de posesión de Leyton Barrios ha creado un bipartidismo interno: por un lado, quienes apoyan la resolución del Consejo Superior o se mantienen al margen; por el otro, quienes demandan su dimisión, alegando que el proceso estuvo lleno de irregularidades y que el rector no cumple con los requisitos para el cargo.
Captura de pantalla de un conflicto entre estudiantes por diferencias ideológicas. Foto:cortesía
Este enfrentamiento ha resultado en paros, bloqueos y asambleas multiestamentarias, con la participación de alumnos, docentes y empleados. Mientras tanto, el Ministerio de Educación continúa con la investigación preliminar sobre el proceso y la universidad ha presentado una denuncia penal por usurpación de funciones contra los firmantes de la resolución del Comité Electoral.
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Aunque el fallo judicial reafirma la legitimidad del acto eleccionario, la sentencia aclara que sus efectos son temporales y no sustituyen los mecanismos de control de legalidad previstos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto implica que el debate jurídico podría proseguir en otras instancias, mientras se mantiene la tensión social y académica.
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Benedetti se refiere a la orden de allanamiento. Foto:
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