Los creadores de la propuesta argumentan que México está violando compromisos esenciales del pacto regional y que obstaculiza la actividad de empresas estadounidenses en el sector eléctrico y de hidrocarburos. Sostienen que estas iniciativas inhiben la competencia, desaceleran inversiones y alteran un área que mantiene la integración económica de Norteamérica.
En este contexto surge el peso político del respaldo legislativo. La propuesta proviene de un grupo bipartidista liderado por los congresistas Jodey Arrington y Henry Cuéllar, junto a Carol Miller, Nathaniel Moran, Beth Van Duyne, Aaron Bean y August Pfluger. La representación mayoritaria de legisladores de Texas indica la magnitud regional del descontento.
Para este grupo, el marco regulatorio mexicano impacta intereses energéticos significativos en un estado que depende de un flujo constante de inversión, exportación e infraestructura transfronteriza.
La propuesta instruye a la Oficina del Representante Comercial a seguir uno de dos caminos. La primera opción es solicitar un panel de resolución de disputas bajo el capítulo 31 del T-MEC.
La segunda alternativa requiere utilizar la primera revisión del tratado para obligar a México a asegurar un acceso equitativo a las empresas estadounidenses en electricidad, hidrocarburos e inversión.
El proyecto establece un periodo de 90 días para que la autoridad comercial informe al Congreso sobre las medidas adoptadas.
Asimismo, retoma las decisiones mexicanas que dieron lugar a consultas formales desde 2022, incluyendo modificaciones regulatorias y acciones que benefician a CFE y Pemex a expensas de proyectos privados y de las exportaciones energéticas de Estados Unidos.
