El gobierno colombiano desea alejarse de los combustibles fósiles, pero no puede hacerlo a cualquier costo. La meta de descarbonización, inscrita en compromisos internacionales, se encuentra con una realidad económica que sigue dependiendo de la minería, el carbón y los ingresos que estas actividades producen en las áreas productoras.
El reto consiste en hallar un equilibrio: progresar hacia las energías sostenibles sin comprometer el empleo, las finanzas públicas ni la estabilidad del sistema eléctrico.
A pesar de un año de menor inversión, la minería continúa siendo el tercer sector exportador del país. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), en 2024 las exportaciones mineras alcanzaron US$16.900 millones, siendo solo un 4 % menos que en 2023. Con una participación del 34 % en las ventas externas, el sector contribuyó con $7,6 billones en impuestos, regalías y compensaciones en el último año, acumulando $19,6 billones entre 2021 y 2024.
La minería genera 244.709 empleos directos y más de un millón indirectos, con 61 % de mano de obra local y 17 % de participación femenina. Por cada empleo directo surgen cuatro adicionales en transporte, servicios e industria. Su proporción en el PIB nacional es del 1,8 %, pero en las regiones productoras es fundamental: representa el 57 % de la economía de La Guajira y el 44 % en el Cesar.
Una estadística alarmante es la disminución de la inversión extranjera directa (IED) en minería: solo US$1.350 millones en 2024, una caída del 61 % comparado con 2023. La inversión en exploración disminuyó un 37 %. Para la ACM, dirigida por Juan Carlos Nariño, estas cifras requieren reglas claras y estabilidad jurídica que estimulen nuevos proyectos, especialmente cuando la transición energética demanda minerales esenciales como cobre y níquel.
En realidad, la opinión pública apoya una minería sostenible. La Brújula Minera 2025 muestra que la percepción pública colombiana mantiene una postura principalmente favorable hacia la minería. El 63 % de los encuestados opina que la actividad es beneficiosa para el país, un leve incremento con respecto a 2024, y el 80 % considera que una “minería responsable” fomenta el desarrollo regional. Además, el 59 % prevé que la economía nacional empeoraría si las empresas mineras cesaran sus actividades, lo que refuerza la percepción de su relevancia económica.
La encuesta, realizada por el Centro Nacional de Consultoría a 2.428 personas en febrero de 2025, indica que la población respalda una minería ética y alineada con la transición energética, aunque demanda mayor transparencia y compromiso social.
Más relevante aún: El 78% sostiene que es factible que la minería coexista con otras actividades económicas como el turismo y la agricultura. Solo el 10% cree que la economía del país mejoraría si las compañías mineras dejaran de operar en Colombia, mientras que el 59% sostiene que empeoraría.
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Un cambio abrupto costará aproximadamente $38 billones y pondrá en riesgo el futuro de 132 municipios en 11 departamentos.
El carbón representa el 95 % de los ingresos mineros por regalías e impuestos. En departamentos como Cesar y La Guajira, estas ganancias sobrepasan los ingresos regulares de los gobiernos locales. Sin estos fondos, programas de salud, educación e infraestructura estarían en peligro.
El análisis sugiere tres escenarios de descarbonización. El más desfavorable, con carbono-neutralidad en 2050, conllevaría una disminución del 89% en la producción, generando consecuencias inmediatas en el empleo y los recursos fiscales. En cambio, un escenario ampliado hasta 2070 facilitaría la utilización de reservas, mantendría regalías y daría tiempo para la reconversión productiva y laboral.
Carlos Cante, líder de Fenalcarbón, lo sintetiza de esta manera: “Este debate no es sectorial, es nacional”. Sugiere un Fondo Fiscal y programas de reconversión laboral que permitan que la misma industria financie la transición.
Tomás González, director del CREE y exministro de Minas, concuerda: “El carbón puede ser motor de la transición, no su impedimento”. Para él, la clave está en armonizar la ambición climática con un enfoque realista en lo económico y social.
El CREE advierte que una transición apresurada podría resultar en la pérdida de 74.000 empleos y más del 60 % de las regalías, recursos esenciales para educación, salud e infraestructura.
Cinco tareas para el próximo gobierno
González plantea una estrategia que trasciende el carbón. Primero, colaborar con el sector privado para que los proyectos de generación y transmisión comiencen a operar a tiempo: las demoras en energías renovables ya superan los cinco años.
En segundo lugar, sanear las finanzas del sistema eléctrico, que acumula deudas estatales y subsidios por 7,6 billones de pesos. Tercero, cerrar las brechas de acceso: 4,1 millones de colombianos aún carecen de electricidad y universalizar el servicio podría costar 32 billones.
Cuarto, reentrenar a la fuerza laboral para trabajos en nuevos sectores energéticos. Quinto, resolver el dilema entre sostenibilidad ambiental, necesidades fiscales y seguridad energética, aprovechando de manera eficiente las reservas de gas y carbón mientras se diversifica la matriz.
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“La crisis climática tendrá un costo superior a lo que pensamos”, señala González, quien recalca la necesidad de que la transición sea paulatina, financiada en gran medida con los recursos que actualmente provienen de la minería y el carbón.
Por otro lado, José Ignacio López, presidente de Anif, afirma que Colombia enfrenta un reto colosal: avanzar en la transición energética sin afectar las finanzas públicas.
Al presentar un estudio sobre la situación del sector minero-energético y su impacto en las cuentas fiscales, López detalló que el sector de hidrocarburos, segundo gran aportante a la renta corporativa con el 22 % del total recaudado, se encuentra en un declive de actividad.
Según Anif, la producción de petróleo y gas —que representa el 70 % de los ingresos mineros— muestra disminuciones continuas, mientras que la minería de carbón también presenta retrocesos. Esta desaceleración impacta las regalías y la recaudación fiscal, fundamentales para el gasto público y los programas sociales.
López enfatizó que los sectores más activos de la economía, como el comercio y los servicios, tienen una escasa contribución en el impuesto de renta, lo que agrava el déficit fiscal. “No es suficiente con diversificar la matriz energética; es imperativo asegurar una diversificación fiscal”, indicó.
La situación se complica por el incremento de los precios de la energía, que ejerce presión sobre la inflación, sobre todo en la región Caribe, y por el lento progreso del país en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, en el cual Colombia ocupa posiciones rezagadas en comparación con economías similares.
Anif advierte que una estrategia de transición debe incluir incentivos para fuentes renovables, seguridad en el suministro y reformas tributarias que compensen la disminución de la renta petrolera. “La sostenibilidad energética y fiscal son dos caras de una misma moneda”, concluyó López.
El mensaje de fondo de los especialistas es claro: una transición sin planificación puede no solo fracasar en el aspecto ambiental, sino también desestabilizar las regiones y acentuar las desigualdades.
Colombia no puede detener su transición energética, pero tampoco puede pasar por alto que la minería y el carbón respaldan su economía, añaden los analistas y gremios. El país requiere reglas estables, inversión en infraestructura eléctrica, capacitación de talento y una estrategia que permita que la riqueza del subsuelo financie la transición hacia energías limpias.
Entre la ambición climática y el realismo económico y social se define el futuro energético del país. La transición no es solo una obligación ambiental: es una prueba de gobernanza y de equidad para millones de colombianos que dependen de ella.
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