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La vulnerabilidad de los 96 años de Adela Hernandez se ha visto afectada desde hace dos meses. La pérdida de conciencia y el delirio que sufre requieren atención. No obstante, la promesa de atención inmediata en el sistema de salud de Bogotá no se cumple siempre.
Su sufrimiento, descrito por un familiar, no es un caso excepcional, sino la representación más palpable de lo que advirtió la Personería de Bogotá: la Nueva EPS enfrenta una “crisis operativa que está poniendo en riesgo de manera sistemática el derecho a la salud de los capitalinos”.
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Adela ingresó a la Clínica Shaio, pero lo que debió ser un acceso expedito para un diagnóstico severo se transformó en una lucha por un espacio en el centro médico.
“Desde el inicio, tanto la clínica como la Nueva EPS nos negaron una respuesta oportuna. Afirmaban que no contaban con habitaciones; sin embargo, para otras EPS o aseguradoras sí ofrecían el servicio,” comenta un pariente de Adela.
Atención médica en la Nueva EPS. Foto:MAURICIO MORENO
La negativa no solo provino de la EPS; la clínica tampoco se mostró dispuesta. El inconveniente principal, según pudo comprobar la familia, era un conflicto contractual entre la EPS y el proveedor, una carga que terminó asumiendo la paciente de avanzada edad.
Adela quedó atrapada en urgencias. Allí, su frágil estado de salud se deterioró. El diagnóstico era evidente y la indicación médica también: requería citas para terapia física, ocupacional y nutricional, las cuales fueron autorizadas un mes y medio después. Durante todo este periodo ha estado en sala de urgencias y ha tenido que regresar a casa, donde espera un apoyo adecuado.
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La presunta negligencia de carácter médico y administrativo obligó a la familia Hernández a solicitar una investigación, ya que sienten que sus derechos han sido vulnerados. El proceso ahora está bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud.
“De cada cinco pacientes que se acercan a la Personería por asuntos de salud, uno reporta problemas con la Nueva EPS,” expuso Andrés Castro Franco,
defensor de Bogotá.
El representante explicó que las cifras son únicamente una parte de la realidad de lo que sucede con la Nueva EPS ya que “hay otras entidades (además de la Personería) a las que los ciudadanos recurren” para presentar denuncias.
Andrés Castro, defensor de Bogotá. Foto:Personería de Bogotá
Esta es solo una de las 1.943 quejas que ha registrado la Personería de Bogotá en lo que va del presente año, razón por la cual advierten sobre un posible colapso operativo de la Nueva EPS, lo que a su vez afectarían el derecho a la salud en la capital.
Conforme al organismo de control, esta serie de inconvenientes para los pacientes se debe a dos factores: las demoras en la entrega de medicamentos y la dificultad para conseguir citas médicas; este último es el caso de Adela Hernández.
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Esto, según la Personería, se debe a que la Nueva EPS también enfrenta una crisis con sus proveedores farmacéuticos (como Audifarma), lo que implica que los pacientes no reciben sus tratamientos a tiempo. Adicionalmente, hay deudas millonarias que están afectando la red de atención; por ello, el Hospital de San José anunció la suspensión de servicios a la Nueva EPS, lo que ha generado que los pacientes no consigan citas.
“No se trata de una simple falla de atención. Es un colapso estructural. El análisis de la Personería ha determinado que las causas son técnicas y económicas. La propia EPS ha admitido ‘problemas en la implementación del nuevo software de gestión’ y serias dificultades financieras”, explicaron desde la Personería.
Entrega de medicamentos en Audifarma. Foto:Paula Valentina Rodríguez – EL TIEMPO
El documento del ente de control, además, indica que la Nueva EPS sería incapaz de resolver esta crisis, y la “prueba más contundente” es que el 95,3 por ciento de las quejas que ha recibido la Personería deben ser canalizadas a la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que la EPS no responde.
“Esto es un colapso en la atención. Los datos evidencian que la Nueva EPS está fallando en lo más esencial: medicamentos y citas. Estamos hablando de vidas en peligro. La Personería hace un llamado para que se tomen medidas inmediatas por parte de la EPS y de la Superintendencia de Salud. La salud de los bogotanos no es un trámite que pueda esperar”, concluyó el defensor, Andrés Castro Franco.
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EL TIEMPO se puso en contacto con la Nueva EPS para conocer su respuesta ante la alerta emitida por la Personería de Bogotá; sin embargo, hasta la publicación de este artículo no ofrecieron declaraciones al respecto.
Por su parte, Adela Hernández y los otros 1.942 ciudadanos que han sido afectados por los servicios de la Nueva EPS continuarán esperando respuestas.
MIGUEL CASTELLANOS
SARA MALAVER
EL TIEMPO
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