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El comercio ilegal de la extracción de oro en las orillas de ríos y quebradas del sur de Tolima ha llegado a niveles preocupantes.
El fenómeno se centra en el municipio de Ataco y se propaga rápidamente a localidades cercanas como Chaparral y Planadas. donde las autoridades han señalado el empleo de maquinaria pesada, excavaciones y grandes estanques para la recolección.
El crecimiento de esta actividad no solo ocasiona serios perjuicios ecológicos, sino que también está directamente relacionado con agrupaciones de las disidencias de las Farc, cuyos ingresos millonarios son destinados para mantener sus estructuras que operan en Tolima, Huila, Meta y otros departamentos.
“En extensas áreas del municipio de Ataco hay presencia del Estado Mayor de las disidencias a través de la organización Ismael Ruiz”, manifestó el coronel Alejandro Poveda, subcomandante de la Policía del Tolima.
El coronel añadió que las comunidades están siendo utilizadas por estos grupos para llevar a cabo “esas actividades de extracción ilegal con maquinaria amarilla”.
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En extensas áreas del municipio de Ataco hay presencia del Estado Mayor de las disidencias a través de la organización Ismael Ruiz
Coronel Alejandro Poveda, subcomandante de la Policía del Tolima.
Las cifras del negocio
Explotación ilegal de oro Foto:archivo particular
La rentabilidad del oro ilegal es alarmante. Uno de los complejos hallados por las autoridades este año, con un área de 350 metros cuadrados a la orilla de la quebrada Polecito, generaba cada mes más de 6.000 gramos del metal valioso. Esto se traduce en ingresos que exceden los 2.300 millones de pesos mensuales, recursos que enriquecen directamente las finanzas de las disidencias.
El aumento de actividades mineras sin ningún tipo de autorización es muy alto, especialmente en las orillas de fuentes hídricas de Ataco. Esto demanda una acción integral del Estado para controlar este fenómeno que se extiende a Chaparral y Planadas.
Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima y presidenta de la Asociación Nacional de Corporaciones Ambientales (Asocars).
Extensión geográfica y riesgo ambiental
Explotación ilícita de oro Foto:archivo privado
Un estudio técnico de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) ha detectado que las áreas con mayor explotación ilícita son las veredas Mesa de Pole, Pueblo Nuevo y Apone, localizadas en Ataco, además de la zona de Hato Viejo, en Chaparral, y las márgenes del río Atá, en Planadas. Esta última, siendo una región cafetera colindante con el Huila, empieza a experimentar los efectos destructivos.
Olga Lucía Alfonso, líder de Cortolima y presidenta de la Asociación Nacional de Corporaciones Ambientales (Asocars), declaró con firmeza: “El aumento de actividades mineras sin ningún tipo de autorización es sumamente alto, especialmente en las orillas de fuentes hídricas de Ataco. Esto demanda una respuesta integral del Estado para controlar este fenómeno que se extiende hacia Chaparral y Planadas”.
La extracción a cielo abierto y sin permisos ha sobrepasado la capacidad operativa, técnica y financiera del departamento del Tolima.
Cierres comunitarios e indefensión
La extracción se complica por la inseguridad provocada por grupos ilegales. La directora de Cortolima comentó que, en diversos operativos realizados junto con el Ejército y la Policía, no se ha conseguido el decomiso de retroexcavadoras, motores y maquinaria debido a la resistencia organizada.
Las disidencias han conseguido instrumentalizar e intimidar a la población, lo que ha resultado en protestas y aglomeraciones de hasta 500 individuos para obstruir las labores de control ambiental.
Desde julio hasta ahora, las autoridades han llevado a cabo 5 operativos en veredas como Mesa de Pole y Pueblo Nuevo. Sin embargo, en al menos 2 de estos operativos, la comunidad ha bloqueado la destrucción y el decomiso de maquinaria. Uno de los eventos más multitudinarios se dio el 12 de agosto en la vereda Pueblo Nuevo, con una concentración de alrededor de 500 personas.
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Demandas de acción nacional integral.
Explotación ilícita de oro Foto:archivo privado
Ante el desbordamiento de la situación, las autoridades del Tolima están solicitando intervención urgente de los ministerios y entidades mineras a nivel nacional. Se exige una acción conjunta del Estado con un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Ataco. Este PMU debería incluir la presencia de la Fiscalía, el Ejército, la Policía, personerías municipales, los Ministerios de Ambiente, Defensa y Minas, así como la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
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Balance operativo y estadísticas de control.
A pesar de las adversidades, las medidas de control han dejado frutos:
– Intervención de Minas: 80 minas ilegales han sido intervenidas durante este año.
– Arrestos: 55 individuos han sido detenidos por el delito de minería ilegal.
– Decomisos: Se han confiscado 9 retroexcavadoras, 8 motobombas, 9 motores y diversas volquetas.
– Procesos sancionadores: Cortolima ha iniciado 31 procesos sancionatorios, de los cuales 25 ya tienen resolución definitiva.
Naciones Unidas realizó un operativo exitoso recientemente en las orillas del río Atá, en Planadas, donde se capturaron a 7 individuos, todos procedentes del departamento de Antioquia. En esta operación se confiscó una robusta retroexcavadora de oruga, un motor industrial y herramientas.
Consecuencias mortales y daños irreversibles
La minería ilegal causa daños ambientales irreversibles, como la pérdida de cobertura vegetal, la tala de árboles autóctonos y, lo más alarmante, la contaminación del recurso hídrico por vertidos de mercurio y cianuro. El río Saldaña, que desemboca en el Magdalena, es uno de los cuerpos de agua más perjudicados.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció al respecto indicando que la minería ilegal “solo causa daños al medio ambiente y muertes”. La mandataria recordó que, apenas la semana pasada, cinco personas fallecieron debido a un deslizamiento en una mina ilegal de Ataco.
Actualmente, solo 4 actividades mineras operan legalmente y con sus respectivas licencias en Ataco. Las autoridades recuerdan que la minería regulada es lícita, pero que “otra cosa muy distinta son las actividades mineras sin títulos y sin los permisos otorgados por las autoridades con atribuciones ambientales”.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya Foto:
Fabio Arenas
Especial para EL TIEMPO
Ibague
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