Colombia
El auge de la insolvencia fraudulenta: así operan las redes que engañan a deudores en Colombia
El incremento acelerado en las solicitudes de insolvencia personal ha suscitado preocupación dentro del sector financiero y entre las entidades responsables de supervisar los mecanismos de protección para deudores.
La Ley de Insolvencia, actualizada este año, fue creada para proporcionar una solución ordenada a aquellos que enfrentan desafíos reales para cumplir con sus obligaciones.
No obstante, como indica la Revista Semana, este recurso está siendo explotado por grupos que ofrecen soluciones rápidas mediante redes sociales, generando expectativas que no se alinean con lo que la normativa realmente permite.
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La ley, que modificó sus condiciones en 2025, permite que un individuo acuda a este procedimiento si puede demostrar incapacidad para cumplir con al menos el 30 % de sus obligaciones, un recorte significativo respecto al porcentaje previamente requerido.
Según datos proporcionados por la publicación, la flexibilización del marco regulatorio ha llevado a que de enero a octubre de este año se registraran 15.110 solicitudes, cifra que podría llegar a cerca de 18.000 trámites al finalizar diciembre, un aumento continuo que no puede explicarse solo por un empeoramiento financiero general.
Detrás de este aumento se encuentran ofertas masivas en plataformas como TikTok. Ahí, abogados y promotores independientes difunden mensajes que aseguran que este procedimiento es un camino para “liberarse de deudas” o incluso para “pasar diciembre sin responsabilidades”, afirmando que solo es necesario presentar la solicitud antes del período de vacaciones judicial.
Estas afirmaciones, según especialistas citados por Semana, distorsionan el alcance real de la normativa, ya que la insolvencia no elimina deudas, sino que suspende temporalmente los pagos mientras se negocian acuerdos con los acreedores.
Uno de los riesgos señalados es que estas asesorías fomentan la toma de nuevos créditos antes de presentar la solicitud, argumentando que el conjunto de obligaciones ayudará a demostrar una mayor incapacidad de pago. En diversas instituciones financieras se ha observado que algunas personas acuden al procedimiento dos o tres meses después de haber recibido desembolsos recientes, sin intención de llegar a acuerdos y buscando directamente la liquidación de sus activos.
El Banco Popular, por ejemplo, ha identificado que entre un 60 % y un 70 % de las solicitudes que recibe muestran signos de fraude. La entidad reportó que ha denunciado a 15 individuos y que está preparando acciones legales contra otros 17.
En tales circunstancias, quienes instan a los usuarios a llevar a cabo estas maniobras cobran un porcentaje de los créditos recién obtenidos, dejando a los deudores con procesos civiles, patrimoniales y penales que pueden comprometer su estabilidad financiera futura.
Aparte de los problemas legales, hay un impacto considerable en la reputación. La insolvencia genera reportes en centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, y los incumplimientos posteriores obstruyen el acceso a nuevos créditos formales durante largos periodos. Esto significa que, lejos de “liberarse” financieramente, los ciudadanos se exponen a una pérdida de confianza que perjudica trámites relacionados con vivienda, educación, emprendimiento o responsabilidades familiares.
La situación también es motivo de preocupación para los gremios bancarios. En una columna publicada en La República y citada por Revista Semana, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió que la flexibilización de la norma, aunque pretendía facilitar acuerdos legítimos, ha sido distorsionada hasta convertirse en un instrumento que permite el abuso.
Señaló, adicionalmente, que la red de incentivos creada por estos grupos informales ha llevado a que individuos en situaciones vulnerables incurran en prácticas que podrían considerarse delictivas.
Los expertos destacan que la ley es una herramienta válida cuando se utiliza de buena fe, especialmente por quienes tienen ingresos inestables o enfrentan emergencias que afectan su liquidez.
Sin embargo, la proliferación de asesorías que prometen beneficios no contemplados en la norma ha creado un panorama en el que los ciudadanos pueden estar expuestos a severas sanciones, incluida la investigación por fraude procesal o falsedad documental.
Las agremiaciones financieras, consultores y centros autorizados para llevar a cabo procesos de insolvencia subrayan la necesidad de que los ciudadanos busquen asesoría formal, revisada y conforme a lo que establece la legislación vigente.
El auge de contenidos virales que presentan este mecanismo como un atajo financiero, concluyen, puede comprometer años de estabilidad económica y llevar a decisiones irreversibles.
