Colombia
Fiscalía explicó qué ha pasado en un año con la información de ‘Calarcá’: fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos
La Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado el 24 de noviembre de 2025, confirmó que cuenta con la información incautada a Alexander Díaz, alias Calarcá, así como a otros miembros de las disidencias de las Farc.
El 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia), una caravana del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc fue interceptada en un puesto de control militar. Entre los individuos se encontraban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver; y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu.
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En dicha operación, las autoridades incautaron computadoras, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos, que fueron sometidos a una cadena de custodia y legalizados ante jueces de la República. La Dijín de la Policía Nacional se encargó de extraer y analizar la información digital, generando cinco informes técnicos, siendo el último entregado el 26 de junio de 2025 a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, quien lidera la investigación.
El 24 de septiembre, la fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón ordenó un nuevo análisis y comparación de datos, junto con una serie de actos investigativos para validar la evidencia ante la Judicatura. Se continúa verificando la gran cantidad de información encontrada.
Los dispositivos incautados han permitido la judicialización de 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia. Además, tres integrantes de la caravana enfrentaron procesos judiciales: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, aceptaron cargos por porte ilegal de armas de fuego y están actualmente en prisión, mientras que Édgar de Jesús Ortega, alias Firu, fue acusado de homicidio y se encuentra privado de libertad.
Con respecto a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, la Fiscalía aclaró que “ese día no fueron capturados, ya que previamente se habían suspendido las órdenes de captura en su contra y las que pudieran formularse en el futuro, conforme a las disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.
La fiscal General dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para impulsar nuevas líneas de investigación sobre “posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiamiento de la campaña presidencial, alianzas entre diversos actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.
La Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín ha remitido copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la conducta del brigadier general del Ejército, Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los documentos incautados.
La entidad destacó que debe cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) en relación con la suspensión de órdenes de captura contra miembros de organizaciones armadas para participar en las mesas de diálogo de paz, conforme a lo comunicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de agosto de 2024.
En este contexto, la fiscal general emitió la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, aclarando que “incluso bajo el régimen de suspensión de órdenes de captura por diálogos de paz, procederá la captura en situaciones de flagrancia por delitos de lesa humanidad, crímenes contra el derecho internacional humanitario y graves violaciones a los derechos humanos.
En tales casos, la captura será sometida a control judicial y, si se cuenta con pruebas suficientes, se formulará la imputación y se solicitará la imposición de una medida de aseguramiento, según lo considere el fiscal delegado a cargo de cada caso”.
La Fiscalía informó que los dispositivos recuperados han sido mantenidos bajo custodia de la Dijín desde su incautación, y calificó como “alarmante que su contenido se haya hecho público, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.
Finalmente, la entidad subrayó que, “sin perjuicio de los principios de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y que, como corresponde en investigaciones de alto impacto, la información se maneja bajo estrictos protocolos de reserva legal para proteger la eficacia de las actuaciones y la integridad de la evidencia”.
