Colombia
Corte Constitucional avala suspensión de cobros por fraude bancario: así operará la nueva protección a víctimas
La resolución de la Corte Constitucional sobre el Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2022 ha abierto nuevas posibilidades para el apoyo a individuos afectados por fraudes bancarios y casos de suplantación de identidad.
Como señaló Revista Semana, la corte consideró que este marco normativo es compatible con la Constitución, con el objetivo de implementar procedimientos más eficaces para detener cobros mientras las autoridades investigan la autenticidad de los hechos expuestos por los usuarios.
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La propuesta busca mitigar los efectos derivados de actividades ilegales que, según consultoras especializadas, han aumentado constantemente gracias al uso de tecnologías digitales avanzadas.
La declaración de exequibilidad es crítica en un contexto donde miles de ciudadanos han visto comprometidos sus datos personales a través de accesos no autorizados, manipulaciones digitales o técnicas apoyadas en inteligencia artificial.
Esto ha llevado a que individuos aparezcan asociados a productos financieros o servicios contratados sin su consentimiento, afectando seriamente su historial crediticio y su capacidad de realizar transacciones cotidianas. Con el nuevo régimen, estos ciudadanos podrán solicitar la suspensión temporal de cobros hasta que se tome una decisión judicial que aclare las circunstancias.
El proyecto aprobado exige que las entidades financieras y las empresas que ofrecen servicios contratados implementen un procedimiento interno de verificación cuando un usuario comunique que ha sido víctima de fraude o suplantación.
Este proceso implica la obligación de colaborar en la recolección de información que permita reconstruir lo sucedido, así como la presentación formal de la denuncia ante las autoridades pertinentes. La norma estipula que la suspensión se mantendrá mientras progrese la investigación judicial y hasta que se determine si ocurrió alguna irregularidad o si es apropiado continuar con los procedimientos de cobro.
Un aspecto central de la legislación es la protección frente a reportes en centrales de riesgo, un tema que ha generado debates en el país debido a las implicaciones de ser catalogado como moroso por deudas no legítimas.
La normativa establece que, mientras se analiza el caso, las personas no podrán ser incluidas en listas que afecten su vida crediticia ni sufrir consecuencias asociadas al incumplimiento de pagos. Esta disposición busca prevenir efectos colaterales mientras se aclara cada situación particular.
El texto también establece que las compañías involucradas deben notificar a las autoridades de control sobre las acciones realizadas, para garantizar la transparencia en la trazabilidad del caso y evitar que la persona perjudicada sea penalizada con sanciones fiscales o tributarias.
Este componente, subrayado por analistas, busca fortalecer la colaboración institucional y asegurar que otros organismos gubernamentales dispongan de información precisa durante la investigación.
La medida introduce un nuevo elemento: Las empresas podrán llevar a cabo investigaciones internas para identificar patrones, revisar registros y determinar si el incidente fraudulento coincide con modalidades previamente detectadas.
Estos análisis no sustituyen la función de la justicia, pero ayudan a crear una visión más completa del evento y a prevenir futuras incidencias. La ley estipula que los resultados deben ser comunicados al usuario, manteniéndolo informado sobre el avance del proceso.
Para continuar con el procedimiento, la persona afectada debe presentar una denuncia ante las autoridades. Este paso es fundamental para registrar el presunto delito y activar el proceso de verificación.
Entre las pruebas que pueden presentar los ciudadanos están registros de transacciones, comunicaciones recibidas, comprobantes electrónicos y cualquier elemento que ayude a identificar cómo ocurrió la suplantación o el acceso no autorizado.
Las autoridades determinarán si las pruebas son suficientes para tomar una decisión sobre el mantenimiento o eliminación de la obligación financiera.
Mientras la justicia evalúa los hechos, el usuario no deberá pagar cuotas relacionadas con las obligaciones cuestionadas. Si se concluye que efectivamente ocurrió fraude, la deuda será anulada o reclasificada conforme lo dictamine la sentencia.
Por el contrario, si la investigación demuestra que no hubo anomalías, las entidades financieras podrán retomar el proceso de cobro según los lineamientos legales aplicables.
Expertos en seguridad digital han enfatizado que la decisión de la Corte responde a un fenómeno que ha crecido en los últimos años.
Según especialistas, el aumento de estafas que utilizan técnicas de ingeniería social, plataformas de mensajería y herramientas de inteligencia artificial ha incrementado los riesgos para los usuarios del sistema financiero.
En este sentido, la aprobación del proyecto representa un avance hacia un marco más sólido para enfrentar un tipo de delito que, según analistas del sector, seguirá evolucionando rápidamente.
