Colombia
Combates entre ELN y disidencias de las Farc dejan siete muertos, agravando crisis en el Catatumbo
La región del Catatumbo en Norte de Santander sufre una nueva escalada de violencia debido a recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc en el corregimiento de Filogringo, perteneciente a El Tarra.
Según los reportes comunitarios, los combates, que han durado más de 24 horas, han dejado un saldo provisional de siete fallecidos y múltiples heridos, mientras las autoridades intentan restaurar el orden en la región.
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La lucha por el control territorial en Catatumbo no es un fenómeno nuevo.
Desde enero de 2025, la región ha sido testigo de constantes enfrentamientos entre ambos grupos armados, principalmente motivados por el control de cerca de 26.000 hectáreas de cultivos ilícitos y diez minas de oro repartidas entre los municipios de Tibú, La Gabarra, El Tarra y Ocaña, según explicó un alto oficial de la Segunda División del Ejército a Cambio.
La intensificación de la violencia ha llevado a muchos agricultores a abandonar sus tierras, por miedo a quedar atrapados en medio de los combates.
Los enfrentamientos iniciaron la noche del jueves 27 de noviembre y se prolongaron hasta la madrugada del viernes 28.
Las hostilidades se desarrollaron principalmente en edificaciones deshabitadas, lejos de los asentamientos civiles, aunque la comunidad informó que ambos bandos estaban a una distancia de cinco a siete kilómetros, utilizando drones para atacar posiciones adversarias.
Entre los fallecidos podría encontrarse alias Cuyo, supuesto comandante del ELN en la región, según lo que circula entre los habitantes.
La estructura de mando de los grupos en conflicto es clara. En el caso del ELN, Luz Amanda Pallares, apodada Silvana Guerrero, lidera un grupo armado junto a alias Ricardo, el cabecilla del frente Carlos Armando Cacua Guerrero, ambos acusados de ordenar homicidios, secuestros, controlar rutas del narcotráfico y realizar ataques contra el frente 33.
Por parte de las disidencias, Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, jefe del frente 33 y uno de los negociadores de las disidencias de alias Iván Mordisco, está en Catatumbo desde hace tres meses liderando los combates contra el ELN.
La violencia en Filogringo no es un hecho aislado. Hace poco más de un mes, el 22 de octubre, la comunidad vivió otra jornada de tensión cuando un enfrentamiento similar entre estos grupos dejó cerca de diez muertes, entre ellas la de alias ‘Chepe La Burra’, un conocido cabecilla del ELN. En esa ocasión, informes locales indicaron que también hubo víctimas civiles debido a ataques con drones cargados de explosivos.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana el 10 de noviembre, advirtiendo sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en la cabecera municipal de Tibú, y alertando sobre la posible expansión del conflicto hacia otros pueblos y corregimientos, incluyendo El Tarra.
El organismo indicó que la crisis humanitaria en el Catatumbo se agrava y se expande a nuevos territorios, con la preocupante posibilidad de que reaparezcan otros actores armados en la región.
Mientras tanto, las tropas de la Segunda División del Ejército comenzaron a llegar a la zona para intentar controlar la escalada de violencia y verificar la situación en el terreno, aunque la magnitud de los enfrentamientos y la presencia de grupos armados ilegales complican el acceso y la protección de la población civil.
Según fuentes consultadas por El Tiempo, los cuerpos de al menos siete insurgentes habrían sido retirados por miembros del ELN tras los recientes combates, aunque la cifra no ha podido ser confirmada oficialmente dada la imposibilidad de acceso externo a los cuerpos.
Asimismo, el uso de drones en el conflicto ha compliciado las maniobras de aproximación del Ejército, ya que estos dispositivos permiten a los grupos armados identificar la ubicación de las tropas antes de cualquier avance.
Mientras tanto, los irregulares se refugian en escondites improvisados dentro de antiguas viviendas, lo que aumenta su capacidad de ocultamiento.
Paralelamente, se han denunciado amenazas recientes en El Tarra atribuidas al ELN, dirigidas tanto a la comunidad como a personas que han presentado denuncias o mantienen vínculos con actividades consideradas en contra de los intereses del grupo. Tres casos han sido catalogados como urgentes, y los afectados solicitaron evacuación por temor a represalias.
Según registros institucionales, no se ha detectado desplazamiento masivo de civiles. La falta de población en los puntos de conflicto ha evitado un impacto directo, aunque los líderes comunitarios insisten en que las amenazas alteran la vida diaria en El Tarra.
En respuesta, las fuerzas militares han utilizado apoyo de fuegos, empleando explosivos lanzados desde obús para frenar temporalmente los enfrentamientos, aunque estos se reanudan cuando los grupos reorganizan sus posiciones.
Dos personas ajenas a los grupos armados fueron trasladadas a áreas seguras con apoyo institucional, en un procedimiento similar al implementado a principios de año, cuando se reportaron advertencias de características análogas.
