Trump endurece aún más su campaña contra la inmigración tras el ataque a la Guardia Nacional en DC | Noticias Univision Inmigración

El gobierno de Donald Trump avanzará en una “reevaluación rigurosa” y a “gran escala” de las residencias permanentes de inmigrantes de países que generan “preocupación”, revisará visados e implementará nuevas restricciones para admitir en Estados Unidos a ciudadanos de 19 países que catalogó como “de alto riesgo” luego de que un afgano (que trabajó con la CIA) disparara el miércoles contra dos guardias nacionales en Washington DC, dejando a una fallecida.

El ataque en la capital ahora le sirve para justificar más restricciones en su escalada sin precedentes contra la inmigración documentada —e indocumentada— que vive en Estados Unidos.

Poco después del ataque, Trump dijo que su gobierno investigaría a cualquier afgano admitido en Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y que tomaría “las medidas necesarias para remover a cualquier extranjero de cualquier país, que no pertenezca aquí o nos beneficie”.

La noche de Acción de Gracias amplió el radio de acción: prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres. Aseguró que “solo la migración inversa puede curar esta situación”.

En las horas que siguieron, se fueron detallando más medidas. El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, escribió en su cuenta de X que “cada ‘green card’ de cada extranjero procedente de cada país que genera preocupación” será revisada. Eso incluye a residentes legales permanentes originarios de Afganistán, Venezuela, Cuba, Haití, Irán, Somalia, Libia, Sudán y Yemen, entre otros.

El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a Noticiero Univision que interpretó el anuncio de Edlow como una “reexaminación”. Dijo estar preocupado por la decisión del gobierno: “Cuando toman medidas de esta magnitud de forma generalizada, le quitan la seguridad que alguien debe de tener después de haber adquirido legalmente su residencia permanente”.

Y las residencias permanentes no constituyeron el único anuncio del gobierno.

USCIS dijo luego en su página web que emitía una nueva guía —efectiva para todas las aplicaciones pendientes hasta el 27 de noviembre o introducidas en esa fecha— para considerar “factores negativos específicos al evaluar a extranjeros de 19 países de alto riesgo”, los mismos que la Casa Blanca ya había incluido en una orden ejecutiva previa, anunciada en junio de 2025.

En su nota de prensa, los Servicios de Ciudadanía aseguraron que entre los factores que se considerarán como parte de la nueva guía están la capacidad de un país para emitir documentos de identidad y otorgar información que permita a Estados Unidos “evaluar de forma más significativa si un extranjero es o no una amenaza a la seguridad pública y nacional”.

En pocas horas, la administración multiplicó sus restricciones por las acciones de un solo inmigrante que pasó por revisiones exhaustivas para permanecer en Estados Unidos. Según reportes, el atacante de DC entró en 2021 evacuado de Afganistán bajo la figura de un ‘parole’, solicitó asilo en 2024 y este beneficio le fue otorgado durante el propio gobierno de Trump. Ahora esperaba la respuesta a una petición de residencia permanente.

Desde su llegada a la Presidencia en enero, Trump ha implementado un paquete de órdenes ejecutivas que han ido limitando el acceso a distintos beneficios migratorios, que incluyen el fin del acceso al asilo en la frontera, de varios Estatus de Protección Temporal (TPS), límites a visas de estudiantes y empleo, ‘paroles’ y la reducción drástica en las admisiones anuales de solicitantes de refugio.

Comunidades como la venezolana y la haitiana, que tenían años de vida en el país perdieron beneficios, con el ataque en DC vuelven a estar en la mira del gobierno. Recientemente, ambos países perdieron sus TPS. En el caso de Venezuela, la no extensión de este estatus temporal ha dejado a 600,000 personas en riesgo de deportación. Expertos lo catalogan como “la mayor ilegalización instantánea” en la historia de Estados Unidos.

Ahora, estas dos naciones que tienen años sobreviviendo crisis políticas, económicas y sociales profundas, vuelven a aparecer en la lista de escrutinio.

Afganistán también ha sufrido en la campaña antiinmigrante de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminó la designación de su TPS a partir del 14 de julio de 2025.

Estas medidas han aumentado la desprotección y el miedo en las comunidades migrantes en momentos en que las agencias federales mantienen operativos migratorios en casi todo el país, con funcionarios enmascarados que detienen a personas —incluso a ciudadanos estadounidenses— con tácticas violentas. Como consecuencia, muchos han dejado sus bienes abandonados en Estados Unidos y han decidido marcharse de Estados Unidos.

La organización #AfghanEvac, que se constituyó en 2021 durante el retiro de tropas de Afganistán, condenó el ataque a los guardias nacionales en DC. Sin embargo, aseguró en un comunicado que las acciones de un asilado afgano no deberían afectar al resto: “El acto aislado y violento de una persona no debería ser usado como excusa para definir o menospreciar a una comunidad entera”.