Juez ordenó investigación contra Vicky Dávila y otros funcionarios por difundir videos íntimos, falta de rigor en la captura de Nicolás Petro

La decisión del juez en el caso de Nicolás Petro Burgos ha dado lugar a un nuevo desarrollo judicial al solicitar la investigación penal y disciplinaria de varios funcionarios de la Fiscalía y de Vicky Dávila, quien dirigía la revista Semana en ese periodo. Esta resolución se toma tras determinar que se pudieron haber afectado derechos fundamentales durante la detención de Petro Burgos, que ocurrió en julio de 2023.

El juez justificó su decisión basándose en los videos entregados por la defensa, que, según su análisis, evidencian que agentes del CTI grabaron la diligencia en el entorno privado del procesado. Este magistrado destacó que la legislación procesal exige proteger el lugar, permitir el cambio de vestimenta y brindar atención especial a personas vulnerables, como mujeres embarazadas. Recordó que el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal impone a la Fiscalía la responsabilidad de actuar “con gran cuidado” durante los arrestos.

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El juez indicó que los investigadores y funcionarios que ingresaron al hogar de Nicolás Petro Burgos no siguieron los protocolos establecidos por la ley. Esta falta de exactitud en el procedimiento fue uno de los factores que llevaron a iniciar la investigación.

Además, aclaró que la medida no se basa en una posible filtración de videos desde la Fiscalía, sino en la publicación de imágenes por parte de la revista Semana y su entonces directora, Vicky Dávila. Dichas imágenes mostraban al procesado y a su esposa desnudos, lo que, según el juez, podría representar una seria violación del derecho a la intimidad y dignidad humana. “La difusión de tales imágenes es una grave afectación a derechos fundamentales”, expresó durante su declaración.

El juez también evaluó los argumentos de la defensa, los cuales consideró substanciales y válidos. Por eso, pidió investigar al fiscal delegado Mario Burgos, quien lideró el operativo, así como a los funcionarios del CTI involucrados en la ejecución del operativo. La investigación busca determinar posibles responsabilidades penales y disciplinarias de quienes intervinieron, tanto en el proceso judicial como en la divulgación de las imágenes.

Durante la audiencia del 28 de noviembre de 2025, el juez Carbonó aceptó informes y documentos que abarcan desde datos migratorios hasta registros financieros de Nicolás Petro Burgos, incluyendo declaraciones de impuestos y certificados emitidos por la Asamblea del Atlántico.

El juez señaló que estos elementos, agrupados en lo que la defensa denomina “bloque cuatro”, son relevantes para la argumentación de la defensa, que sostiene la legalidad de los ingresos del exdiputado. Carbonó explicó: “los elementos probatorios y anexos pertenecen a lo que se llama el bloque cuatro. Estas pruebas son pertinentes desde la perspectiva de la teoría de la defensa respecto a la presunta legalidad de los ingresos del procesado, evidenciada en sus actividades económicas”.

El juez consideró que la relevancia de estas pruebas radica en su capacidad de mostrar la ausencia de los elementos esenciales que configuran los delitos imputados. Carbonó comentó: “Dado que también servirán para cuestionar las pruebas y exámenes periciales que la Fiscalía usará en el juicio, el juzgado las encuentra pertinentes y útiles”.

Un aspecto importante de la audiencia fue la aceptación de las declaraciones de Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás y testigo central en el caso. La defensa podrá utilizar sus declaraciones públicas en medios y en redes sociales para impugnar su credibilidad, refrescar su memoria y evidenciar posibles contradicciones. Los medios citados incluyen W Radio, Semana y Los Informantes, así como las declaraciones que Vásquez realizó ante la Fiscalía.