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El 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció una sanción a la campaña Petro Presidente 2022-2026 tras confirmar que superaron los límites legales de gasto durante las dos vueltas de las elecciones presidenciales. La decisión fue tomada en una sala plena, que tuvo una duración inferior a una hora y contó con la participación de dos conjueces, marcando un precedente en la supervisión de la financiación electoral en el país.
El fallo de la autoridad electoral indica que la campaña de Gustavo Petro infringió los topes permitidos en un total de $5.300.000.000; de los cuales, $3.700.000.000 pertenecen a la primera vuelta y no se reportaron en los informes oficiales, mientras que los $1.600.000.000 restantes son gastos no informados en la segunda vuelta.
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Tras tomar conocimiento del veredicto, el presidente utilizó sus redes sociales para arremeter contra el CNE, los magistrados y conjueces implicados en la decisión.
“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la misma gente cuestionada como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es quien multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”, compartió Petro en su cuenta de X.
Añadió: “Lo único positivo de esta investigación es que la oposición no pudo encontrar un solo aporte que se pueda vincular al narcotráfico o a lo ilegal.”
En respuesta, la organización encargada de la vigilancia electoral emitió un comunicado en el que condenó las declaraciones del presidente y de políticos cercanos al petrismo.
“El Consejo Nacional Electoral condena firmemente las declaraciones, ataques personales y acusaciones dirigidas recientemente contra las magistradas, magistrados y conjueces de esta institución, en relación con la decisión adoptada por la Sala Plena sobre las irregularidades en la financiación de campaña presidencial 2022”, señala el comunicado.
El CNE también subrayó que sus resoluciones no están vinculadas a ideologías políticas, sino que se basan en pruebas concretas y procedimientos de investigación permitidos por la ley colombiana.
“Es crucial destacar que todas las acciones de la Corporación se llevan a cabo dentro de un proceso rigurosamente ajustado a la Constitución, las leyes y los reglamentos internos, y que las decisiones se toman de manera colegiada, fundamentada y transparente, sin ceder a presiones políticas, mediáticas o personales”.
La autoridad electoral enfatizó la importancia de proteger a los magistrados y conjueces implicados en la decisión. Subrayó que sus funciones están respaldadas por la Constitución Política de 1991, haciendo esencial la defensa de los funcionarios contra cualquier intento de menoscabar su labor.
“Los participantes en la deliberación y votación de las decisiones de la máxima autoridad electoral ejercen una función pública protegida por la Constitución, por lo que es imperativo proteger este cuerpo colegiado frente a cualquier ataque que busque deslegitimar o desacreditar su labor”, se expresa en la misiva.
Para concluir, se subrayó que “debe quedar claro que todo acto administrativo es adoptado por esta Corporación conforme a principios constitucionales y leyes aplicables a las actuaciones administrativas, valorando las pruebas y con una diligencia rigurosa, garantizando imparcialidad y lealtad a la administración pública, y que las personas interesadas tienen a su disposición los recursos legales para cuestionar las decisiones tomadas, en virtud del debido proceso y del derecho a la defensa que les asiste”.
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