Gustavo Petro comparte los cargos del CNE por sobretopes en su campaña presidencial: “Podrá ver lo arbitrario de la decisión”

Gustavo Petro ha rechazado, de manera contundente, las acusaciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionan su campaña presidencial por supuestas violaciones al límite de gasto.

El presidente sostiene que la decisión es arbitraria y responde a una persecución política, fundamentándose en interpretaciones novedosas de la ley electoral. A través de su cuenta oficial en X, Petro desglosó cada uno de los señalamientos y presentó su defensa punto por punto.

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“Para aquellos que deseen investigarme, dejo un resumen de las acusaciones que nos hizo el CNE por supuesta violación de topes de gastos y la realidad. Podrán ver lo arbitrario de la decisión y diría que la actitud delictiva de persecución política.”, afirmó Petro al iniciar su exposición.

El primer punto que abordó el presidente se relaciona con la donación de $500 millones proveniente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Petro aclaró: “La Resolución del CNE indica que los 500 millones donados por Fecode se destinaron a la campaña presidencial. Sin embargo, eso es falso. La donación de Fecode fue al partido Colombia Humana, no a la campaña, y la campaña rechazó ese dinero porque la ley prohíbe las donaciones de personas jurídicas. El partido recibió la financiación de manera legal y la reportó a las autoridades, utilizándola únicamente para su deber de supervisar las elecciones, no para hacer propaganda ni promocionar al candidato. Por lo tanto, el CNE está confundiendo deliberadamente las cuentas del partido con las de la campaña (sic)”.

Acerca del préstamo de $500 millones otorgado por el Polo Democrático, Petro argumentó que este fue una medida temporal para hacer frente a las dificultades de financiación bancaria.

“Debido a las complicaciones en la obtención de financiación de los bancos, se optó por solicitar un préstamo temporal de $500 millones al Polo Democrático. Este préstamo fue respaldado por un pagaré y un contrato de préstamo (mutuo). Una vez que el banco finalmente desembolsó el dinero, se saldó el monto adeudado al Polo, antes de la primera vuelta. Por ello, no constituyó un ingreso extra para la campaña, sino únicamente un crédito temporal para prevenir la falta de recursos hasta que se concretara el préstamo bancario”, detalló.

Respecto a la acusación por la omisión en el reportaje de pagos a testigos electorales por $931 millones, el presidente defendió: “El CNE acusa que no se reportaron 931 millones destinados a los testigos electorales, pero los testigos no son un gasto de campaña, sino parte del derecho de los partidos y ciudadanos a supervisar las elecciones; y la ley no especifica que deban ser voluntarios o remunerados. Además, históricamente, ningún partido o campaña ha tenido que reportar el costo de los testigos electorales como gasto o donación, y sería la primera vez que el CNE lo exige. Hay un trato desigual y persecución política específica contra el presidente Petro al tratar de contabilizar esos testigos como gasto de campaña solo en su caso y no en otras campañas del mismo día o las elecciones posteriores.”

Sobre la factura electrónica de Caracol Televisión por $356 millones, Petro indicó que se trató de un error administrativo ajeno a la campaña: “Caracol (el medio) cometió un error y facturó dos veces por las mismas cuñas de televisión: una vez como si fueran de la primera vuelta y otra como de la segunda. En realidad, esas cuñas solo fueron pagadas en la segunda vuelta, pero la factura de la primera nunca fue anulada. Por ello, ahora parecen ser dos facturas distintas, cuando en verdad corresponden a la misma pauta publicitaria.”

Con respecto al reporte de gastos de la campaña al Senado por $202 millones, el mandatario defendió la separación estricta de los presupuestos: “Son dos campañas distintas, intentar fusionarlas para perjudicar la campaña presidencial no es técnico, ni jurídico, ni se ha aplicado a otras campañas presidenciales.”

Sobre los gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO) por $121 millones, Petro destacó que la responsabilidad exclusiva recaía en el gerente nacional de campaña para autorizar gastos: “El 2 de abril de 2022 se dejó claro por escrito que la única persona autorizada a utilizar fondos de la campaña de Petro era el Gerente Nacional de Campaña. Nadie más.”

Esto implica que cualquier gasto, contrato o donación que no pasara por esa autorización no es responsabilidad de la campaña. En el caso de la USO, el representante legal indicó en medios que esos gastos o autorizaciones no fueron consultados con el candidato, la campaña o el gerente.

“No se tiene conocimiento siquiera si esos gastos realmente se realizaron. Por lo tanto, ni el candidato ni el gerente podrían estar al tanto de esos movimientos, ya que fueron gestionados fuera de los canales oficiales. Además, si se permite que cualquier persona pueda pagar cosas ‘a nombre de la campaña’, entonces, cualquier individuo, incluso alguien con intenciones maliciosas, podría hacer pagos con la intención de perjudicar. En resumen: La campaña sostiene que no puede asumir responsabilidad por movimientos de dinero que nunca autorizó ni conoció, y que se gestionaron fuera de los canales oficiales,” explicó Gustavo Petro.

Petro también cuestionó la inclusión de otros gastos que, a su juicio, no corresponden a actividades de campaña presidencial: “El CNE formuló la supuesta ‘violación de topes’ contabilizando como gastos de campaña elementos que no lo son: la donación de Fecode fue al partido (Colombia Humana) y se utilizó para la vigilancia electoral, no para la publicidad o propaganda del candidato; el préstamo del Polo fue simplemente un crédito temporal, que se solicitó para no obstaculizar la campaña y que se saldó en el mismo período, no constituye dinero adicional; los testigos electorales son parte del derecho de los partidos a vigilar las elecciones, y nunca antes en ninguna campaña se había exigido contabilizarlos como gasto o donación en especie; la factura de Caracol refleja un error de doble facturación por las mismas pautas, no son gastos distintos; también se incluyen como ‘gastos de campaña’ conceptos que no lo son, como la seguridad del candidato, la protección del voto, los intereses bancarios o los gastos de otras organizaciones”.

Al finalizar su defensa, el presidente reiteró que, si se aplicara la ley de la misma manera que en otras campañas, no se habría excedido el límite de gastos. Petro insistió en que la sanción tiene motivaciones políticas y no responde a criterios técnicos o jurídicos, considerándola una manifestación de persecución judicial en su contra.