El gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una propuesta que cambiaría el rumbo de la exención del 4×1.000, el gravamen a los movimientos financieros que ha operado en Colombia desde 1998.
A través de la reforma tributaria, que será discutida en las Comisiones Económicas del Congreso de la República este martes 2 de diciembre, el Ejecutivo plantea dar marcha atrás a la modificación aprobada en la tributaria de 2022 y regresar al esquema antiguo.
La normativa vigente, que debía implementarse plenamente para diciembre de 2024, establecía un beneficio moderno para los usuarios.
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Se trata de la exención del impuesto sobre la totalidad de los movimientos financieros de una persona, independientemente del número de cuentas que poseyera, siempre que la suma de sus transacciones no superara las 350 UVT mensuales (aproximadamente 17,4 millones de pesos para 2025).
Sin embargo, la nueva iniciativa del Ministerio de Hacienda sugiere suspender indefinidamente este avance. De aprobarse, la exención universal tendría vigencia únicamente hasta el 1.° de enero de 2026.
A partir de esa fecha, se retomaría el sistema previo, en el cual el ciudadano debe elegir y marcar una única cuenta como exenta del tributo.
El resto de sus productos financieros quedarían gravados con el cobro de 4 pesos por cada 1.000 pesos movilizados, sin importar el monto transado.
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Problemas técnicos en la implementación
A pesar de que la reforma tributaria de 2022 ordenó la modernización del recaudo, el país continúa operando bajo el modelo antiguo debido a fallas en la infraestructura tecnológica.
El sistema requiere que todas las entidades recaudadoras estén interconectadas para cruzar información en tiempo real y determinar cuándo un usuario supera el tope mensual, algo que no se ha logrado concretar.
Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, explicó en entrevista con Valora Analitik la situación actual del sector. “Se sigue trabajando en la definición jurídica del sistema. La ley exige que haya un solo esquema y que todas las entidades que recaudan el gravamen estén conectadas”, señaló.
También aclaró que la banca tradicional cumplió con los ajustes tecnológicos necesarios y se encuentra lista para operar el nuevo modelo.
La demora, según el vicepresidente, recae en otras instituciones del ecosistema financiero, como cooperativas, fondos de empleados y cajas de compensación, que no lograron adecuar sus sistemas a tiempo para la interconexión.
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Derechos de los usuarios y devoluciones
La falta de implementación tecnológica ha generado un aumento en las reclamaciones durante 2024, pues muchos usuarios han sido objeto del cobro a pesar de no superar el umbral exento estipulado por la ley vigente. Ante este escenario, los expertos recuerdan que los ciudadanos tienen herramientas legales para defenderse.
Estas son algunas de las garantías para tramitar estas quejas:
- La ley obliga a los bancos a implementar el sistema de información, y el incumplimiento técnico no anula el derecho del usuario a la exención.
- Es posible exigir la devolución del dinero cobrado erróneamente.
- La Dian autorizó la realización de estas solicitudes, priorizando el derecho del contribuyente sobre los problemas operativos relacionados con el tratamiento de datos personales y financieros.
Si el Congreso de la República da luz verde a la propuesta del Gobierno en la reforma tributaria, las entidades financieras ya no estarían obligadas a desarrollar el complejo sistema de cruce de cuentas.
Esto implicaría que millones de usuarios perderían la posibilidad de tener múltiples cuentas exentas de forma simultánea, perpetuando un modelo que grava las transacciones de bajo valor en cuentas no marcadas.
*Este artículo fue desarrollado con apoyo de Inteligencia Artificial (IA) y revisado por un periodista.
