Colombia
Defensoría eleva a “riesgo extremo” la alerta en la Sierra Nevada por disputa entre grupos armados
La Defensoría del Pueblo ha actualizado la situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta a través de la emisión de la Alerta Temprana 020-25, donde clasifica la región y su área de influencia como un escenario de riesgo extremo debido al avance, enfrentamientos y presiones ejercidas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).
La alerta, destinada a autoridades nacionales y locales, incluye 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, y reemplaza alertas anteriores emitidas para este corredor estratégico en el norte del país.
De acuerdo a la actualización del Sistema de Alertas Tempranas, aunque la región ya presentaba un riesgo alto, la Defensoría ha elevado el nivel a extremo basándose en indicadores que indican un aumento sostenido en violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Amenazas, homicidios, secuestros, extorsiones y reclutamiento de menores forman parte del panorama expuesto en el documento dirigido a las instituciones estatales.
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El informe detalla cinco dinámicas centrales que ilustran la gravedad del escenario actual. La primera se refiere al control ejercido por las ACSN, un grupo categorizado como Grupo Armado Organizado desde agosto de 2025, que mantiene el dominio sobre rutas y corredores relevantes para actividades ilegales.
La segunda dinámica está relacionada con la intención del Clan del Golfo de expandirse hacia áreas donde históricamente han operado las ACSN, intensificando así la confrontación en regiones rurales de difícil acceso.
Como tercera dinámica, la Defensoría menciona una disputa abierta entre ambas estructuras en caminos veredales y áreas montañosas donde se localizan comunidades campesinas e indígenas. La cuarta apunta a tensiones derivadas de la coexistencia forzada, donde cada organización impone reglas, horarios, cobros y restricciones a la población civil. Por último, el paso constante de unidades armadas para llevar a cabo operaciones de expansión configura la quinta dinámica de riesgo.
El incremento de actos violentos afecta especialmente a distintos grupos poblacionales. El informe identifica como particularmente vulnerables a los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, así como a comunidades afrodescendientes, campesinos, pescadores artesanales, líderes comunales y defensores de derechos humanos. También corren peligro niños, niñas y adolescentes, la población LGBTIQ+ y el pueblo Rrom asentado en áreas periurbanas.
La Defensoría advierte que el conflicto entre las ACSN y el Clan del Golfo ha resultado en situaciones de confinamiento y desplazamiento gradual, especialmente en rutas que conectan la zona rural baja con las laderas de la Sierra.
Las ACSN sostienen estructuras sucesoras como Los Pachenca y Los Giraldo, que tienen un arraigo histórico en la región y operan con estrategias diferenciadas para mantener su dominio. Por su parte, el Clan del Golfo busca fracturar redes ilegales establecidas en los últimos años y consolidar nuevas alianzas locales para aumentar su presencia.
El análisis también prevé posibles escenarios críticos en caso de que no se implementen medidas inmediatas. Uno de ellos es la erosión del control territorial de uno de los grupos, lo que podría derivar en represalias y un aumento de la violencia. Otro señala ofensivas armadas por el control de territorios en zonas altas, situación que pondría en peligro a comunidades localizadas en territorios sagrados y reservas naturales. El conflicto también podría extenderse a nuevos municipios si no se contienen las rutas de movilidad ilegal.
Asimismo, la coexistencia simultánea de ambos grupos en espacios compartidos puede incrementar prácticas de control social, como prohibiciones de acceso a veredas, restricciones al movimiento, imposiciones económicas y vigilancia forzada. Estas acciones, de acuerdo con el documento, causan impactos directos en las dinámicas comunitarias y en la autonomía de las autoridades tradicionales.
Frente a esta situación, la Defensoría ha instado a las autoridades civiles, militares y policiales a implementar medidas urgentes de protección, reforzar la presencia institucional y llevar a cabo acciones para prevenir el reclutamiento forzado, las violencias basadas en género y los ataques contra líderes sociales. También recomendó fortalecer los mecanismos de colaboración entre entidades territoriales y nacionales para asegurar una respuesta integral en los municipios afectados.
