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El futuro de la rectoría de la universidad del atlantico quedó oficialmente en manos del magistrado Óscar Wilches Donado, quien consideró el estudio de la demanda de nulidad electoral interpuesta por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.
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La acción busca anular la designación de Leyton Barrios, un nombramiento que desde su anuncio el 27 de octubre ha generado una crisis interna en la institución y un debate nacional sobre la transparencia en los procesos universitarios.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través del Despacho 003, emitió el auto que dio inicio al trámite de la medida cautelar. aunque la Gobernación pidió que la suspensión provisional del rector se adoptara de inmediato, el magistrado optó por escuchar primero a la parte demandada, como exige la Ley 1437 de 2011. Por eso otorgó un plazo de cinco días para que Barrios, o quien lo represente, responda antes de que se tome una decisión de fondo.
El Consejo Superior Universidad del Atlántico se cumplió en la Gobernación. Foto:Gobernación
El magistrado Wilches precisó que esta etapa preliminar busca garantizar el derecho a la defensa y la correcta aplicación del debido proceso. Solo cuando venza el término concedido, el despacho estará en disposición de resolver si la rectoría debe quedar en pausa mientras avanza el juicio por nulidad del Acuerdo Superior 000032, mediante el cual Barrios fue designado para el período 2025–2029.
El origen del conflicto
El detonante de la demanda es la controversia por una certificación laboral que Barrios presentó para acreditar experiencia docente en la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES). Según Verano, este documento carece de soporte real y no cumple con los requisitos exigidos por el estatuto profesoral. El gobernador incluso afirmó que la rectoría “es insostenible”, al revelarse el desconocimiento expreso de la CUES sobre la autenticidad del documento.
La comunicación enviada por la institución fue contundente. En ella se afirma que el contenido de la certificación no corresponde con la realidad administrativa ni documental de la entidad. Además, anunció la apertura de una investigación interna para rastrear el origen del documento y su posible circulación irregular. También indicó que pondría el caso en conocimiento de las autoridades competentes.
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El pronunciamiento encendió las alarmas en la Universidad del Atlántico, que ya enfrentaba tensiones por las protestas de estudiantes y docentes desde el día de la elección de Barrios. La delegada presidencial ante el Consejo Superior, Melissa Obregón, había advertido inconsistencias en la documentación presentada por el rector y señaló que existía información sobre una denuncia penal por presunta falsificación interpuesta desde Salamanca.
La reacción de la defensa del rector.
La defensa de Barrios sostiene lo contrario. El abogado Iván Cancino aseguró que las certificaciones son auténticas y que existen correos institucionales emitidos en 2025 que respaldarían su validez. Según él, la comunicación divulgada por la Gobernación no refleja la totalidad de las pruebas existentes y será desvirtuada en el proceso judicial. Esa postura choca con la versión institucional de la CUES, lo que anticipa un debate jurídico complejo.
Leyton Barrios asegura que sigue con su agenda de trabajo. Foto:redes sociales
La controversia se produce en un contexto de vigilancia especial del Ministerio de Educación sobre la universidad. La crisis interna afecta a la institución más grande del Caribe, que ha vivido semanas de suspensión de actividades, protestas, choques entre estamentos y discusiones sobre la legitimidad del gobierno universitario.
La decisión que debe adoptar el magistrado Wilches en los próximos días será determinante. Si se ordena la suspensión provisional, la universidad deberá nombrar un encargado mientras se resuelve la nulidad. Si la niega, Barrios continuará en el cargo mientras avanza el procesoalgo que podría agudizar el conflicto interno.
Por ahora, el Tribunal espera la respuesta de la defensa del rector. Cuando termine ese plazo, el despacho deberá definir si las irregularidades señaladas americanas una medida inmediata o si la controversia debe continuar su curso sin alterar la administración universitaria.
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