El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Las gestiones de paz impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en Putumayo están siendo aprovechadas por grupos armados ilegales para consolidar su dominio territorial y aumentar los abusos contra la población civil.

Esta situación fue reportada por Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado el 5 de diciembre de 2025, donde advierten que, en tanto las negociaciones oficiales se centran en la reducción de cultivos de coca, las disidencias de las Farc han incrementado los abusos hacia las comunidades indígenas y residentes de esta región colombiana, la cual se encuentra en la frontera con Perú y Ecuador y es la segunda en producción de este narcótico en el país, detrás de Nariño.

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“A pesar de que en algunas mesas de diálogo se han acordado medidas para desmantelar armas y reemplazar los cultivos de coca, los Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez (disidencias de las Farc de alias Calarcá) continúan ejerciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la región”, menciona el informe.

Asimismo, la organización enfatizó en una visita realizada en septiembre de 2025, donde recopilaron testimonios de víctimas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas, trabajadores humanitarios y funcionarios gubernamentales que pidieron mantener su identidad en secreto por temor a represalias.

De acuerdo con el informe, los grupos armados han asesinado a líderes comunitarios, reclutado menores, confinado a la población y aplicado castigos como multas y trabajos forzados.

Asimismo, obligan a las comunidades a participar en reuniones vinculadas a las negociaciones de paz, asistir a eventos sociales y unirse a protestas en apoyo de los intereses de los grupos armados, mientras prohíben las manifestaciones contra empresas petroleras en ciertas áreas.

Las autoridades indígenas y los trabajadores humanitarios también denunciaron que los grupos armados imponen a la población la obligación de cultivar coca y vendérsela, incluso cuando hay acuerdos con el Gobierno para la sustitución de estos cultivos.

Un caso destacado por la organización internacional fue el asesinato de Jhon Fredy Rico, miembro de una Junta de Acción Comunal en Puerto Guzmán, sucedido el 7 de septiembre de 2025, presuntamente como represalia por su participación en actividades relacionadas con las negociaciones de paz.

Además, los líderes informaron a HRW que los habitantes fueron obligados a manifestarse en apoyo a los diálogos de paz con el Cneb y a exigir la liberación de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, comandante en jefe de los Comandos de la Frontera, detenido en Bogotá el 13 de febrero de 2025.

“Los grupos armados en Putumayo están utilizando las negociaciones de paz como una forma de consolidar su control sobre la población (…) mientras se centran en la reducción de los cultivos de coca, imponen sus propias reglas y castigos severos a quienes las desafían”, destacó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El departamento de Putumayo es crucial para la producción y tráfico de drogas, así como para actividades de minería ilegal. Además, la región tiene la segunda mayor producción de hoja de coca en Colombia, solo por detrás de Nariño.

Actualmente, dos de los tres grupos armados activos en la zona están en negociaciones de paz con el Gobierno de Petro: los Comandos de la Frontera, pertenecientes a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), operan principalmente en el sur, y el Frente Raúl Reyes, parte del Embf (disidencias de alias Calarcá), presentes en el norte. El Frente Carolina Ramírez, vinculado al Estado Mayor Central (EMC), actúa en la región oriental y participó en diálogos de paz entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero ya no está en las negociaciones.

En este contexto, Human Rights Watch solicitó al Gobierno de Petro que implemente acciones para asegurar el bienestar y la seguridad de las comunidades indígenas en Putumayo.

“El Gobierno necesita atender de manera urgente la situación en Putumayo e implementar una estrategia robusta de justicia y seguridad para proteger a la población, especialmente a las comunidades indígenas,” concluyó Juanita Goebertus.