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La confianza mutua y el apoyo de la sociedad colombiana son elementos esenciales para el éxito del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo.
Este punto fue resaltado por fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España tras el convenio firmado en Doha, Catar, el 5 de diciembre, que representa un nuevo avance en las negociaciones con la principal estructura criminal del país, autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El acuerdo es facilitado por España, Catar, Noruega y Suiza.
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Fuentes del Gobierno español, citadas por la agencia EFE, afirman que el proceso está iniciando una fase crucial que no solo exige que se cumplan los compromisos alcanzados sino también que sea legitimado por la confianza del público.
“La confianza entre las partes y la sociedad colombiana es un aspecto clave para el éxito de este proceso”, afirmaron desde Exteriores, reiterando el fuerte apoyo de España a los esfuerzos de paz.
El acuerdo establece la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba.
A partir del 1 de marzo de 2026, estas zonas recibirán de manera gradual a los combatientes del EGC que acepten el proceso. Se emitirá un acto administrativo que será formalizará las ZUT, definirá sus ubicaciones específicas, y establecerá un listado inicial de miembros, que se irá completando progresivamente.
El acuerdo también prevé la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición para los integrantes del EGC que ingresen a estas áreas, así como garantías de seguridad jurídica y humana durante los traslados.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (Mapp/OEA) será la entidad encargada de monitorear y verificar los compromisos adquiridos, y gestionar apoyo financiero, técnico y logístico para implementar el acuerdo.
Entre las responsabilidades del Gobierno colombiano está la realización de acciones humanitarias para evaluar las condiciones de salud y dignidad de los miembros del Clan del Golfo encarcelados en el país y en el extranjero.
Además, el acuerdo insta a la Fiscalía General de la Nación a informar sobre el progreso del mecanismo especial para priorizar denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El documento fue firmado por Álvaro Jiménez Millán, en representación del Gobierno colombiano, y por Luis Armando Pérez Castañeda, del Estado Mayor Conjunto del EGC.
Se reconoce oficialmente la autodenominación Ejército Gaitanista de Colombia, de acuerdo con la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025, y se pide a las autoridades que utilicen esta designación. También se hace un llamado a evitar el uso político del proceso de negociación.
“Las partes deben comprometerse a conservar la integridad de este proceso sociojurídico, evitando su utilización para fines electorales y acciones que comprometan su imparcialidad”, se indica en el acuerdo, en un contexto marcado por la polarización política creciente.
El proceso cuenta con la supervisión de la Procuraduría General de la Nación, la Fuerza Pública y abogados, además del acompañamiento constante de los países mediadores.
Su enfoque está orientado a fomentar la paz en las regiones donde el grupo armado tiene influencia, centrándose en la protección de niños, niñas y adolescentes, la sustitución de cultivos ilícitos, el fortalecimiento comunitario y la atención a la crisis migratoria.
Durante la primera ronda de negociaciones en septiembre de 2025 en Doha, se acordó una fase inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios: Mutatá en Antioquia, así como Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía en Chocó. El nuevo acuerdo amplió estas acciones piloto a otros diez municipios en Córdoba, Antioquia y Bolívar.
Las nuevas localidades incluidas son Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta en Córdoba; Cáceres, El Bagre y Nechí en Antioquia; y El Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar.
Los Grupos de Trabajo Municipal se encargarán de preparar las condiciones logísticas y administrativas de las ZUT y podrán proponer la creación de nuevas zonas, siguiendo los principios de gradualidad y progresividad.
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