Una alerta sobre el futuro pensional de millones de colombianos fue emitida recientemente por las agremiaciones Asofondos y Fasecolda. Las entidades advirtieron sobre los riesgos de un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda, el cual podría desfinanciar las jubilaciones y disminuir la protección para la población, afectando especialmente el monto de las mesadas.
El eje de la controversia se encuentra en la modificación de las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, que es el mecanismo mediante el cual se ajustan anualmente las pensiones para que no pierdan valor frente al salario básico.
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Consecuencias para el bolsillo de los trabajadores
De aprobarse la normativa tal como está planteada, las aseguradoras y fondos privados proyectan tres efectos negativos principales sobre el sistema:
- Se reducirían los montos de las prestaciones económicas que reciben los jubilados.
- Disminuiría el número total de personas que logran pensionarse, ya que muchos quedarían sin posibilidad de acceso al elevarse el capital exigido.
- Se debilitaría el seguro previsional, encargado de proteger a los afiliados frente a riesgos de invalidez y muerte.
Las pensiones afectadas son aquellas que dependen del mínimo. Foto:iStock
Actualmente, miles de ciudadanos que no alcanzan a cotizar las semanas requeridas logran pensionarse gracias a que han acumulado el dinero suficiente en su cuenta individual. Sin embargo, con el aumento en la exigencia de capital, esta puerta podría cerrarse para muchos.
Riesgo para el seguro de invalidez y sobrevivencia
Más allá de la pensión de vejez, la medida impactaría la cobertura de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS). Asofondos y Fasecolda señalaron que el mecanismo propuesto elevaría tanto los costos que el seguro previsional dejaría de ser viable comercialmente.
“Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, señaló Andrés Velasco.
Además, advirtió que para los casos de sobrevivencia e invalidez, la protección estaría en riesgo de desaparecer.
Si el sector privado deja de ofrecer este aseguramiento, la obligación recaería sobre el Estado, lo que generaría un hueco fiscal estimado en 2 billones de pesos en promedio durante los primeros 10 años. “Estos recursos podrían fortalecer programas solidarios como Colombia Mayor, u otras necesidades”, destacó Velasco, calificando la iniciativa como regresiva.
Ante la gravedad del diagnóstico, los gremios han solicitado al Ministerio de Hacienda la instalación de mesas técnicas para discutir a fondo los efectos del decreto. “Es indispensable evaluar cualquier modificación desde una perspectiva integral y sistémica”, aseguró Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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