Colombia
Defensoría del Pueblo planteó reparos a los compromisos suscritos entre el Gobierno y el Clan del Golfo en Catar
La Defensoría del Pueblo emitió una serie de observaciones que, en su opinión, deben ser tenidas en cuenta tras los compromisos firmados el 5 de diciembre entre el Gobierno nacional y el grupo armado conocido como Clan del Golfo.
El acuerdo, que fue anunciado desde Doha (Catar), fue recibido por la entidad con expectativas, aunque subrayó la importancia de clarificar aspectos operativos y territoriales relacionados con las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la protección de las comunidades en áreas priorizadas.
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En su declaración, la Defensoría expresó que estos compromisos se observan “con esperanza”, considerando que podrían extenderse a áreas donde la ciudadanía ha solicitado garantías para ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, la entidad elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer la implementación de lo acordado y a asegurar la protección de la población civil.
A través de un comunicado oficial, la Defensoría resume los puntos acordados entre el Gobierno y el grupo armado, que se identifica como “Ejército Gaitanista de Colombia”. En el documento, la entidad resaltó la existencia de un acompañamiento internacional fortalecido y la creación de un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación.
Entre los compromisos destacados, la Defensoría enfatizó: “El no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, además de la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra”, junto con medidas relacionadas con migración, protección de la naturaleza, respeto a los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el “respeto y no interferencia en la paz electoral en procesos políticos nacionales y territoriales”.
Un aspecto clave es el anuncio sobre el traslado progresivo de integrantes del grupo armado a Zonas de Ubicación Temporal. Según la Defensoría, esto podría representar un avance, pero requiere claridad sobre los objetivos, condiciones de funcionamiento y cronograma para que se traduzca en garantías reales para las comunidades y las víctimas.
La entidad advirtió que para el funcionamiento de las ZUT, se deben implementar medidas integrales de seguridad que prevengan la estigmatización o instrumentalización de las comunidades residentes en las áreas donde se lleven a cabo estos procesos. Además, en el comunicado se estableció que la protección de la población civil debe mantenerse “antes, durante y después del establecimiento de la zona”, con criterios diferenciales que incluyan mujeres, personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, pueblos étnicos y la niñez.
También, la Defensoría subrayó que las contribuciones tempranas a los derechos de las víctimas deben definirse bajo lineamientos jurídicos claros y con acompañamiento institucional, garantizando el principio de acción sin daño.
La Defensoría también incluyó recomendaciones adicionales dirigidas al Gobierno nacional, indicando que es esencial desarrollar procesos de pedagogía pública sobre el avance del proceso sociojurídico en los municipios priorizados, sobre todo en aquellos donde se planean ZUT. Por ello, .
Asimismo, se refirió a la participación de autoridades étnico-territoriales, indicando que los procesos de socialización y establecimiento de grupos de trabajo deben contar con su intervención efectiva y respetar sus sistemas de gobierno propios. En este sentido, la institución solicitó al Gobierno que responda a las reiteradas solicitudes de autoridades del Chocó.
En lo que respecta a los menores de edad, la Defensoría planteó la necesidad de activar un mecanismo rápido para garantizar la salida de todos los menores de 18 años que permanezcan en las filas del grupo armado. Entre los aspectos mencionados, el comunicado destacó que debe proporcionarse información disponible sobre menores fallecidos o reportados como desaparecidos debido a su vinculación con el conflicto, así como suspender prácticas asociadas al uso de menores para funciones en la estructura armada, incluso cuando permanezcan en sus hogares.
En la parte final del comunicado, la Defensoría instó al Gobierno nacional y al Congreso de la República a avanzar en un marco jurídico que dé sustento a este y a futuros esfuerzos en pro de la paz.
Según el comunicado, dicho marco debe “ampararse en la Constitución y ofrecer garantías tanto para las víctimas como para aquellos que buscan la paz”.
La entidad concluyó afirmando: “Nuevamente, la Defensoría se pone a disposición del espacio de conversación para acompañar, desde su autonomía e independencia, el cumplimiento de los compromisos alcanzados”.
