Colombia
Alcalde de Villamaría, Caldas, sorprendió a su novia antes de inscripción a la Cámara y ahora podría enfrentar problemas
En la mañana del viernes 5 de diciembre, se llevó a cabo la inscripción de la lista de candidatos del Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Caldas en la sede de la Registraduría departamental.
Durante el evento, la candidata Mariana Grajales Jaramillo estuvo acompañada por su madre y destacados miembros del partido, recibiendo un ramo de rosas junto a una tarjeta antes de formalizar su candidatura. Entre los asistentes, se encontraba el alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, quien le entregó el regalo y se retiró unos minutos después.
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Según reportó La Patria, Ramírez Zuluaga acudió para desearle suerte a Grajales Jaramillo, a quien identificó como su pareja en una conversación telefónica con el medio. “Simplemente le entregué el obsequio y me fui. No permanecí en el proceso de inscripción”, declaró el funcionario en sus comentarios al medio mencionado.
La inscripción de la candidatura estaba programada para las 10:00 a.m., aunque el equipo y seguidores de Grajales Jaramillo fueron convocados desde las 9:30 a.m. para ambientar el evento. Después de la breve aparición de Ramírez Zuluaga, el proceso continuó sin su presencia, aunque surgieron dudas sobre si su aparición en el acto político era adecuada.
Expertos consultados por el medio indicado afirmaron que la presencia de Ramírez Zuluaga podría considerarse una posible injerencia política, un hecho prohibido para los funcionarios públicos en funciones.
Los especialistas recordaron que la legislación colombiana impide a los servidores públicos, como alcaldes, participar en actividades políticas y en controversias electorales, de acuerdo con el artículo 127 de la Constitución Política y otras normativas disciplinarias.
De hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE) reiteró en un informe de 2022 que los funcionarios de alto rango no pueden participar en actos de partidos políticos ni usar su posición para favorecer o perjudicar a candidatos o agrupaciones. También está prohibido el uso de bienes y servicios estatales para respaldar campañas electorales.
En cuanto a Grajales Jaramillo, se destaca que nació en la vereda Villaflores de Villamaría, tiene 42 años y actualmente cursa el tercer semestre de Derecho. Según sus afirmaciones al medio, comenzó su carrera política en 2020 con su aspiración al Concejo Municipal. Durante la inscripción de su candidatura, estuvo acompañada por su madre, su hija y su nieta pequeña.
El alcalde de Villamaría anunció el sábado 29 de noviembre de 2025 que el Tribunal Superior de Manizales revocó la sanción de un día de arresto que le había sido impuesta por presunto desacato.
A través de las redes sociales de la Alcaldía de Villamaría, el mandatario local indicó que, tras revisar la decisión del juzgado, el alto tribunal concluyó que Ramírez cumplió con todas las acciones exigidas en la tutela planteada por un ciudadano.
“Gracias al soporte legal presentado, la autoridad superior determinó que no había motivo para una sanción y dejó sin efecto la medida”, anunció desde la Alcaldía.
Este proceso se originó tras un fallo en primera instancia que había impuesto un día de detención domiciliaria y una multa de $1.538.000 al alcalde, dado que se consideró que incurrió en desacato de una acción de cumplimiento relacionada con una tutela del 9 de mayo de 2025.
Se acusó a Ramírez de incumplir la sentencia sobre la resolución 021 de 2023, que ordenaba la demolición de construcciones de 50,74 metros cuadrados frente al parque Villa Diana, que se habían realizado sin la licencia de construcción correspondiente.
En su defensa, Ramírez explicó que la logística requería personal especializado y maquinaria, y que la intervención no era exclusivamente para dicha propiedad, sino que abarcaba otras diez construcciones realizadas sin el cumplimiento de los requisitos legales.
El mandatario aclaró que el municipio enfrenta “una problemática muy delicada” debido al alto número de edificaciones ilegales, y que junto al Comité de Control Urbano había ordenado la demolición de aproximadamente diez estructuras, cada una con su respectivo proceso logístico para la demolición y el manejo de los escombros.
