Colombia
Se cumple un año del asesinato de un psicólogo del Icbf durante una misión contra el reclutamiento infantil en Guaviare: habla su familia
El asesinato de Anderson Murillo, psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), mientras trabajaba en la prevención del reclutamiento infantil en Caño Cumare, San José del Guaviare, revela la vulnerabilidad de quienes se dedican a proteger a los menores en regiones con conflicto en Colombia.
Un año después del homicidio, el caso permanece sin resolver, y la región continúa siendo un centro de violencia por parte de grupos armados ilegales.
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Murillo, con apenas 22 años, inició su carrera en el Icbf tras graduarse en marzo de 2023. Su tarea era implementar campañas psicosociales en comunidades rurales para evitar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados.
La noche del 2 de diciembre de 2024, mientras se encontraba en una vivienda con tres colegas, un grupo armado entró y comenzó a disparar. Murillo, que se había ocultado detrás de una cortina de la ducha, fue asesinado sin que sus agresores verificaran su identidad.
El ataque también causó la muerte de tres hombres, incluido un menor de edad, mientras que una mujer resultó herida. Según la familia de Murillo, los atacantes preguntaron: “¿Hay alguien aquí, qué hacemos?”, y un compañero respondió: “Mátenlo”, según los informes recabados un año después por El Espectador.
Aún no se ha esclarecido quién estuvo detrás del crimen. La Corporación Amazonía Verde ha señalado a grupos paramilitares, pero las autoridades solo reconocen la presencia de disidencias de las Farc en la región, en particular las facciones lideradas por alias Iván Mordisco y “Calarcá Córdoba”. Este hecho es parte de un problema más amplio en Guaviare, donde la violencia armada y el reclutamiento de menores son amenazas constantes.
De acuerdo con cifras del Icbf citadas por El Espectador, hasta octubre de 2025, entraron 370 menores al programa de atención para víctimas de reclutamiento, con Guaviare figurando en el quinto lugar nacional con 22 casos. Sin embargo, la directora del instituto, Astrid Cáceres, admitió que estos datos son incompletos, y la verdadera magnitud del problema permanece incierta.
“En el caso de Anderson, hay circunstancias muy particulares relacionadas con enfrentamientos entre grupos armados en una vereda. Muchas veces nuestros funcionarios, junto con la Defensoría y las comunidades indígenas, ponen en riesgo sus vidas para rescatar a niños y niñas”, indicó Cáceres en una conversación con El Espectador.
La situación se complicó tras el bombardeo del 10 de noviembre de 2024 en Calamar, Guaviare, donde fallecieron siete menores reclutados, evidenciando la falta de información precisa y la fragmentación de la respuesta estatal.
Durante la administración de Gustavo Petro, se han realizado 13 bombardeos contra grupos armados, resultando en al menos 15 menores fallecidos como consecuencia de estas operaciones, de acuerdo con Medicina Legal. Iris Marín, defensora del pueblo, calificó estas muertes como un reflejo del “fracaso de nuestra política de prevención del reclutamiento” y destacó que en 2025 la Defensoría emitió 19 alertas sobre reclutamiento forzado, señalando que la coordinación institucional es aún insuficiente.
El homicidio de Murillo llevó al Icbf a implementar medidas de emergencia. En diciembre de 2024, la directora Cáceres ordenó el retiro de todo el personal del Guaviare hasta que se establecieran condiciones mínimas de seguridad. Además, la entidad ha fortalecido la colaboración con equipos de respuesta inmediata y mesas departamentales de prevención, integrando autoridades indígenas y construyendo rutas de protección que incluyen apoyo psicosocial, capacitación en rescate de emergencia, formación en derecho internacional humanitario y seguros de vida para los empleados y sus familias.
El impacto del crimen en la familia Murillo ha sido devastador. Luis Murillo, hermano de la víctima, compartió con El Espectador su confusión y dolor al recibir la noticia hace un año.
“Una joven me llamó llorando y me dijo: ‘Matamos a su hermano’. Me costó mucho creer que había muerto”, expresó.
La familia tuvo dificultades para recuperar el cuerpo debido a la falta de presencia de la Fiscalía en la región y la lentitud de la respuesta militar. Antonio Murillo, el padre de Anderson, recordó los esfuerzos de su hijo por construir un futuro para su familia.
“Antes de ser asesinado, estaba pagando dos lotes en San José del Guaviare para construir una casa para sus padres y otra para su pareja y su hijo. Ese era su sueño”, comentó el familiar al diario nacional.
El nacimiento de Anderson David, el hijo póstumo del psicólogo, marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la familia. “El papá tenía un carácter tan hermoso, no se enojaba. El niño es igual, no llora, no hace berrinches. Es una bendición de Dios”, dijo el abuelo.
Un colega del Icbf, que prefirió no ser nombrado, describió a Murillo como un joven apasionado por el trabajo comunitario, siempre dispuesto a aprender y comprometido con su labor, impulsado por sus raíces y el deseo de ofrecer alternativas a los niños de la región.
A pesar del tiempo transcurrido, la familia Murillo sigue exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen, ya que las autoridades no han avanzado en las investigaciones a pesar del material probatorio y los testimonios disponibles.
