Autoridades en Antioquia ajustan controles e inhibidores para enfrentar ataques con drones

Recientemente, el uso de drones armados en un área rural de Remedios ha llevado al desplazamiento de varias familias,

Este incidente ha elevado la preocupación de las instituciones, ya que estos dispositivos representan un peligro tanto para la población civil como para las fuerzas del orden en zonas donde la presencia de grupos armados es notable.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, citado por Blu Radio, detalló que los oficiales han adoptado técnicas operativas aprendidas en áreas donde esta táctica es más común.

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Según lo indicado, la experiencia adquirida en áreas como Cauca y El Catatumbo ha permitido fortalecer los protocolos diseñados para mitigar el uso de drones en ataques contra fuerzas policiales o comunidades rurales.

Los ajustes realizados incluyen una mayor recolección de datos y la instalación de inhibidores de señal, herramientas destinadas a minimizar el uso de drones por parte de grupos armados. El oficial mencionó que estas organizaciones están usando equipos capaces de soportar la carga de explosivos y operar en terrenos de difícil acceso para las autoridades.

Rico apuntó que los dispositivos recuperados presentan modificaciones que mejoran tanto la autonomía como la capacidad de carga.

En este contexto, el coronel destacó: “Estamos al tanto de que los grupos criminales están utilizando no cualquier dron, sino equipos certificados, incrementando la autonomía de vuelo y la capacidad de carga para transportar explosivos.”

Estas adaptaciones demandan ajustes permanentes a los mecanismos de prevención en áreas vulnerables.

Otra de las medidas mencionadas por el comandante es el refuerzo de la trazabilidad comercial. Aunque no hay restricciones legales para la compra y venta de drones en el país, las autoridades están investigando la cadena de importación de los equipos encontrados en operaciones, con el fin de entender cómo llegan a manos de grupos armados en el noreste antioqueño.

Este proceso implica revisar la información sobre las partes compradas, la documentación de importación y los elementos recuperados después de los ataques.

A este respecto, señaló: “Lo que hacemos es una investigación sobre estos elementos encontrados tras acciones criminales, y utilizamos inteligencia policial para verificar la información de quienes importan partes, así como los datos de las personas que introducen estos equipos al país, lo que nos ayuda en nuestras investigaciones.”

El uso ofensivo de drones ha generado alerta en organizaciones sociales que supervisan los efectos del conflicto armado en Antioquia. Estas organizaciones han señalado que los grupos ilegales cada vez más utilizan esta táctica debido a su capacidad para causar daño sin poner en riesgo a sus operadores, además de la facilidad para adquirir equipo a través de internet o distribuidores autorizados.

Las autoridades locales sostienen que el aumento en el comercio de estos dispositivos y su adaptación para actividades ilícitas requieren mejorar los mecanismos de inteligencia, los procesos de seguimiento técnico y la colaboración con otras instituciones encargadas del control de material bélico. Esto incluye analizar patrones de compra, establecer conexiones entre importadores y operadores ilegales, y recopilar datos sobre el uso sistemático de explosivos transportados por drones.

En Antioquia, se han registrado múltiples incidentes recientes donde los drones han sido utilizados para hostigar a unidades policiales y comunidades. Estos eventos han llevado a las autoridades a priorizar el monitoreo de áreas donde se han observado movimientos de grupos armados, así como a reforzar la presencia de equipos especializados capaces de seguir rutas de vuelo, recuperar restos de dispositivos derribados y establecer vínculos entre los materiales utilizados y redes criminales locales.

El comandante Rico agregó que los equipos técnicos siguen investigando los drones confiscados para obtener información que ayude a prever nuevos riesgos. La meta es consolidar una respuesta más ágil en zonas donde el uso de estos dispositivos pueda comprometer la seguridad de los residentes, especialmente en áreas rurales afectadas por disputas entre grupos armados.