El Congreso de Colombia inscribe candidatos investigados por corrupción: manchados los partidos Conservador, Liberal, de la U, ASI y Pacto Histórico

Varios candidatos vinculados a la investigación del Congreso de Colombia, incluyendo actuales legisladores y exsenadores, han presentado su inscripción para las próximas elecciones legislativas, a pesar de estar bajo investigación judicial por supuestos actos de corrupción y otras irregularidades.

Este asunto, destacado por El Tiempo, ha suscitado polémica y dudas sobre la validez de sus candidaturas, en un entorno donde la transparencia y la integridad del proceso electoral son objeto de escrutinio.

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El fenómeno de los candidatos investigados no se limita a un único partido o ideología política.

Las listas de los aspirantes a la Cámara y al Senado incluyen a representantes de los partidos Conservador, Liberal, Pacto Histórico, Alianza Social Independiente (ASI) y la U.

Mientras algunos enfoques se centran en la inclusión de personalidades mediáticas o familiares de exmandatarios, tanto el Gobierno como la opinión pública en su conjunto se fijan en aquellos que están bajo investigación judicial o han sido implicados en indagaciones recientes.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue uno de los primeros en expresar su inquietud.

Carrillo definió como “una vergüenza para el país” la inscripción de cuatro congresistas acusados de participar en el presunto desfalco a esa entidad.

Según declaraciones recogidas por El Tiempo, Carrillo mencionó directamente a Elías Chagüi (la ‘U’), Martha Peralta (Mais), Wadith Manzur (Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), todos en el centro de la controversia.

Uno de los casos más destacados es el de Wadith Manzur, representante a la Cámara que busca un escaño en el Senado. La Corte Suprema lo está investigando por presuntas presiones a una exasesora del Ministerio de Hacienda para favorecer contratos de interés personal.

Manzur defendió su posición ante El Tiempo: “La justicia tiene la prerrogativa de investigar, y en este país existe la presunción de inocencia, que muchos actores de la esfera pública intentan socavar.” Además, destacó que no hay acusaciones directas de apropiación indebida en su contra y cuestionó la veracidad de las declaraciones que lo involucran.

Martha Peralta, senadora del partido Mais, también es mencionada por su supuesta participación en la asignación de contratos de la Ungrd vinculados a maquinaria y programas sociales.

Peralta respondió a las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Si el director (Carlos Carrillo) tiene algo que agregar, que lo haga, no temo nada, mi actuación ha sido transparente. A él también lo mencionan los encargados actuales de la Ungrd.”

Berenice Bedoya, senadora de la ASI, negó tener investigaciones formales en su contra y atribuyó los señalamientos a intentos de desviar la atención de otros problemas: “Ni siquiera tengo una investigación abierta. Considero que esto es un intento de ocultar sus propios errores.” Bedoya afirmó que persistirá en su aspiración al Senado y que colaborará con las autoridades si es requerida.

Elías Chagüi, candidato del partido de la ‘U’, ha sido señalado como potencial intermediario en el esquema de corrupción de la Ungrd. Chagüi cuestionó la credibilidad moral de quienes lo acusan y criticó la gestión de Carrillo: “Él no tiene autoridad para juzgar, creen que la justicia se mide en ‘likes’”, declaró a El Tiempo.

Otro caso significativo es el de David Barguil, exsenador y líder de la lista del Partido Conservador al Senado. La Corte Suprema lo investiga por supuestas gestiones indebidas ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer contratos en la alcaldía de Galeras, Sucre, durante 2017 y 2018.

Su abogado, Darío Bazzani, informó que la etapa de investigación ha concluido y que la defensa ha presentado pruebas que desvirtúan los señalamientos: “Estamos en espera de una decisión de la Sala de Instrucción.” Bazzani enfatizó que una investigación en curso no impide que su cliente se inscriba ni sea elegido.

En el caso de John Besaile, senador de ‘la U’ y hermano del exsenador condenado Musa Besaile, las indagaciones se centran en presunta falsedad ideológica en documento público durante su tiempo como secretario del Interior de Córdoba y en el supuesto desvío del cauce de una ciénaga para beneficio personal.

Carlos Gómez Pajeau, abogado de Besaile, comunicó a El Tiempo que ya se presentaron pruebas de descargo y que esperan una decisión favorable: “Estamos a la espera de que se emita una sentencia, pero todo parece indicar hacia la absolución.”

Gómez Pajeau aseguró que ningún proceso en curso excluye a Besaile de postularse nuevamente al Congreso, ya que una posible condena en primera instancia no sería definitiva.

Wilmer Carrillo, senador investigado por presunta solicitud de sobornos en la contratación del hospital de Ábrego, Norte de Santander, también está entre los candidatos bajo observación. Su abogado, Oswaldo Medina, declaró que el caso aún está en fase de investigación y que no se ha comenzado ninguna investigación formal respecto a otras declaraciones relacionadas con corrupción en Invías.

Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico, ha sido citado por la Corte Suprema para brindar su versión sobre la presunta financiación irregular de su campaña. Flórez afirmó al medio mencionado que no enfrenta ningún proceso que obstaculice su postulación:

“En mi caso, no estoy inhabilitado, ya que no soy indiciado, ni imputado, y mucho menos condenado por ningún proceso que pueda estar relacionado, y mucho menos por financiación indebida de campaña.”

Los abogados defensores y los propios candidatos enfatizan la presunción de inocencia y la legalidad de sus candidaturas. Argumentan que mientras no haya una condena firme, no existe impedimento jurídico para participar en las elecciones.