Economia
Asofondos y Fasecolda advierten que cambios a la cobertura del salario mínimo afectaría tanto las pensiones como los seguros
Los gremios de los fondos de pensiones privados (Asofondos) y del sector asegurador (Fasecolda) hicieron un llamado al Ministerio de Hacienda para abrir una mesa técnica de discusión frente al proyecto de decreto que modifica el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, al considerar que la propuesta podría tener efectos negativos sobre los trabajadores y los futuros pensionados.
Si bien valoraron la comunicación oficial del Gobierno, en la que se aclara que la iniciativa no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez, sobrevivencia o vejez, los gremios advirtieron que, en la práctica, el cambio trasladaría costos relevantes al sistema y a los afiliados.
Según dichos gremios, los impactos se concentrarían en tres frentes: menos personas que lograrían pensionarse, mesadas más bajas y el riesgo de desfinanciar la prima del seguro previsional.
LEA TAMBIÉN
En el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, los gremios señalaron que, aunque el Ministerio asegura que las exigencias de capital no aumentarán, el nuevo esquema sí elevaría de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional. Este incremento podría llevar la prima por encima del límite legal del 3 por ciento de la cotización, lo que haría inviable la cobertura de riesgos de incapacidad y muerte.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Foto:Asofondos
De ocurrir esto, advirtieron, quedaría comprometida la protección que hoy ampara a cerca de 20 millones de trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual (Rais), quienes dependen de este seguro para garantizar el respaldo en casos de contingencia grave.
Sobre las pensiones de vejez, Asofondos y Fasecolda reconocieron la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), que cubre a quienes no alcanzan el capital exigido siempre que cumplan con 1.150 semanas de cotización. Sin embargo, alertaron que existe un grupo importante de afiliados que, bajo las reglas actuales, puede pensionarse de forma anticipada, sin recurrir al FGPM ni exigir las semanas mínimas, gracias a que logran autofinanciar su renta vitalicia.
Con la modificación propuesta, señalaron que decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar por más tiempo para poder acceder a una pensión o verse obligados a aceptar mesadas menores a las que obtendrían con el esquema vigente.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Foto:Fasecolda
“La discusión no es si los costos desaparecen, sino quién los asume”, plantean los gremios. Según explicaron, la reducción de la cobertura estatal frente a los aumentos del salario mínimo implicaría que una parte de ese mayor costo recaiga sobre el seguro previsional —volviéndolo potencialmente inviable— y otra parte se traslade directamente a los trabajadores que buscan pensionarse, quienes deberán ahorrar más o recibir menores ingresos en su jubilación.
Frente a este escenario, respaldaron la disposición del Ministerio para revisar el proyecto y reiteraron la necesidad de una mesa técnica que permita exponer a detalle los efectos sobre invalidez, sobrevivencia y vejez; analizar alternativas que aseguren la sostenibilidad del sistema sin desmontar los mecanismos de protección actualmente vigentes, y evitar impactos regresivos que terminen perjudicando a los trabajadores.
LEA TAMBIÉN
El Ministerio de Hacienda ha explicado que la propuesta busca actualizar la gestión del riesgo asumido por las aseguradoras, modificar la forma de pago para proteger la sostenibilidad fiscal y simplificar trámites operativos. Además, aclaró que la medida solo aplicaría para nuevos contratos de renta vitalicia suscritos a partir de 2027, y que los afiliados actuales no se verían afectados.
Sin embargo, para los gremios, estas precisiones no disipan las preocupaciones de fondo. Insisten en que sin una revisión técnica conjunta podrían generarse efectos no deseados sobre la protección de los trabajadores y el acceso a una pensión adecuada, razón por la cual consideran imprescindible abrir el espacio de diálogo especializado antes de avanzar en la expedición del decreto.
