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El deterioro de las finanzas públicas ha llevado al Gobierno a buscar una y otra vez la manera de conseguir más recursos para poder financiar sus gastos. Incluso, antes de hundirse su última reforma tributaria por 16,3 billones de pesos –situación que se materializó el martes–, el presidente Gustavo Petro amenazó con decretar una emergencia económica.
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Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:Minhacienda
Sin embargo, la necesidad del Ejecutivo de obtener más recursos no es nueva. El Ministerio de Hacienda lleva dos años presentando un Presupuesto General de la Nación desfinanciado y atado a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento o tributaria. El del 2026 –el cual estaba en debate en el Congreso– tiene un faltante de 16,3 billones de pesos, que se tendrían que recortar el próximo año.
Aunque expertos aseguran que lo que realmente debería hacer el Gobierno es ‘apretarse el cinturón’ y revisar su gasto, sobre todo el de funcionamiento, el Ejecutivo insiste en obtener más recursos, para lo que en los últimos meses ha propuesto varias medidas que le permitirían ‘echarle la mano’ o dejar de aportar en algunos rubros.
Traslado de utilidades
Se generó ruido hace unos días cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, le pidió al Fondo Nacional del Ahorro que entregue parte de sus utilidades para financiar el presupuesto, así como ya lo hacen el resto de las entidades del Grupo Bicentenario tales como el Banco Agrario o Bancóldex, entre otras.
La cuestión es que hasta ese momento la entidad, que tiene entre sus funciones administrar cesantías o dar créditos hipotecarios, no entregaba sus utilidades, sino que las reinvertía para fortalecer su patrimonio en busca de proteger el ahorro de los trabajadores, como especifican sus estatutos, algo que según Ávila no debería suceder.
“Se ha generado una acumulación de reservas exageradas que permite empezar a transferir recursos desde este año. Sus utilidades son parte del presupuesto público para financiar cada una de las vigencias”, manifestó el funcionario en su momento.
Pese a ello y tras un largo debate entre los miembros de la junta, estos decidieron en una votación de cuatro a dos traspasar finalmente una parte de sus utilidades al Gobierno. En total, se estima que sus reservas acumuladas llegan a alrededor de 800.000 millones de pesos. Esta decisión no cayó bien entre diferentes sectores, los cuales han mostrado su preocupación por lo que pueda llegar a pasar con el dinero de las cesantías de los trabajadores que tiene el Fondo.
Fondo Nacional del Ahorro. Foto:X: @FNAahorro / Canva
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Control del Fondes
También trascendió que el ministerio busca asumir el control de unos 5,6 billones de pesos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) con el objetivo de financiar diferentes iniciativas. A través de un borrador de decreto, se propuso que el Gobierno sea el administrador de los recursos de este fondo, el cual hoy pertenece a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y se creó como un patrimonio autónomo público destinado a financiar grandes proyectos de infraestructura.
Según el centro de estudios económicos Anif, este fondo cuenta con activos de 4,1 billones de pesos y recursos líquidos de 1,5 billones de pesos. “Se eliminaría el filtro técnico que aportaba la FDN y se aumentaría el riesgo de que el Fondes se convierta en una bolsa de recursos para cubrir necesidades fiscales del Gobierno, en un contexto de déficit creciente”, alertó.
Recursos de pensiones
En medio de la situación fiscal que afronta el país, un nuevo proyecto de decreto por medio del cual el Gobierno buscaría reducir los recursos para las pensiones mínimas ha generado polémica entre fondos privados, aseguradoras y afiliados.
El Minhacienda publicó este proyecto en el cual propone modificar el mecanismo de cobertura del deslizamiento del mínimo, el cual garantiza que las pensiones de la población más vulnerable vayan creciendo año a año al ritmo de ese salario. Lo que se propone es que el Estado dejaría de asumir una parte de ese ajuste anual, por lo que esa mayor carga se trasladaría a los futuros pensionados.
Pensiones. Foto:iStock
Tanto Asofondos como Fasecolda han alertado por los efectos adversos que podría llegar a tener esta decisión que no solo reduciría el número de pensionados, también el monto de las mesadas y, sobre todo, comprometería las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Según sus estimaciones, llevaría a que las personas tengan que aportar cerca de un 30 por ciento más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia. “Menos colombianos lograrían pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas”, advierten.
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Vigencias futuras
Han sido varias las ocasiones en las que el Presidente ha hablado abiertamente de su intención de utilizar el dinero de las vigencias futuras, las cuales son un instrumento financiero que permite a las entidades públicas contraer compromisos de gasto en vigencias fiscales posteriores a la actual para poder financiar proyectos que se ejecutan en varios años.
De hecho, en julio se publicó un borrador de decreto para modificar su distribución y buscar que el Gobierno pueda distribuir los recursos ya aprobados en el esquema de asociaciones público-privadas, lo que generó preocupación ante los riesgos legales, constitucionales y financieros que representa.
Finalmente, este salió pero con un ajuste que a los expertos les parece fundamental y es que la reprogramación no se puede hacer de forma unilateral por parte del Ejecutivo, sino que debe mediar un acuerdo con la contraparte.
Hace unos días, el Mandatario también aseguró que si el Congreso no aprueba su tributaria el único recorte de gasto posible que ve sería el de la inversión en carreteras 4G. “Es el único recorte posible. Eso desploma la economía”, aseguró a través de su red social X.
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