Sanciones en propiedad horizontal: los dueños de mascotas enfrentan multas y obligaciones estrictas

En las propiedades horizontales del país, la existencia de mascotas ha dado lugar a diversas regulaciones que buscan mantener la armonía entre los residentes.

De acuerdo con información publicada por Revista Semana, las normativas internas de los conjuntos son fundamentales para regular la convivencia, estableciendo criterios claros sobre la tenencia de mascotas en áreas comunes, el comportamiento requerido de los propietarios y las sanciones por incumplimiento de estas reglas.

Dichas normativas, concebidas bajo la legislación de propiedad horizontal, delimitan pautas sobre la movilidad, vigilancia y cuidados que deben asegurar quienes tienen animales.

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En este contexto, los conjuntos residenciales establecen reglas específicas para regular el movimiento de las mascotas y reducir situaciones que puedan incomodar a los vecinos. Es vital que los residentes comprendan los derechos y responsabilidades establecidos en estos reglamentos, que tienen como finalidad preservar la seguridad, limpieza y tranquilidad en las áreas compartidas. En estos espacios, los propietarios deben asegurarse de que sus animales actúen adecuadamente y prevenir incidentes que puedan afectar a los demás.

Las administraciones pueden implementar medidas disciplinarias si se determina que las normas internas han sido vulneradas. Las sanciones económicas pueden alcanzar hasta el equivalente al canon de arrendamiento, siendo esta la cifra máxima permitida, aunque no se permiten multas que superen este límite. En cada situación, la administración debe apoyarse en el reglamento de propiedad horizontal para decidir la sanción apropiada y notificar al residente infractor.

Adicionalmente, el Código Nacional de Policía y Convivencia detalla un conjunto de obligaciones complementarias. En su artículo 126, este código establece que quienes poseen animales deben asegurarse de que estos no representen un riesgo para otras personas ni perturben el orden en espacios compartidos. El documento exige que los perros sean transportados con collar y correa, y que aquellos considerados de razas categorizadas como de manejo especial utilicen bozal mientras se encuentren en áreas públicas o comunes.

Entre las disposiciones más importantes, se encuentran las multas tipo 1, que equivalen a unos $130.000, y las multas tipo 2, que rondan los $260.000. Para los animales clasificados como potencialmente peligrosos, la falta de correa o bozal puede dar lugar a medidas adicionales, incluyendo la retención preventiva del animal o sanciones económicas superiores. Estas acciones buscan asegurar que los propietarios mantengan el control sobre sus mascotas y eviten riesgos en áreas comunes.

En los conjuntos residenciales, una de las infracciones más comunes es permitir que los animales circulen sin correa en áreas comunes. Si esta situación resulta en daños a bienes o personas, la responsabilidad recae en el dueño del animal, quien debe hacerse cargo de las consecuencias del incidente. Los reglamentos internos suelen especificar los casos en que se pueden aplicar estas sanciones, para asegurar claridad entre los residentes.

Otra conducta recurrente es no recoger los desechos de las mascotas, una práctica que está regulada tanto por los conjuntos como por el Código de Policía. Las reglas obligan a los propietarios a llevar bolsas para recoger los excrementos y depositarlos en los recipientes autorizados. Esta medida busca prevenir problemas de higiene en andenes, zonas verdes y otros espacios de uso común. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en advertencias o sanciones, dependiendo de la reincidencia.

En caso de incidentes que involucren ataques por parte de animales, los propietarios deben notificar a las autoridades competentes para que se determinen los procedimientos pertinentes. Una comunicación oportuna permite que las instituciones evalúen la situación y tomen las medidas legales adecuadas, que pueden incluir análisis del comportamiento del animal o sanciones para el propietario.

Las leyes vigentes, como ha sido reportado en Revista Semana, constituyen un conjunto de herramientas que orientan a los propietarios en la tenencia responsable de sus animales en la propiedad horizontal. Estas regulaciones buscan facilitar la convivencia y evitar conflictos entre los residentes, subrayando que el respeto a las normas contribuye al funcionamiento adecuado de las comunidades residenciales.