El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha publicado un borrador de decreto que afectaría gravemente al servicio de arrendamiento temporal de viviendas turísticas vía aplicaciones, como Airbnb, al introducir requerimientos de imposible cumplimiento técnico y jurídico que entrarían en vigor sin un período de transición desde este 18 de diciembre.
La denuncia, hecha por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT, advierte que la normatividad propuesta ordena una ‘licencia de facto’ de carácter mercantil a todos los dueños de viviendas turísticas no hoteleras, con cargas de muy complejo cumplimiento, así como cambios en las reglas de juego del Registro Nacional de Turismo (RNT).
La CCIT advierte que el proyecto pretende transformar el actual sistema declarativo —que ha permitido que el 95% de las viviendas para uso turístico hoy estén formalizadas y registradas— en un sistema de “preverificación” administrativa.”La iniciativa crea una ‘licencia de facto’ a la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley”, señala la CCIT.
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Foto:Airbnb
Entre estas cargas, se exige a las plataformas que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal contemplan el servicio de llegada temporal, requisitos que hoy no son exigidos por la Ley 2068 de 2020.Además, el decreto pretende trasladar responsabilidades del Estado a las empresas privadas.
Las plataformas tendrían que “verificar cada seis meses la vigencia del RNT, supervisar que no existan anuncios repetidos y garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales aún no implementadas”, advierte la CCIT.
Grave golpe al turismo emprendedor
Según Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, “las plataformas de turismo generan mas de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país. Estas apps impulsan las economías locales, el ecoturismo, el agroturismo ya las comunidades de todo el país.
Por cada 10 dólares que se destinan al alojamiento vía app, el turista, genera 48 dólares adicionales en sectores como la gastronomía, el comercio, el entretenimiento y el transporte en las comunidades que visita”. En 2024, los viajeros de vivienda turística inyectaron 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones en transporte.
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Foto:iStock
Impacto en las regiones y la clase media
El gremio enfatiza que las plataformas han sido un “aliado estratégico” para llevar visitantes a más de 600 municipios, muchos de ellos zonas rurales y territorios PDET que carecen de infraestructura hotelera tradicional.
Restringir esta actividad afectaría a los pequeños prestadores. “Imponer costos y requisitos propios de comerciantes a pequeños prestadores excluiría a miles de familias de clase media que dependen de este ingreso para conservar su vivienda. La mitad de los anfitriones son muejres y el 15% son adultos mayores”, advierte la CCIT.
El resultado, según el análisis gremial, sería contraproducente: al concentrar la oferta en grandes operadores, se empujaría a los pequeños proveedores hacia la informalidad, eliminando la trazabilidad y seguridad que hoy ofrece el ecosistema digital.
De otro lado, la CCIT denunció un vicio en el proceso: los gremios que representan a las plataformas y los pequeños prestadores fueron excluidos de las mesas de discusión, mientras que otros sectores sí fueron convocados.
Además, critican que la norma fue publicada “sin análisis de impacto jurídico ni económico”, incumpliendo las normas de técnica normativa del país.
Ante el riesgo de un apagón digital para el turismo este diciembre, el sector hace un llamado urgente al Gobierno para abrir espacios de diálogo técnico y evitar una regulación que, en lugar de ordenar, podría destruir un motor de desarrollo que trajo casi 7 millones de visitantes al país en 2024.
