Colombia
Petro tendrá que retractarse por sus señalamientos contra la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez por presuntos vínculos con el narcotráfico
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha confirmado la orden exigiendo al presidente, Gustavo Petro, a retractarse públicamente de sus afirmaciones hechas en redes sociales sobre la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, acusándola de tener como “socios comerciales” a un “narcotraficante y paramilitar”.
Esta resolución, resultado de una acción de tutela presentada por la defensa de Ramírez, enfatiza la necesidad de que el presidente corrija sus declaraciones a través del mismo medio que utilizó para hacerlas, dada la importancia del daño reputacional y moral ocasionado por sus comentarios.
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En el fallo de 25 páginas, el tribunal ha revocado la orden anterior que prohibía a Gustavo Petro realizar futuras publicaciones sobre Ramírez en redes sociales, medios de comunicación o discursos públicos.
El tribunal manifestó que una limitación de este tipo sería inapropiada, dado que el presidente debe mantener toda la dignidad, los poderes y las competencias constitucionales conferidas por los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, sin perder de vista los límites y principios establecidos por la jurisprudencia. Según el tribunal, esta medida busca no afectar la deliberación democrática y proteger la función de orientación política inherente al cargo presidencial.
La defensa de Marta Lucía Ramírez afirmó en una entrevista con Semana que la declaración provino de la máxima autoridad del Estado y “constituye una imputación falsa y lesiva, relacionando a la señora con actividades delictivas y con una persona conocida por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, lo que representa una campaña de desprestigio que comenzó en 2020 y ha generado consecuencias tangibles, incluyendo agresiones verbales en lugares públicos”. La tutela presentada por Ramírez solicitaba la protección de sus derechos al buen nombre y honra, además de considerar la libertad de expresión del presidente.
El tribunal hizo hincapié en que la corrección no busca penalizar la expresión política, sino recordar que, aún en contextos de confrontación pública, las afirmaciones que parecen describir hechos verificables deben tener fundamento o, de lo contrario, ser aclaradas si generan percepciones erróneas que puedan dañar a una persona en particular. Por lo tanto, Gustavo Petro deberá retractarse utilizando el mismo canal en el que emitió las acusaciones.
La publicación original de Gustavo Petro consiguió alrededor de 263,000 visualizaciones, 2,000 reposteos, 7,000 likes y 790 comentarios, muchos de los cuales interpretaron literalmente su afirmación, atribuyendo a Ramírez conexiones con organizaciones criminales. Este impacto en la percepción pública fue considerado por el tribunal como evidencia del daño reputacional y moral causado por las declaraciones del presidente.
La Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia ha ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente tras insinuar, durante la crisis humanitaria en el Catatumbo, una supuesta colaboración del personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, con el ELN. Esta decisión judicial se basa en la preocupación por el impacto que tales declaraciones han tenido sobre la seguridad y la integridad del funcionario y su familia, exponiéndolos a riesgos adicionales en un contexto donde la protección estatal puede resultar insuficiente.
El fallo estipula que el presidente Petro debe realizar la corrección en su primera alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de la decisión. El texto del dictamen es claro: “ORDENAR al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que en la inmediata y siguiente alocución presidencial o intervención televisiva posterior a la notificación de esta decisión, realice la rectificación correspondiente en relación con las manifestaciones efectuadas el 21 de abril de 2025”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también deberá retractarse por haber replicado y amplificado las afirmaciones del presidente en su cuenta de X, donde describió como “sospechosas” las denuncias del personero sobre excesos de la Fuerza Pública contra ciudadanos.
Según la Sección Tercera del Consejo de Estado, las declaraciones de Petro y Benedetti carecieron de fundamento y afectaron el nombre y honor de la institución que representa el personero de Ocaña. El tribunal subrayó que tales afirmaciones agravaron la situación de seguridad del funcionario y de su familia.
El fallo indica: “No hay elementos que justifiquen calificarlo como ‘sospechoso’ o insinuar que sus acciones respondan a intereses distintos de los propios de su labor pública, la cual está orientada al servicio de la ciudadanía y se ajusta a los principios constitucionales que rigen las personerías en Colombia”.
