Piden a la Corte Suprema de Justicia rechazar tutela para frenar la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por narcotráfico

El caso de extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá y presunto líder de la organización criminal La Inmaculada, se encuentra en un nuevo desarrollo tras la acción de tutela interpuesta por el mismo Marín Silva para evitar su entrega a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo buscan por tres delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha dado luz verde a su extradición.

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En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen favorable a la extradición de Marín Silva. Según el propio acusado, este dictamen habría afectado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, motivo por el cual acudió a la tutela con el fin de revocar la decisión de la Corte.

Sin embargo, el magistrado Gerson Chaverra, quien formaba parte de la Sala y fue responsable de la ponencia que llevó al dictamen favorable, solicitó que se desestimen las pretensiones del demandante. Chaverra argumentó que la acción de tutela carece de fundamento, porque, en su opinión, no hubo vulneración de derechos y respaldó la decisión adoptada en noviembre, que autorizó la entrega de Marín Silva a las autoridades estadounidenses.

“El dictamen de extradición emitido por esta Corporación, como se deja entrever en las consideraciones que lo sustentan, se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales actuales, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva. Por lo tanto, la protección constitucional solicitada por el demandante no tiene posibilidades de éxito”, se dice en el documento.

El documento firmado por el presidente Gustavo Petro establece claramente: “Conceder la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América”. Esta resolución se suma al dictamen de la Corte Suprema, que, según el magistrado Chaverra, “se ajusta a la normativa aplicable y a los criterios jurisprudenciales vigentes, lo que descarta la vulneración de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Marín Silva”.

Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aclaró sobre el estado actual de las conversaciones: “Estamos en las fases iniciales de caracterización de los miembros de ‘La Inmaculada’, aún no hemos tenido reuniones con ellos”, afirmó el funcionario, enfatizando que el proceso se halla en una etapa preliminar de identificación y análisis de los integrantes de la banda.

Con respecto a las condiciones expuestas por Pipe Tuluá para iniciar diálogos con el Gobierno, Lemus detalló a El Tiempo: “Él nos comunicó que, para dialogar con el Gobierno y entregar a jóvenes y armas que tiene su organización, solo solicita ser trasladado a la cárcel de Tuluá, lugar donde tiene arraigo”. Sin embargo, Lemus subrayó que, hasta ahora, no ha habido ningún traslado y que el líder de la organización permanece en la misma prisión.

Sobre la posibilidad de detener la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, Lemus indicó al medio citado: “Nos expresó que enfrentará su extradición a Estados Unidos. Este tema avanza y él permanece en la cárcel donde estaba. No ha habido un traslado”.

Por su parte, la abogada de Pipe Tuluá, Angélica Martínez, manifestó al mismo medio que, según su perspectiva, el proceso de paz debe tener prioridad sobre la extradición. Según Martínez, “El Gobierno está asumiendo un compromiso con las víctimas. Es decir, las víctimas del conflicto urbano de la Inmaculada no deben ser revictimizadas por el Estado al no permitir que obtengan la verdad que el señor Andrés Felipe Marín Silva tiene por contar. Para mí, la resolución de paz tiene preferencia”.

Al respecto, Martínez subrayó la importancia de la presencia del líder en cualquier mesa de negociación, al afirmar: “No hay ninguna mesa en el país en la que su líder, su cabecilla o jefe no esté presente”.