Denuncian a la senadora Isabel Cristina Zuleta ante la Corte Suprema por presunta interferencia en operativos militares: “Ni Piedad Córdoba se atrevió a tanto”

La senadora Isabel Cristina Zuleta, parte del Pacto Histórico, se encuentra formalmente en el centro de una nueva controversia judicial tras la presentación de una denuncia penal en su contra ante la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia fue interpuesta por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, basándose en informaciones divulgadas por Semana, donde altos mandos de la Fuerza Pública la acusan de presuntas interferencias en operaciones contra grupos criminales en Antioquia.

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Esta denuncia añade un nuevo capítulo complicado a la situación legal de la congresista, que ya enfrenta varias investigaciones, tanto penales como disciplinarias y administrativas, además de un procedimiento en el Consejo de Estado que evalúa una posible pérdida de investidura, según el mencionado medio.

Hasta el momento no hay una imputación formal ni decisiones definitivas en su contra, pero las autoridades están evaluando si su comportamiento podría constituir delitos como abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.

El caso ha cobrado más atención tras testimonios de ocho generales del Ejército Nacional y de la Policía, cinco de ellos en servicio activo y tres retirados, quienes afirmaron haber recibido llamadas, mensajes y solicitudes directas de la senadora, junto con familiares y asesores cercanos, para frenar o cuestionar operaciones militares y policiales en municipios clave como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.

Según los testimonios de los oficiales, estas intervenciones habrían tenido un impacto negativo en las acciones contra grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales en la región.

Además, el alcalde “Fico” Gutiérrez también ha confirmado que la Corte Suprema de Justicia está al tanto de las denuncias presentadas.

Uno de los episodios más críticos sucedió el 17 de julio de 2023 en Ituango, la tierra natal de Zuleta. Ese día, en medio de enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, la senadora habría contactado a un oficial pidiendo la suspensión del combate, argumentando que las tropas estaban atacando a mineros.

Los informes militares indican que las personas que se identificaron como mineros estaban armadas, vestían prendas de uso exclusivo de la Fuerza Pública y estaban acompañadas por menores de edad. El enfrentamiento resultó en la muerte de dos soldados, la neutralización de un cabecilla y la entrega de tres adolescentes armadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Ese día, Johan Edisson Giraldo, un asesor de la senadora, también habría contactado a un general para advertir sobre supuestos civiles perseguidos por las fuerzas y pedir precaución en el procedimiento. Para los oficiales que dieron testimonios, el objetivo principal de estas comunicaciones era detener el avance de la operación militar.

Las denuncias no se limitan a este incidente. Según los testimonios recopilados, el círculo de Zuleta también ha cuestionado la actuación de la Fuerza Pública frente a la incursión del Clan del Golfo en Briceño, así como otros operativos en Amalfi relacionados con minería ilegal, donde se confiscaron dragas y maquinaria pesada.

En esos casos, la congresista mostró descontento con las acciones policiales y planteó dudas sobre la implicación de grupos armados ilegales en las investigaciones.

Otro aspecto de la denuncia se refiere al “tarimazo” de julio de 2025, cuando líderes de organizaciones criminales fueron trasladados desde la prisión de Itagüí a un evento público. Las autoridades investigan si Zuleta tuvo un papel clave en esta gestión, a pesar de no contar con competencias legales claras ni autorización válida del Inpec, lo cual está siendo examinado por el Consejo de Estado en relación con la posible pérdida de su investidura.

El concejal Alejandro de Bedout, al anunciar la denuncia ante la Corte Suprema, describió los acontecimientos como “muy graves” y afirmó que no debería permitirse que los congresistas interfieran en el trabajo de la Fuerza Pública. En un mensaje compartido en la red social X, declaró que Zuleta no es una víctima ni una figura ingenua, sino que es una dirigente política que, según él, habría ayudado a estructuras criminales bajo el lema de la paz total.

A esta situación se suma un reciente antecedente: en noviembre de 2025, Zuleta se retractó públicamente de sus declaraciones que vinculaban al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la Oficina de Envigado, en el contexto de un proceso por injuria iniciado por él.

En su defensa, la senadora ha afirmado que sus acciones están dentro de su rol como controladora política y defensora de derechos humanos. Ha indicado desde su cuenta de X que siempre ha exigido que las operaciones militares y policiales se realicen conforme a la ley, respetando el principio de distinción y evitando impactar a la población civil. También ha subrayado que la Fuerza Pública no puede subordinar su accionar a denuncias formales de comunidades que padecen violencia.