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Muy pocos pensaban que la iniciativa tenía posibilidades de salir adelante, pero aun así las caras de sorpresa en el Congreso fueron numerosas el martes, cuando la propuesta de reforma tributaria impulsada por la administración Petro se hundió en la comisión cuarta del Senado. La razón es que los alfiles del Ejecutivo habían intentado, desde las tácticas de persuasión escaño por escaño hasta la amenaza sobre lo que podría hacer la Casa de Nariño, incluyendo una declaratoria de emergencia económica.
Que el desenlace no cayó nada bien en la Presidencia, es algo que quedó en evidencia poco después. “No es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X al saber el desenlace.
Pero más allá de los dardos, aparecen las consecuencias prácticas de lo sucedido. En cuestión de días el ministerio de Hacienda deberá redactar un decreto que especifique cómo se recortarán del presupuesto nacional de 2026, tasado en 547 billones de pesos, los 16,3 billones que pretendía obtener el fracasado proyecto de ley de financiamiento.
Tal como lo establecen las normas, aquellas partidas que no cuenten con respaldo identificado deberán ser eliminadas. Semejante labor nunca resulta fácil, aunque esta vez apunta a ser todavía más complicada por cuenta de un déficit fiscal creciente, que el año que viene apunta a ser el más elevado desde cuando existen estadísticas confiables.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) -un organismo técnico, permanente e independiente- ha alertado sobre la necesidad de realizar un tijeretazo de casi 38 billones de pesos, aparte del monto mencionado arriba, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, el saldo en rojo en las cuentas gubernamentales sería equivalente al 8 por ciento del tamaño de la economía, superior incluso al registrado durante la pandemia.
Dado que la palabra “austeridad” no parece ser de buen recibo en las altas instancias del Ejecutivo, las alarmas están encendidas no solo entre quienes le siguen la pista a la economía colombiana, sino entre los candidatos a ocupar el primer cargo de la Nación. Cualquiera de los que aspira a ceñirse la banda tricolor el próximo siete de agosto es consciente desde ya que, si consigue triunfar, su margen de maniobra será muy reducido.
No se trata de ideología sino de matemáticas. El desequilibrio entre gastos e ingresos corrientes es de tal magnitud que amenaza con volverse inmanejable. Si en el pasado una brecha mucho menor que la prevista ahora se pudo subsanar con contrataciones de préstamos o emisiones de bonos, esa opción tiene un límite, entre otras porque hay que recuperar la credibilidad de los mercados de deuda.
Evitar el tortuoso camino que siguieron varios países latinoamericanos debido al descontrol de sus finanzas requiere convertirse en una prioridad. Los sacrificios son muy antipáticos, pero acaban siendo preferibles cuando se hacen por voluntad propia y se logran evitar debacles como el desplome de la moneda nacional o la hiperinflación.
Nada de eso, es verdad, parece inquietarle al ciudadano promedio. A fin de cuentas, la actividad económica reciente muestra un buen dinamismo y el desempleo se encuentra en su punto más bajo en lo que va del siglo.
De otro lado, la inflación sigue siendo una molestia pues lleva seis meses cerca del cinco por ciento anual, lo cual obliga al Banco de la República a mantener las tasas de interés arriba, algo que no desanima del todo a los compradores. Como señaló un tendero bogotano en días pasados: “se puede vivir”.
Sin embargo, la relativa sensación de prosperidad será efímera si no se les presta atención a las alarmas. Para ello, quien llegue a la cartera de Hacienda cuando tenga lugar el relevo presidencial del año que viene, necesitará la ayuda de los mejores especialistas si desea evitar la que, para los conocedores, es una especie de catástrofe anunciada.
Herencia indeseable
Lamentablemente, nada hace pensar que habrá con quién organizar la casa. El motivo es aquello que algunos describen como “un legado perverso”. Se trata del desmantelamiento de la capacidad técnica de la entidad rectora de las finanzas públicas.
Y es que, sobre todo a lo largo del presente año, decenas de profesionales de diversos niveles, cuya experiencia y conocimiento habían sido clave para que el complejo aparato estatal opere, renunciaron o fueron forzados a abandonar la institución. No se trata de puestos de alto perfil, que también han tenido una rotación inusual. En lo que va de este cuatrienio se contabilizan cuatro ministros de Hacienda, tres directores de presupuesto, tres de política macro, siete viceministros y cuatro directores de la Dian, entre otros.
Aparte de lo anterior, una treintena de personas que estaban en cargos de libre nombramiento y remoción acabaron saliendo, para no hablar de niveles distintos. Por ejemplo, de las quince posiciones de asesores adscritos al viceministerio técnico ya no queda casi ninguna ocupada. El caso más reciente fue el de la renuncia de la directora de la Unidad de Regulación Financiera, a comienzos de diciembre.
Las consecuencias de lo que algunos describen como un desangre técnico están a la vista. Prescindir de expertos en numerosos temas, que pueden ir desde lo procedimental hasta el análisis riguroso de eventuales decisiones, paraliza a la administración o aumenta la probabilidad de errores, aparte de disparar el riesgo de corrupción.
Claramente, la animadversión hacia los funcionarios experimentados que venían de antes se disparó con la llegada de Germán Ávila como titular de la cartera en el mes de marzo. Con ninguna experiencia en asuntos relacionados con la macroeconomía, desde su posesión el nuevo ministro señaló que su labor se concentraría en volver realidad las instrucciones recibidas desde la Casa de Nariño, por lo cual es intolerante con cualquier disenso.
Aunque tal afirmación suena obvia, equivale a desmontar el sistema de contrapesos propio del oficio de gobernar. En una nación en donde las necesidades de recursos y programas son inmensas, a quien maneja el dinero público le corresponde la antipática labor de tomar las promesas presidenciales y pasarlas por el cedazo de lo que es financieramente viable.
El trabajo también incluye examinar los cambios institucionales propuestos con el fin de levantar la mano y hacer advertencias a tiempo sobre las consecuencias perniciosas de determinadas políticas. El oficio pasa igualmente por insistir en que hay que respetar los contratos suscritos y cumplir las obligaciones adquiridas por el Estado, así estas provengan de administraciones anteriores.
Eso de tener que decirle que no a un Presidente, a la larga acaba desgastando la relación entre un mandatario y el Minhacienda de turno, así el primero entienda, después de refunfuñar, que es por su propio bien. Pero en lo que atañe a Gustavo Petro, la situación se torna más difícil porque en cada negativa ve síntomas de una conspiración en su contra.
Debido a ello, desde hace tiempo este ha venido hablando de “mafias enquistadas” al interior de la administración pública, tanto con propósitos criminales como con el ánimo de preservar privilegios para el sector privado. Semejante intensidad retórica, acabó traduciéndose en una especie de cacería de brujas en contra de cualquiera proveniente de gobiernos anteriores, con lo cual ha tenido lugar una hemorragia de talento irreparable en el corto plazo.
“Me parece que el mensaje de fondo es que han perdido equipo técnico y lo más grave, han perdido credibilidad”, señala la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano. Agrega que “no hay un camino claro, ni señales de ajuste, pues inflaron repetidamente las metas de recaudo sabiendo que estaban teniendo más déficit de lo previsto”.
Subraya que por cuenta no hacer bien la tarea, “el Gobierno Petro terminará con la deuda más alta y más cara de la historia, por cuenta de una mala administración”. Recuerda, así mismo, “la decisión del Presidente de echar al último ministro que habló de ajustar el gasto para hacerlo acorde con los ingresos”.
Aparte de esos señalamientos, aparecen otras dificultades con consecuencias: el incumplimiento de la Regla Fiscal, la poca coordinación entre la tesorería (que maneja la caja) y la dirección de presupuesto (encargada de los compromisos) o el rol menor que ha tenido Hacienda en discusiones clave en el Congreso.
Casos adicionales
Aquello que viene ocurriendo en el Ministerio, considerado como en el principal bastión de la institucionalidad económica junto con el Banco de la República, no es un caso aislado. En carteras como Minas y Energía, Comercio o Transporte también han salido decenas de profesionales tras acusaciones veladas o explícitas de no comulgar con los postulados del Pacto Histórico.
Uno de los casos de desmoronamiento más lamentable es lo sucedido con el Departamento Nacional de Planeación, que en su época dorada llegó a ser el inspirador de políticas de largo plazo y un gran coordinador de la inversión pública. Mediante el ejercicio de redacción del Plan de Desarrollo al comienzo de cada cuatrienio, se organizaban las promesas de la campaña y se le ponían números a cada prioridad, con los debidos mecanismos de seguimiento.
Por eso cuando al comenzar la era Petro fue designado Jorge Iván González como nuevo director, la esperanza de un reverdecimiento de la entidad renació. Con una larga hoja de vida y un bien ganado prestigio en círculos académicos, este economista y filósofo nacido en Medellín llegó a ser visto como la confirmación de que progresismo y rigor técnico no tenían por qué ser dos conceptos disímiles.
Tales anhelos, lamentablemente, se disiparon con relativa rapidez. Aunque el plan “Colombia potencia mundial de la vida” se redactó tras un gran esfuerzo de participación ciudadana y acabó convirtiéndose en Ley de la República, nunca se convirtió en la hoja de ruta que merecía ser porque la Casa de Nariño lo ignoró de manera muy rápida. “Yo hablaría de desprecio”, dice González.
Para el hoy exdirector, “desde muy rápido quedó en evidencia que Petro se inclinaba más por lo que le decían los activistas que llegaron al Gobierno, mientras que a quienes formábamos parte de lo que se podría llamar la tecnocracia nos comenzaron a asimilar a representantes del neoliberalismo”. Con el paso de las semanas, la percepción condujo a una brecha insalvable que se tradujo no solo en un cambio de titular en Planeación, sino en la llegada de personas que jamás habrían pasado el filtro de un proceso de selección por méritos medianamente decentes.
Ante esa situación, iniciativas ambiciosas de largo plazo como los presupuestos por programa, el registro universal de ingresos o el catastro multipropósito ya sea languidecen o nunca salieron adelante. Y cuando se miran los pobrísimos índices de ejecución en múltiples áreas del Ejecutivo, la razón no es otra que la falta de expertos que puedan adelantar proyectos.
“Preocupante” es el adjetivo que más se escucha con respecto a lo sucedido. “Las dos entidades están desmanteladas, porque ya no hay técnicos en Planeación o Hacienda”, opina el exministro Carlos Caballero Argáez, un estudioso del asunto. Añade que “el próximo gobierno debe volverlas a armar, reclutando gente capaz que hoy está desperdigada en la consultoría o el sector privado”.
Así las cosas, el problema no es solo el enorme agujero fiscal que dejará como herencia la administración Petro, sino el déficit en materia de capacidades y conocimiento institucional que recibirá su sucesor. La ausencia de especialistas hará el camino de la rectificación más tortuoso de lo necesario, mientras las urgencias apremian y la ciudadanía exige resultados. Ahí está el verdadero costo de una gestión que le pasará factura a Colombia en los años que vienen.
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