Colombia
Consejo de Estado falla a favor del dueño de Sanitas y ordena a Petro rectificar declaraciones sobre la EPS
Según información de Semana, el Consejo de Estado falló a favor de Joseba Grajales, empresario y dueño de la EPS Sanitas, en una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro, tras las declaraciones realizadas por el mandatario en una alocución presidencial emitida por televisión nacional.
La corte determinó que las declaraciones del presidente vulneraron varios derechos fundamentales del empresario, ordenando así que el mandatario rectificara públicamente sus palabras.
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Grajales presentó la tutela al considerar que el presidente afectó su reputación, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia, al acusarlo directamente de delitos ligados a la gestión de Sanitas, que estaba siendo intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en ese momento.
Después de analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que las expresiones del presidente trascendieron los límites del discurso político y constituyeron una violación de derechos fundamentales.
La controversia se inició el 25 de julio de 2025, cuando el presidente Petro, en una intervención oficial, hizo declaraciones contundentes sobre la situación financiera de Sanitas. Durante esta, el mandatario indicó que en la EPS se había producido un “robo inmenso”, y sostuvo que, tras la intervención estatal, el Gobierno logró reducir considerablemente la deuda de la entidad.
“Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea, la intervención fue favorable y si sumamos todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”, aseguró Petro en esa ocasión.
Sin embargo, las afirmaciones no se limitaron a aspectos financieros. Minutos más tarde, el presidente intensificó sus acusaciones y afirmó que los recursos proporcionados por el Estado habían sido malversados. “Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad”, expresó el jefe de Estado, cuestionando también la falta de investigaciones penales y sugiriendo que el poder económico interfería en la ausencia de sanciones.
El grupo empresarial Keralty fue mencionado en el contexto de cuestionamientos al manejo de recursos y su participación en el sistema de salud. – crédito Colprensa
Las acusaciones más serias, según el análisis del Consejo de Estado, se dieron cuando el presidente mencionó directamente al propietario del Grupo Keralty, un conglomerado multinacional que es propietario de Sanitas. Durante su discurso, Petro afirmó que la compañía debería irse del país y calificó a su propietario como “un criminal”, lo que, según la defensa de Grajales, constituyó una condena pública sin un fallo judicial previo.
“Está prohibido que en una empresa como Keralty le paguen a los políticos; el político que acepte ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, afirmó el mandatario durante su alocución presidencial.
Estas afirmaciones fueron clave en el análisis de la corte, que sostuvo que un presidente no puede imputar conductas delictivas específicas a una persona sin una decisión judicial, especialmente en un contexto de amplia difusión como una intervención televisada.
En su decisión, el Consejo de Estado modificó la sentencia inicial y decidió proteger los derechos fundamentales de Joseba Grajales. La corte concluyó que, aunque el presidente tiene derecho a criticar la gestión del sistema de salud y de las EPS, no puede infringir derechos individuales mediante declaraciones que sugieran culpabilidad penal.
Por lo tanto, el alto tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro que rectifique las expresiones utilizadas contra Sanitas y su propietario de manera que respete el buen nombre y la presunción de inocencia del empresario. La rectificación debe hacerse con un alcance de divulgación equivalente al de las declaraciones originales.
La decisión del Consejo de Estado establece un precedente significativo en el debate sobre los límites del discurso presidencial y la responsabilidad de los altos funcionarios al referirse a personas naturales o jurídicas. También ocurre en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y diversos actores del sistema de salud, en medio de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y las intervenciones a diferentes EPS.
Para el sector jurídico, este fallo reitera que la crítica política no puede convertirse en acusación penal sin base judicial, incluso cuando proviene del jefe de Estado. Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones en el ámbito político y empresarial, evidenciando el delicado balance entre la libertad de expresión de los gobernantes y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
