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Los indicadores de criminalidad, economías ilícitas y bloqueos viales registrados en 2025 están incidiendo de manera directa en la inversión, el empleo y la competitividad de la economía colombiana, así lo revela el más reciente informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional plantea que la seguridad dejó de ser un asunto circunscrito al orden público y pasó a convertirse en un determinante económico de primer orden.
Desde el sector empresarial se advierte que homicidios, secuestros, extorsión, atentados contra infraestructura, delitos informáticos y cierres de vías están elevando los costos de operación, afectando la continuidad de los negocios y debilitando la confianza para invertir en distintas regiones del país.
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El Consejo Gremial Nacional sostiene que la seguridad constituye una condición básica para el funcionamiento de la economía y el desarrollo de la actividad empresarial. “Desde esta perspectiva, el deterioro del orden público impacta directamente variables como la inversión privada, la generación de empleo formal, la productividad y la estabilidad de las cadenas de suministro”, revelaron.
De acuerdo con el gremio, la relación entre seguridad y economía no es indirecta ni coyuntural, sino estructural.
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional, explicó que las políticas de seguridad deben analizarse también desde su efecto económico. “La seguridad no es solo un tema de orden público, es un factor clave para la economía del país. Cuando la seguridad se deteriora, se afectan directamente la inversión, el empleo, la confianza empresarial y la garantía de la libre empresa y la propiedad privada”, afirmó durante la presentación del más reciente informe del Observatorio de Seguridad.
El documento señala que en contextos donde la seguridad se debilita, las decisiones de inversión tienden a aplazarse o redirigirse hacia otras regiones o países, mientras que las empresas que ya operan enfrentan mayores costos asociados a protección, logística, seguros y contingencias operativas. Esta situación, según el análisis gremial, termina afectando la competitividad general del país.
El Consejo Gremial también advierte que la falta de condiciones de seguridad limita la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de contratos, la libre circulación de bienes y personas y la estabilidad jurídica requerida para proyectos de largo plazo. Estos factores inciden en sectores como infraestructura, transporte, comercio, industria y servicios, que dependen de entornos previsibles para su operación.
Presidente de Andesco, Camilo Sánchez. Foto:Andesco
El informe del Observatorio de Seguridad documenta que la criminalidad está impactando de forma directa la operación de las empresas en múltiples frentes. “La criminalidad está impactando de forma directa las empresas”, señaló Camilo Sánchez, al enumerar amenazas como homicidios, secuestros, extorsión, atentados contra la infraestructura, hurto y delitos informáticos, fenómenos que comprometen la continuidad de los negocios y elevan los riesgos operativos.
Entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.324 homicidios, una cifra que, según el gremio, incide en la percepción de riesgo en territorios clave para la actividad económica. En el mismo periodo se reportaron 527 víctimas de secuestro, el nivel más alto desde 2007, lo que representa un factor adicional de presión sobre empresarios, directivos y trabajadores en varias regiones del país.
El informe también reporta 1.112 actos terroristas en lo corrido del año, con un incremento frente al periodo anterior. Estas acciones, de acuerdo con el Consejo Gremial, afectan de manera directa activos estratégicos como vías, redes eléctricas, oleoductos, instalaciones productivas y centros logísticos, generando interrupciones en la producción y distribución de bienes.
Aunque la extorsión mostró una leve reducción en el número de casos reportados, el gremio advierte que se mantienen más de 10.000 denuncias, lo que refleja la persistencia de esta práctica como una amenaza para empresas formales, especialmente pequeñas y medianas. En paralelo, los delitos informáticos registraron una disminución puntual, pero el Consejo Gremial señala que la tendencia de largo plazo continúa en ascenso, en un contexto de creciente digitalización de procesos productivos y financieros.
Paro en Boyacá Foto:Harvey Medina
Otro de los ejes del informe es el impacto económico de los bloqueos viales y la expansión de las economías ilícitas. Según cifras citadas por Sánchez con base en información de Colfecar, a 15 de diciembre de 2025 se habían registrado 824 bloqueos en las vías del país. Estos eventos generaron pérdidas estimadas en 2,3 billones de pesos para el sector transporte, sin incluir los costos indirectos asociados a retrasos, incumplimientos contractuales y desabastecimiento.
El Consejo Gremial advierte que los bloqueos afectan de manera transversal a la economía, al interrumpir el flujo de materias primas, alimentos, insumos industriales y bienes de consumo. Estas interrupciones impactan los costos logísticos, reducen la eficiencia de las cadenas productivas y afectan la competitividad de las empresas colombianas frente a mercados internacionales.
El informe también señala la expansión de economías ilícitas como un factor que profundiza la inseguridad y debilita la actividad productiva formal. El gremio destaca el crecimiento de cultivos ilícitos, la minería ilegal y el aumento de la deforestación, fenómenos que, según el análisis, están presentes en la mayoría de los departamentos del país y generan presiones adicionales sobre el orden institucional.
Estas economías ilegales, de acuerdo con el Consejo Gremial, compiten de manera directa con la actividad formal, distorsionan los mercados laborales, afectan el recaudo fiscal y financian estructuras criminales que inciden en la seguridad regional. El resultado es un entorno de mayor incertidumbre que condiciona las decisiones de inversión y limita las posibilidades de crecimiento económico sostenido.
Para el empresariado, la acumulación de estos factores convierte la seguridad en un elemento central del debate económico. “La inseguridad es un condicionamiento estructural del crecimiento económico. Sin orden público, sin protección a la vida y a la propiedad, no hay competitividad ni bienestar sostenible”, afirmó Sánchez, al insistir en que la seguridad debe ser entendida como un componente esencial de la política económica y del desarrollo productivo del país.
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