Colombia
ONU en alerta por paro armado del ELN y exige protección a civiles tras 60 hechos en 48 municipios
La Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos reafirmó su llamado a los grupos armados no estatales a que respeten consistentemente a la población civil y sigan las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Este pronunciamiento se dio tras una semana marcada por un paro armado del ELN y numerosos incidentes de violencia que afectaron vastas áreas del país, según información proporcionada por la oficina del organismo internacional.
En un mensaje público, la entidad recordó que las obligaciones de los actores armados comprenden el principio de distinción, la proporcionalidad y la precaución, para evitar ataques indiscriminados y agresiones a personas que no participan en las hostilidades.
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En este contexto, la entidad comentó: “Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados no estatales para que respeten en todo tiempo y lugar a la población civil. Sus deberes son con el DIH y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El comunicado hizo hincapié en que los grupos armados deben modificar su comportamiento de acuerdo a esos principios para prevenir daños a comunidades y bienes civiles. Además, se condenaron todos los ataques llevados a cabo por estructuras armadas no estatales que resulten en vulneraciones de derechos humanos, aunque no se especificaron responsabilidades a una organización en particular.
Simultáneamente, ONU Derechos Humanos realizó un llamado al Estado colombiano para que cumpla con su obligación de asegurar los derechos humanos, prevenir violaciones y proteger a la población civil en los territorios. En este sentido, instó que se lleve a cabo de manera integral y efectiva la Política de Seguridad a nivel territorial, con acciones coordinadas que respondan a los riesgos identificados en diversas regiones.
El anuncio se realizó después de que la oficina informara que, en la semana, se presentó un paro armado atribuido a un grupo armado no estatal. Según el reporte, este incidente dejó al menos una persona muerta, quien manejaba una ambulancia durante el ataque, además de 60 acciones de violencia e intimidación que impactaron 48 municipios en 13 departamentos del país.
Entre los hechos registrados se incluían ataques armados, incineración de vehículos y peajes, bloqueos viales usando aparentes explosivos, amenazas a la población y restricciones a la movilidad terrestre y fluvial. Esta información revela que tales actos provocaron perjuicios en la circulación de personas, el transporte de bienes y la prestación de servicios en diversas áreas.
La oficina explicó que estas dinámicas aumentan los riesgos para comunidades rurales y urbanas, así como para misiones humanitarias y personal médico, como evidenció la muerte del conductor de ambulancia reportada durante estos eventos. Subrayó la necesidad de que todos los actores armados respeten las misiones médicas y las actividades humanitarias, conforme a las normas internacionales aplicables.
En cuanto al papel de las instituciones, la entidad recordó que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir violaciones, proteger a la población civil y garantizar el acceso a derechos en contextos de conflicto y violencia armada. El mensaje hizo hincapié en la importancia de adoptar medidas de seguridad con un enfoque territorial, adaptadas a las dinámicas locales y con la participación de las comunidades afectadas.
La comunicación enfatizó que la respuesta del Estado debe estar alineada con políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia y fortalezcan la presencia institucional en los territorios. En este contexto, ONU Derechos Humanos reiteró su disposición para brindar apoyo técnico en los esfuerzos para proteger a los civiles y cumplir con los compromisos internacionales en derechos humanos.
El pronunciamiento fue divulgado por ONU Derechos Humanos Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se detallaron los incidentes documentados y se reitera el llamado tanto a los grupos armados no estatales como a las autoridades. La oficina aseguró que continuará monitoreando la situación y registrando posibles afectaciones a la población civil en el marco de estos eventos.
A lo largo del mensaje, el organismo insistió en la protección de civiles, el respeto por el DIH, la necesidad de prevenir ataques indiscriminados y la implementación de políticas de seguridad que se adapten a los contextos territoriales.
