La declaratoria de una emergencia económica, que le permita al Gobierno salir del lío presupuestal en que se encuentra no tiene reversa y así lo confirmó Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, al término de la reunión de la junta directiva del Banco de la República ―la última del 2025― en la que anunció que el Ejecutivo se encuentra en la fase final de preparación del decreto de emergencia, medida extraordinaria con la que busca obtener recursos adicionales para garantizar la ejecución del presupuesto de 2026, luego de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento que contemplaba ingresos por 16,3 billones de pesos.
Aunque el foco inicial del encuentro era la política monetaria, el jefe de las finanzas públicas aprovechó para confirmar que el Ejecutivo evalúa esta figura constitucional ante lo que calificó como hechos “sobrevinientes y protuberantes” que afectan el equilibrio fiscal.
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De hecho, ayer circuló un borrador de decreto de emergencia que contiene las vías tributarias que le permitirá al Gobierno recaudarlos recursos que necesita con urgencia. El mensaje implícito es cargar parte relevante del ajuste sobre patrimonios altos y, de manera acotada, sobre el patrimonio corporativo.
Y es que lo que muestra dicho documento es que se busca ampliar y reforzar el impuesto al patrimonio para 2026, incorporando explícitamente a las personas jurídicas como contribuyentes por ese año gravable, definiendo umbral (desde 40.000 UVT a 1 de enero de 2026), base (patrimonio bruto menos deudas) y una tabla de tarifas marginales diferenciada, con exclusiones puntuales de base para ciertos activos y sectores (vivienda hasta 12.000 UVT para personas naturales, acciones en sociedades nacionales bajo reglas específicas, bienes de uso público en transporte masivo, activos ambientales de acueducto/alcantarillado, reservas técnicas de Fogafín/Fogacoop, y tratamientos para entidades/extranjeros en casos delimitados).
El resto del paquete complementa ese recaudo con impuestos indirectos y un gravamen sectorial: IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet —cobrado sobre el “depósito en dinero” del usuario apostador—; aumento transitorio del gravamen a los movimientos financieros a 5 por 1.000 en 2026; refuerzo del impuesto al consumo para licores (componente específico por grado y un ad valorem del 30 por ciento) y para cigarrillos/tabaco, extendiendo el alcance a derivados y dispositivos (incluidos productos de tabaco calentado y vapeadores).
También un “impuesto especial para la estabilidad fiscal” del 1 por ciento sobre la primera venta o exportación de crudo (27,09) y hulla/carbón (27,01), dirigido a exportadores y vendedores que superen un umbral de renta líquida ordinaria (50.000 UVT) y con reglas de pago ligadas a la exportación o consolidación mensual.
Se trata de medidas de rápida activación para asegurar caja en 2026, repartiendo la carga entre patrimonio, transacciones, consumo y extracción/exportación de commodities.
Justificación
“El primer hecho sobreviniente es que no existe antecedente, en los últimos 25 o 30 años, de que el Congreso apruebe un presupuesto asociado a una ley de financiamiento y, dos meses después, el mismo Congreso niegue esa ley”, afirmó el ministro. A su juicio, esta situación creó un vacío de recursos que compromete la ejecución de un presupuesto que ya había sido aprobado por amplias mayorías en Senado y Cámara.
Ávila fue enfático en señalar que el hundimiento de la ley de financiamiento no responde a una caída del recaudo, sino a que los ingresos tributarios “no crecieron al ritmo que se esperaba”.
Impacto
“Es una especie de trampa que le hace el Congreso al país, porque aprueba un presupuesto con unos compromisos sociales, económicos y de estabilidad macroeconómica, y luego retira los recursos necesarios para ejecutarlo”, señaló.
Congreso no le aprobó el proyecto de ley de financiamiento que presentó el Gobierno. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa
Según explicó el ministro, esta situación tiene efectos inmediatos sobre varios frentes sensibles. Uno de ellos es el sistema de salud, luego de que la Corte Constitucional ordenara equiparar la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado con la del contributivo, decisión que implica un costo cercano a 3,3 billones de pesos y que, sin recursos adicionales, genera un desfinanciamiento del presupuesto nacional.
Otro de los riesgos identificados tiene que ver con los subsidios a la energía, en especial para los estratos 1, 2 y 3, cuyos recursos están incorporados como inversión dentro del presupuesto.
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El ministro también alertó sobre el impacto que tendría la falta de financiación en el cumplimiento de vigencias futuras, compromisos constitucionales heredados de gobiernos anteriores que obligan al Estado a realizar pagos anuales cercanos a 15 billones de pesos.
Seguridad nacional
A estos elementos fiscales se suma, según el Gobierno, un factor adicional de seguridad nacional. Ávila señaló que en las últimas semanas se han registrado ataques a la fuerza pública con drones en departamentos como Cesar y Cauca, lo que “obliga a hacer inversiones inmediatas en tecnología, para proteger a la fuerza pública y a la población civil”, afirmó.
Habitantes de Mondomo, Cauca, comprueban los daños tras el ataque a la estación de Policía. Foto:AFP
Frente a este conjunto de hechos, el ministro explicó que la emergencia económica permitiría adoptar medidas de corto plazo para atender estas necesidades urgentes. Los recursos que se buscarían, insistió, serían tributarios y seguirían el mismo esquema planteado en la ley de financiamiento hundida por el Congreso.
La expectativa del Ejecutivo es que la Corte Constitucional avale la decisión y los decretos reglamentarios que se expidan, en tanto el ministro descartó, por ahora, que el Gobierno esté contemplando un escenario en el que deba devolver recursos, como ha ocurrido en declaratorias de emergencia anteriores.
Otras vías
Algunos gremios no justifican la decisión del Gobierno de la declaratoria de emergencia y rechazan los argumentos dados por el Ministro Ávila.
Presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas Foto:Amcham Colombia
María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia, dijo que, si bien hay fragilidad fiscal “eso no significa que exista un escenario constitucional de “emergencia económica”. Agregó que esa situación es grave, pero estructural y previsible, no “sobreviniente y excepcional”, como lo mencionó el funcionario, al tiempo que su origen corresponde a decisiones de gasto y deuda, lo cual se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios, precisó la vocera gremial.
Algo en lo que coincide Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, para quien “no existe ningún hecho sobreviniente ” que justifique esa declaratoria.
“Los 16 billones de pesos de la ley de financiamiento representan menos del 3 por ciento del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215″.
Juan David Velasco, socio de Impuestos en Baker McKenzie, señala, por su parte, que una decisión de esa naturaleza “genera incertidumbre en el país y plantea cuestionamientos serios de constitucionalidad.
“Las medidas tributarias adoptadas por decreto estarán sujetas a un control constitucional estricto y no pueden sustituir la reserva de ley en materia tributaria. En consecuencia, las compañías deben estar preparadas para ejercer la defensa de sus derechos como contribuyentes”, comentó
