ACM alerta que emergencia económica sería “el tercer estado de excepción en menos de tres años” y expone riesgos

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha expresado su opinión sobre la posible declaración de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional. Esto se da tras los anuncios del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el 19 de diciembre de 2025, acerca de la elaboración de un decreto con este fin. La posición del gremio fue transmitida a través de un comunicado de prensa referenciado por Revista Semana.

Según el secretario de Hacienda, la declaración podría ser considerada como respuesta a la negativa del Congreso de aprobar la ley de financiamiento, lo que, según el Ejecutivo, habría dejado un vacío de recursos para equilibrar el presupuesto nacional.

Esto ha provocado un amplio debate entre diferentes sectores empresariales, económicos e institucionales.

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La ACM resaltó que una medida de este calibre tendría consecuencias significativas para el marco institucional del país. En su comunicación, el gremio dejó claro que la emergencia económica debe ser considerada como una excepción y está diseñada para circunstancias imprevistas que escapan al control del Estado, de acuerdo con la Constitución Política.

En este marco, la asociación enfatizó que, si se lleva a cabo el decreto, “sería el tercer estado de excepción en menos de tres años,” una circunstancia que consideraron como poco común en la historia reciente del país. Según el gremio, esta repetición podría poner en riesgo los principios de separación de poderes y el equilibrio institucional estipulados en la Carta de 1991.

El comunicado también indicó que el uso reiterado de mecanismos extraordinarios para abordar desequilibrios fiscales podría diluir la naturaleza excepcional de estas herramientas constitucionales. La ACM sugirió que los ajustes fiscales deberían gestionarse a través de los canales ordinarios, especialmente mediante el Congreso, como órgano representativo y deliberativo.

A lo largo del día, otras organizaciones empresariales expresó su opinión sobre este asunto. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) envió, por ejemplo, una carta a diversas entidades en la que abordaron preocupaciones similares sobre los impactos legales y económicos de una posible declaratoria de emergencia, contribuyendo así al debate público que surgió tras los anuncios oficiales.

Desde la perspectiva del sector minero, una nueva emergencia económica podría generar incertidumbre en los mercados y entre los actores económicos. El gremio destacó que este tipo de decisiones puede afectar la percepción de estabilidad normativa, un aspecto crítico para la planificación de inversiones a largo plazo en actividades extractivas y productivas.

La ACM también apuntó a los posibles impactos fiscales. En su análisis, declaró que los desequilibrios presupuestales no son resultado de eventos imprevistos, sino que son consecuencia de decisiones de política pública tomadas anteriormente. Así, afirmaron que la emergencia no debería ser utilizada como una herramienta para corregir déficits derivados de la implementación presupuestaria.

En el documento también se destacó una advertencia sobre la confianza en el Estado de derecho. Según el gremio, persistir en este tipo de declaratorias podría socavar la credibilidad institucional y generar más estrés sobre los sectores productivos, en un contexto económico con múltiples desafíos.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, fue citado en el comunicado haciendo hincapié en la gestión de las finanzas públicas. “No es aceptable que un Gobierno gaste más de lo que ingresa, que lo haga de manera habitual y que, para cubrir su déficit, busque justificar una emergencia económica debido a su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a través de estados de excepción establece un precedente muy serio para el país,” afirmó.

El líder gremial reiteró que las discusiones fiscales deben ser realizadas dentro del marco constitucional, respetando el rol del Congreso y de las altas cortes. La ACM enfatizó que estos foros aseguran el control democrático y el análisis técnico de las reformas que afectan los ingresos y gastos del Estado.

Por último, la asociación subrayó que el sector minero permanece alerta a las decisiones que tomen las autoridades económicas y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual es la encargada de evaluar la legalidad de una eventual declaración de emergencia económica, en caso de que se emita el decreto.