así afectaría el bolsillo de los colombianos el impuesto que propone

Si bien se dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, este refrán parece no aplicar a ciertas cosas de la cotidianidad colombiana, como es el caso del impuesto del 4×1.000, un gravámen que nació cobrando la mitad de lo que exige hoy en día y que pese a que está cerca de cumplir 30 años, ya es parte del día a día de la gente.

Este impuesto volvió a estar en el centro del debate, luego de que se conociera que el gobierno de Gustavo Petro analiza aumentarlo al 5×1.000, hecho que ha generado toda una discusión sobre su conveniencia y las afectaciones que podría tener en frentes como la inclusión financiera o las presiones a la economía de los hogares.

Todo esto, en el marco del borrador de decreto que prepara el Ministerio de Hacienda en el marco de la emergencia económica, con el objetivo, según el texto, de lograr un recaudo inmediato para enfrentar el faltante fiscal de 2026 tras la caída de la ley de financiamiento, apoyándose en un impuesto existente, de base amplia y alta eficiencia recaudatoria.

El argumento central del Ejecutivo es preservar la capacidad de gasto público durante un año en el que los ingresos proyectados se redujeron abruptamente y el borrador señala que, “por el año gravable 2026 el gravamen a los movimientos financieros será de cinco por mil (5×1.000)”, lo que implica un punto adicional frente al esquema vigente. En la práctica, cada retiro, transferencia o pago bancario tendría un costo relativamente mayor para hogares y negocios.

¿Qué es y cómo nació?

El gravamen a los movimientos financieros es un mecanismo conocido por los colombianos desde hace más de dos décadas. Nació en 1998 como una respuesta de emergencia a la crisis bancaria de ese momento y bajo ese carácter temporal se estableció como un tributo del 2×1000. No obstante, el impuesto se prorrogó en 1999 tras el terremoto de la zona cafetera y luego se convirtió en permanente en el año 2000, cuando comenzó a escalar hasta el 4×1.000 actual.

Desde entonces, el Gravamen a los Movimientos Financieros, como también se le conoce, hace parte de la vida económica del país. Según información de BBVA Research, este impuesto funciona bajo una lógica sencilla y es que por cada $1.000 en algún movimiento financiero, el contribuyente paga cuatro pesos, mediante un recaudo administrado por los bancos y luego girado al Gobierno Nacional. 

La entidad explica que las instituciones financieras “no obtienen ningún usufructo de este tributo”, sino que actúan como canales de recaudo en nombre del Estado y que su permanencia ha sido posible debido a una razón clave y es que es un impuesto de captura eficiente. Como afirma BBVA Research, el GMF permite recaudar recursos “de una manera fácil y transparente” porque toda transacción queda registrada en el sistema financiero, lo que reduce significativamente riesgos de evasión o fraude. 

Por eso, aunque se han planteado desmontes graduales desde 2010, la necesidad fiscal del país ha impedido que aquel objetivo se materialice, incluso en momentos de crecimiento económico.

El aumento al 5×1.000, sin embargo, abre un interrogante consistente frente a ¿cómo afectaría el bolsillo de los colombianos en 2026?, dado que si bien el borrador de decreto advierte que el alza sería temporal y exclusiva para ese año gravable; aun así, un punto adicional implica un mayor costo por retiro, transferencia o pago electrónico, lo que podría impactar especialmente a hogares e independientes que dependen del sistema bancario para operaciones cotidianas y para el manejo básico de sus ingresos mensuales.

También existe preocupación por sus efectos sobre pequeños comercios, ya que el texto recuerda que el GMF recae sobre todas las transacciones bancarias, por lo que cada pago electrónico sería más costoso; lo que podría dificultar la rotación de caja y aumentar la preferencia por el uso del efectivo, fenómeno que ya se ha observado en el pasado cuando se implementaron excepciones selectivas. 

De esta forma, el resultado sería un retroceso en mecanismos de bancarización e inclusión financiera que han tardado años en consolidarse; mientras que de fondo, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa el carácter excepcional del impuesto. 

Aunque nació con vocación temporal, su permanencia ha demostrado que los estados de emergencia, cuando se traducen en medidas fiscales exitosas, pueden extenderse más allá de la coyuntura para la que fueron creados. Y ahora, bajo una nueva emergencia económica, el país volvería a ver una transformación transitoria, esta vez no de creación, sino de ampliación del GMF, en un escenario fiscal presionado.

Juan Carlos Arbeláez, socio y director de Impuestos y Servicios legales de Crowe Co, advierte que el aumento temporal del GMF al 5×1.000 tendría un efecto directo en el bolsillo de los colombianos y en la liquidez empresarial; ya que encarecería el uso cotidiano del sistema bancario, afectando tanto a hogares como a trabajadores independientes y pequeños comercios que dependen de una alta rotación de pagos. 

Según sus palabras, “cada transferencia, retiro o pago electrónico será más costoso, lo que termina presionando el gasto corriente”.

Queda por verse cómo recibirá esta medida la Corte Constitucional, encargada de estudiar la legalidad del decreto de emergencia, y cómo reaccionará el mercado a la expectativa de un aumento en los costos transaccionales. 

Lo cierto es que el 4×1.000 hace parte de la estructura tributaria del país desde hace más de 20 años y su eventual aumento al 5×1.000 marcaría un nuevo capítulo en la historia de un impuesto que, aun siendo extraordinario, terminó convertido en componente estable de la economía colombiana.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio