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Tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un cese al fuego unilateral durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, expresó su escepticismo sobre la disposición del grupo armado de cesar las hostilidades durante esta temporada.
En su cuenta de X, la defensora del Pueblo comentó que, aunque ven positivamente la noticia de un alto al fuego, la credibilidad del ELN está en entredicho debido a su historial de violencia en años anteriores en esta misma época.
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Incluso, la funcionaria afirmó que, si realmente existe la intención de proteger a la población civil en medio del conflicto, el ELN no debería incluir el secuestro de empresarios y campesinos en sus acciones.
“Recibimos este anuncio con cierto alivio, pero también con preocupación. Aunque es fundamental que se mencione la obligación de respetar a la población civil, hemos observado daños continuos a esta. Un verdadero gesto de coherencia sería la liberación incondicional de las personas que aún están secuestradas,” declaró Marín.
Además, argumentó que la tregua debería extenderse no solo para evitar conflictos con las fuerzas del orden, sino también entre los grupos armados que luchan por controlar el territorio y las rutas del narcotráfico.
“El alto al fuego debería abarcar también los enfrentamientos con otros grupos armados, a quienes pedimos el mismo alivio durante el final del año. El ELN está en confrontaciones armadas con diversos grupos en múltiples regiones del país,” continuó la defensora.
Asimismo, Marín expresó su escepticismo sobre la duración del alto al fuego, recordando los anuncios previos del ELN en los que, a pesar de prometer cesar las hostilidades durante las festividades, llevaron a cabo actos violentos contra la población civil.
“Por último, hace un año, el ELN también anunció un cese al fuego similar, pero en enero continuaron sus ataques despiadados contra la población. En Catatumbo, por ejemplo, provocaron el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia, generando un clima de miedo generalizado entre miles de personas inocentes. Recibimos el anuncio con esperanza, pero demandamos más”, concluyó la defensora del Pueblo.
Las declaraciones de la funcionaria llegan tras el anuncio del ELN sobre un cese al fuego unilateral, efectivo desde las 00:00 horas del 24 de diciembre de 2025 hasta las 00:00 horas del 3 de enero de 2026, luego de una semana de violencia que dejó al menos 60 ataques en varias regiones de Colombia.
La decisión, que el grupo insurgente presentó como un “regalo de Navidad”, se produce después de un paro armado que terminó el 17 de diciembre, dejando cinco fallecidos y afectaciones en una veintena de departamentos, según cifras preliminares de las autoridades.
El ELN justificó esta medida como un mensaje de paz para las celebraciones de fin de año, advirtiendo que reanudarán sus acciones armadas en 2026 para, según su versión, defender la soberanía nacional.
Durante el paro armado, el grupo cometió bloqueos con explosivos, amenazas y restricciones que paralizaron rutas clave, afectando tanto áreas urbanas como rurales.
En Chocó, se interrumpieron los transportes fluviales y terrestres; en Antioquia, se reportó la quema de un bus en Valdivia y la detonación de un artefacto en Copacabana. En Arauca, el ELN atacó un batallón del Ejército en Puerto Jordán con tatucos bomba, causando daños materiales, con su presencia evidenciada por grafitis y banderas en carreteras de Arauca, Antioquia y Cauca.
El grupo armado defendió sus actividades durante el paro, asegurando que no atacaron a la población civil y atribuyendo la imagen de causar víctimas civiles a una supuesta estrategia militar y mediática. Sin embargo, el balance oficial señala la muerte de un civil y dos policías debido a explosiones en el sur de Cali, además de la investigación de dos jóvenes encontrados sin vida en Cúcuta. En el peaje de La Lizama, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, una funcionaria resultó herida y se activaron los protocolos de seguridad.
En Norte de Santander, especialmente en Villa del Rosario y Cúcuta, se registraron homicidios y la muerte de un conductor de ambulancia durante un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander. Asimismo, se documentaron bloqueos y hallazgos de explosivos en los corredores viales entre Cúcuta y Pamplona, además de restricciones al transporte público en la ruta que conecta Cúcuta, Ocaña y Aguachica.
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