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¿Qué tienen en común Chile, Perú, Ecuador y Colombia, aparte de ser países andinos? Las respuestas posibles son muchas y van desde el hecho de compartir lengua hasta localización geográfica en el continente americano.
Pero algo que resulta un poco menos obvio es que en cada una de esas naciones la preocupación principal de la opinión es el deterioro en el clima de seguridad. Tanto, que en la reciente escogencia de José Antonio Kast como nuevo presidente de los chilenos, al igual que de Daniel Noboa, reelegido en abril pasado como mandatario de los ecuatorianos, la promesa de combatir el crimen fue el principal factor en sus respectivos triunfos.
Obviamente, las variables que determinan hacia dónde se inclina la mayoría de quienes votan son muchas más. Aparte de las propuestas específicas respecto a un amplio abanico de temas, el público también califica la personalidad del postulante de turno y la conexión emocional que establece con quien le escucha. Pero hay aspectos que se sobreponen a los otros y este de la capacidad de controlar a los criminales acaba siendo un denominador común, al menos en la franja occidental de América del Sur, desde la Patagonia hasta el Darién.
No hay duda de que los peruanos están en la misma línea. Un sondeo hecho por Ipsos y dado a conocer a comienzos del presente mes ubicó a la inseguridad ciudadana como el primer dolor de cabeza con cerca de un 42 por ciento de las respuestas. Dado que la primera vuelta de los comicios presidenciales está programada para el próximo 16 de abril, es evidente que el tema ocupa un lugar alto en las promesas de los más de 30 aspirantes que desean ceñirse la banda blanca y roja.
Nosotros tampoco somos la excepción. Según la encuesta “Colombia Opina”, elaborada por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu radio, y aplicada el mes pasado en 148 municipios, el orden público encabeza la lista de problemas nacionales, con una cifra de 35,3 por ciento. A más de 16 puntos de distancia, el segundo lugar le corresponde a aquello que atañe al desempleo y la economía.
Dada la compleja trayectoria del país, podría pensarse que eso no tiene nada de raro. Pero el número citado no solo es el más alto desde cuando comenzó a hacerse la medición a mediados de 2017, sino que lleva solo un año siendo el primero en el ranquin. Hasta no hace mucho, lo relacionado con el bolsillo, la corrupción o el desempeño del gobierno de turno tendían a estar más arriba.
Como es de imaginar, la fotografía en cuestión tiene implicaciones políticas por cuenta de la temporada electoral que se avecina. Aunque las cosas pueden cambiar para el momento en que llegue la cita con las urnas a finales de mayo, parece poco probable que la aprehensión actual disminuya.
Basta mirar los titulares de los últimos días. El cruento ataque con drones y explosivos ocurrido en Aguachica (Cesar) contra una guarnición militar, se suma a la toma de Buenos Aires (Cauca) y a las acciones del ELN durante el paro armado impuesto por esa guerrilla. Ante semejantes titulares, suena dudoso que las calificaciones mejoren.
Violencia en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / Portafolio
Más de un dato
Que el panorama de la seguridad se haya oscurecido, es algo que confirman los propios reportes del Ministerio de Defensa. Las estadísticas con corte a noviembre muestran un deterioro en lo que atañe a lo que se conoce como los delitos “duros”, comenzando por los que atentan contra la vida y la seguridad personal.
Para comenzar, los homicidios intencionales muestran un aumento del dos por ciento hasta 12.484 en los primeros once meses del año, de acuerdo con la Policía Nacional. El incremento puede sonar como algo menor, pero los estudiosos del asunto recalcan que hubo un cambio en el sistema de conteo, que no es despreciable.
Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), explica que “tras la convocatoria de unas mesas técnicas, en diciembre de 2022 el Gobierno decidió excluir unas formas de homicidio que, en mi opinión, van en contravía de los parámetros metodológicos que usan tanto la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas”. Aunque las categorías dejadas de lado fueron seis, el grueso del impacto se concentra en cuatro, sostiene el académico.
Por ejemplo, las muertes de personas en operaciones de carácter legal adelantadas por las Fuerzas Armadas no se contabilizan para estos efectos. Así mismo, casos como el de Jean Claude Bossard, asesinado a comienzos de este mes en un intento de robo en Bogotá, tampoco se agregan pues supuestamente la intención del adolescente que le disparó en el forcejeo no era la de matarlo.
Debido a esa circunstancia hay tres datos distintos. Uno lo entrega Medicina Legal, que sigue los lineamientos tradicionales, otro proviene del Dane y un tercero es el de Mindefensa, que es el más utilizado. El lío es que la diferencia entre el primero y el tercero puede superar el millar de homicidios anuales o algo cercano al 10 por ciento.
Como las gráficas de las distintas fuentes cada vez se alejan más, el veredicto también cambia. Lo que para algunos es una relativa estabilidad en los niveles de violencia, para otros es un deterioro que equivale a un retroceso de más de diez años, el cual debería disparar las alarmas. Según Restrepo, en comparación con 2021 la escalada está por encima de las 3.000 muertes adicionales al año causadas por armas o explosivos.
Aun si se utiliza el parámetro más favorable, con un índice de homicidios por encima de los 25 por cada 100.000 habitantes, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos, no solo de América Latina, sino del mundo entero. Las comparaciones son odiosas, pero en Argentina el indicador es de 3,8 y en El Salvador es 1,9, el guarismo más bajo de la región. En números absolutos, la cantidad de asesinatos intencionales que registra España anualmente -con una población total parecida a la nuestra- equivale a los que se contabilizan en el territorio nacional en el lapso de apenas ocho días.
La violencia es un lastre para el crecimiento económico del país. Foto:Imagen generada con Inteligencia Artificial – ChatGPT
Otras alertas
La sensación de que la situación está empeorando se apoya en varias lecturas adicionales. De tal manera, el secuestro extorsivo mostró un crecimiento de 127 por ciento entre enero y noviembre, hasta los 418 casos, el acumulado de mayor tamaño en más de una década y media. También inquieta que los miembros de la Fuerza Pública asesinados en actos del servicio sumen 160, un alza del 70 por ciento con respecto al año pasado y la cantidad más alta desde 2015, antes de que se firmara el acuerdo con las Farc, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. Agosto fue el peor mes de 2025 con 27 muertes, pero diciembre lamentablemente ya deja un saldo trágico.
Por su parte, la cantidad de municipios con presencia de grupos armados se ubica en 383 actualmente, cerca de un centenar más que en 2019, según Cerac. Es verdad que en 2023 se observó un pico más alto, pero la cantidad de municipios con dos o más organizaciones ilegales llegó a 118 este año, algo que no se veía desde 2014.
Todo lo anterior coincide con un decrecimiento relativo de las asignaciones presupuestales destinadas al sector de Defensa. Si en 2010 la suma entregada fue equivalente al 3,4 por ciento del Producto Interno Bruto, el año pasado esa proporción bajó al 2,9 por ciento, lo que equivale a unos nueve billones de pesos menos.
Hacia adelante esa proporción puede cambiar por cuenta de la reciente adquisición de aviones de combate que se pagarán con vigencias futuras, pero en lo que atañe a la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas el panorama dista de ser el mejor. Aparte de los problemas con la flota de helicópteros y la suspensión de la cooperación internacional, el pie de fuerza se ha reducido en 13 por ciento a algo más de 400.000 uniformados.
Curiosamente, mientras eso ocurre, el panorama de otros tipos de crimen parece haber mejorado. Las estadísticas oficiales muestran una disminución significativa de los delitos contra el patrimonio económico, comenzando por las diferentes modalidades de hurto: de vehículos, a residencias, a comercio, a personas, a entidades financieras, piratería terrestre y abigeato.
Incluso la extorsión muestra una reducción del 10 por ciento, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. No obstante, aquí los conocedores advierten que simplemente el nivel de denuncias ha decrecido pues en ciudades como Medellín o Barranquilla la presencia de ese flagelo es notoria.
Aún si la disminución tiene bases reales, eso no necesariamente quiere decir que la gente se sienta más segura. Por ejemplo, una encuesta hecha por “Bogotá cómo vamos” -recién aparecida- muestra que, ante la pregunta de haber sido víctima de un delito durante el último año en la capital, el 15 por ciento de los entrevistados respondió afirmativamente. La cifra, que en 2016 ascendió al 32 por ciento, es la más baja, al menos desde 2010.
Sin embargo, al mismo tiempo la percepción de inseguridad en la ciudad sube al 62 por ciento y en el barrio respectivo al 43 por ciento. Tales registros son, de lejos, los más elevados desde cuando comenzó a plantearse el interrogante en 2008. El temor a atracos callejeros, drogadicción, asaltos a casas, pandillas o robos a tiendas, influye de forma determinante en la calificación.
No importa que los datos muestren una baja en los diferentes tipos de crímenes en la urbe, con excepción de la violencia intrafamiliar. Lo cierto es que los capitalinos muestran una aprehensión mucho mayor al momento de salir de su casa, algo sobre lo cual pueden influir las redes sociales y la televisión, que son los principales medios de información utilizados.
Ya sea por razones objetivas o subjetivas, el diagnóstico es claro. Los colombianos consideran que la falta de seguridad encabeza la lista de sus preocupaciones algo que, por cierto, tiende a ser una constante a lo largo y ancho de América Latina, como lo muestran los sondeos de Latinobarómetro.
Que hay una base cierta en dicha impresión es innegable. Como lo señaló Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, esta semana, la región lidera en 12 de los 15 mercados criminales globales. La lista incluye narcotráfico, comercio ilegal de armas, trata de personas, delitos contra el medio ambiente, ciberdelitos, minería ilegal y extorsión, entre otros.
Parte de las razones de los cientos de miles que emigran a otros lugares tiene que ver con el azote de la violencia. Cuando se examina por qué la democracia ha perdido respaldo en esta parte del mundo, la incapacidad de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, aparece de forma inmediata en los sondeos.
En consecuencia, la opinión espera respuestas efectivas de sus dirigentes. Propuestas extremas como la de Nayib Bukele en El Salvador han ganado adeptos, pero los defensores de los derechos humanos y las libertades individuales abogan por un remedio efectivo sin tener que encarcelar a decenas de miles de individuos.
Al tiempo que el debate sobre cómo proceder sigue, no hay duda de que este será un tema clave con miras al resultado de las próximas elecciones presidenciales. Prometer resultados es fácil, pero lo complejo es convencer a los votantes de que viene un mañana mejor en este frente. Quien lo logre hacer tendrá mayores posibilidades de triunfo en un país en el cual sus habitantes aspiran, como dijo hace tiempo el desaparecido Darío Echandía, a “volver a pescar de noche”.
RICARDO ÁVILA PINTO
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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