Luis Fernando Mejía alerta que la emergencia económica “es totalmente injustificada” y agrava la incertidumbre fiscal

La renuncia de Luis Fernando Mejía como director de Fedesarrollo ocurre en un contexto de tensión fiscal en Colombia, justo cuando el Gobierno nacional ha declarado una emergencia económica para abordar el déficit del presupuesto de 2026. En una conversación con El Tiempo, Mejía compartió una perspectiva crítica sobre esta decisión y ofreció una evaluación del estado económico y la dirección que deja al país tras siete años al mando.

Mejía cuestionó la emergencia proclamada por el Gobierno. “La emergencia económica carece de justificación”, afirmó, y destacó que, desde su punto de vista, el déficit de $16 billones en la ley de financiamiento representa menos del 3% del presupuesto para 2026.

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Afirmó que “resulta insostenible argumentar que un impacto de tal magnitud pueda causar una alteración severa e inminente del orden económico” y advirtió: “sólo exacerba aún más la incertidumbre en el país. Es una decisión nefasta”.

En medio de la controversia, indicó que la decisión gubernamental no se basa en un hecho súbito ni cumple con el estándar legal requerido para una situación de emergencia como esta.

Un informe de The Economist posicionó a Colombia entre las economías destacados de la OCDE. Al ser preguntado, Mejía hizo dos aclaraciones. La primera se refiere a la velocidad de crecimiento y a la realidad de los ingresos: “Colombia ha crecido un 2,8% hasta el tercer trimestre de este año, pero el ingreso por persona es aproximadamente un tercio del promedio de la OCDE”. Subrayó que “el promedio de este año entre las economías emergentes, incluyendo la de Colombia, es del 4%”, indicando que el crecimiento actual no es suficiente.

El segundo punto crítico es el déficit fiscal. Según Mejía, “parte de la razón del crecimiento de Colombia este año se relaciona con un déficit fiscal que históricamente ha sido muy elevado, superando el 7% del PIB”. Predijo que tras este periodo de expansión basada en el gasto público, vendrá “el guayabo de un ajuste fiscal que el próximo gobierno necesitará implementar”.

Al evaluar la inflación, destacó que el índice en Colombia se encuentra por encima de la meta establecida: “En términos de inflación, Colombia no está apuntando bien ya que se encuentra considerablemente por encima de la meta del Banco de la República, que queda entre el 2% y el 4%, y hemos tenido cinco meses con inflaciones superiores al 5%”. Relacionó esta situación directamente con el “alto gasto público”.

El auge del consumo, según Mejía, no solo se debe al gasto estatal, sino también a otros motivos: el aumento de remesas, ingresos de actividades ilícitas como el narcotráfico, estimados en cerca de $15.000 millones de dólares anuales, y mejores precios del café.

Acerca del modelo de crecimiento, enfatizó: “El inconveniente radica en que este crecimiento sustentado en el gasto de los hogares y del Gobierno no es sostenible. Una economía realmente crece de manera rápida y sostenida mediante la inversión”.

La tasa de inversión en el país, comentó Mejía, ha caído a “mínimos históricos de dos décadas, alrededor del 16% del PIB, cuando Colombia suele tener tasas de inversión entre el 21% y 22%”. Este indicador, según le indicó a El Tiempo, refleja una disminución aproximada de cinco puntos, lo que limita el potencial de crecimiento a mediano plazo.

Respecto al enfoque que deja el centro de estudios, Mejía aseguró que se trata de “una estrategia integral de ajuste y crecimiento sustentada en tres pilares fundamentales”: disciplina fiscal, reactivación de la inversión, y fortalecimiento de la inclusión social y productiva.

El ajuste fiscal, puntualizó, parte de dos ideas: “primero, un ajuste del gasto público que estimamos en un 1,4% del PIB”. Al detallar las estrategias, propuso la eliminación de subsidios a combustibles (especialmente el diésel, que le cuesta al país 10 billones de pesos anuales), la focalización de ayudas para que lleguen exclusivamente a hogares en situación de pobreza, el control del crecimiento de la nómina estatal, y asegurar que la regulación de competencias bajo el Sistema General de Participaciones no eleve el gasto.

Sin embargo, la reducción del gasto no es suficiente. Sobre los impuestos, Mejía destacó: “Es necesaria una reforma tributaria que no reproduzca lo que han hecho las anteriores, que simplemente obligan a los mismos contribuyentes a pagar más. En lugar de eso, el objetivo debe ser “ampliar las bases gravables; que un mayor número de personas paguen impuestos, para asegurar una base tributaria más amplia. En Colombia muy pocas personas y empresas tributan, y eso complica mucho el recaudo”.

Con respecto a la reactivación de la inversión, comentó: “En Colombia no tenemos una ventaja competitiva en términos de tributación, ya que poseemos la cuarta tasa de impuesto de renta más elevada del planeta: 35%”. Para cambiar esta situación, su equipo propone reducir la tasa de impuesto para empresas, haciendo distinciones entre pequeñas, medianas y grandes empresas, y llevar la tasa media nacional a un 25%, alineándola con el promedio internacional.

Un segundo elemento para fomentar la inversión es disminuir la incertidumbre: “Toda decisión de política pública que genere confusión a nivel macro y sectorial ha resultado en incertidumbre, que se convierte en una gran barrera para la inversión”.

Enumeró algunas de las causas: la resistencia oficial a permitir la participación del sector privado en servicios públicos, políticas en el sector minero-energético, la decisión de no ajustar los peajes de acuerdo con la inflación, la subutilización del mecanismo de alianzas público-privadas y la paralización del programa de vivienda Mi Casa Ya.

En cuanto a la inclusión, Mejía detalló: “El objetivo es reducir la pobreza y la pobreza extrema, así como la informalidad laboral, que representa quizás el mayor problema de exclusión en Colombia. En la actualidad, hay numerosos programas sociales, muchos de los cuales benefician a individuos que no son pobres o que llegan repetidamente al mismo hogar; consideramos que es fundamental consolidar todas estas ayudas en una transferencia muy simple, dirigida específicamente a las personas en condiciones de pobreza extrema. Para los demás hogares, hay que brindar oportunidades de inclusión productiva, es decir, empleo formal.”

Se mostró preocupado por la conexión entre el salario mínimo y el incremento de la informalidad laboral: “Las estadísticas ya lo reflejan. Esto requiere tiempo, los efectos no son inmediatos, pero ya el último dato que publicó el DANE muestra un aumento en la tasa de informalidad laboral. Además, le puedo dar un dato más preocupante, proveniente de las cifras que presentó el DANE en la mesa de concertación del salario mínimo: de enero a octubre, se han incorporado 790.000 personas al mercado laboral, lo cual podría parecer positivo. Sin embargo, al desglosar este aumento, se observa que, efectivamente, alrededor de 400.000 son personas que se han sumado como trabajadores independientes, comúnmente informales, y los otros son asalariados a tiempo parcial, es decir, que reciben menos de un salario mínimo. En cambio, los asalariados que ganan un salario mínimo o más han disminuido en 430.000 personas en lo que va del año.

Concluyó sobre este asunto: “Todo esto demuestra que, tal como se había previsto, elevar el salario mínimo significativamente por encima de la inflación y la productividad, junto con las repercusiones de la reforma laboral, han resultado en un aumento de la informalidad laboral, así como en un cambio en la naturaleza de la demanda de empleo; muchas empresas hoy en día prefieren contratar trabajadores a tiempo parcial para eludir los altos costos asociados con la contratación formal de empleo”.

Mientras la Corte Constitucional analiza la validez de la emergencia económica, el análisis de Mejía, documentado en su entrevista con El Tiempo, alimenta el debate sobre los desafíos fiscales, la inversión y el contexto social de Colombia.