Colombia
Militares retirados se apartan del diálogo con disidencia Farc tras exclusión de su delegado en la mesa oficial
Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia han comunicado que cesan su participación en las conversaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado ilegal vinculado con disidencias de las Farc.
La determinación fue emitida luego de la exclusión de su representante durante las negociaciones, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, por parte del equipo negociador del Gobierno Nacional, según un anuncio publicado este 22 de diciembre de 2025 por BLU Radio.
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De acuerdo con el comunicado, la salida de los militares retirados se produjo tras desacuerdos con el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa.
El texto indica que el delegado de los militares fue excluido después de expresar su desacuerdo a los ataques contra el Ejército Nacional en Putumayo y sugerir que cualquier desmovilización futura de la CNEB debería condicionarse a la extradición de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, grupo asociado a esta organización armada.
Los firmantes del comunicado aclararon que su participación en las negociaciones se llevó a cabo a través de la Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, que reúne a 80 organizaciones de militares retirados.
Dijeron que su intervención en el proceso se realizó con asesoría técnica y legal, guiada por principios de defensa de la institucionalidad, la legalidad y del respeto al Estado de Derecho. No obstante, afirmaron que la decisión del equipo negociador de excluir a su delegado modificó las condiciones que habían acordado para participar.
En el comunicado, los militares retirados remarcaron que la exclusión del coronel (r) Ariza Girón fue considerada “inexplicable”, lo que motivó su retiro colectivo del apoyo que habían brindado a los diálogos con la CNEB.
Aseguraron que la función del delegado era canalizar observaciones técnicas y exponer preocupaciones relacionadas con la seguridad de la fuerza pública y de la población civil, dentro de los límites legales.
El pronunciamiento también abordó seis preocupaciones principales respecto a la dirección que, según los firmantes, están tomando los diálogos en el contexto de la política de paz total. Se mencionaron la posibilidad de legitimar estructuras armadas ilegales, la falta de un marco jurídico claro para las negociaciones, y el riesgo de interferencia electoral en 2026.
También expresaron inquietudes sobre la ausencia de garantías verificables de desarme, el peligro de nuevas disidencias relacionadas con el control de economías ilícitas y la impunidad ante delitos cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.
La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fue caracterizada en el comunicado como una división de la antigua Segunda Marquetalia, compuesta por varios frentes y grupos armados.
Entre estos se encuentran los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, activos en Nariño, Putumayo, Cauca y regiones de frontera. Los militares retirados indicaron que esta organización mantiene poder en rutas estratégicas y en áreas donde operan economías ilegales.
Respecto a los líderes identificados, el documento menciona a Walter Mendoza, conocido como José Vicente Lesmes, considerado el líder máximo y representante político del grupo; a Andrés Rojas, alias ‘Araña’, comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y a Andrés Allende Perilla, alias ‘Allende’, señalado como líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se mencionan otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados con el control territorial y actividades ilícitas.
Los militares retirados reafirmaron que su salida del proceso no significa un rechazo a la necesidad de dialogar, sino una discrepancia respecto a la manera en la que se están llevando a cabo las negociaciones actuales.
En este sentido, afirmaron que están dispuestos a contribuir a iniciativas de reconciliación, siempre que estas se realicen “con respeto a la nación soberana, la Constitución y el Estado de Derecho”.
El comunicado subrayó que no apoyarán negociaciones que, a su entender, se alejen del orden legal o que ignoren la gravedad de los delitos atribuidos a las estructuras armadas ilegales involucradas en las conversaciones, postura que fue reafirmada tras su decisión de retirarse de la mesa con la CNEB.
