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Colombia

Tribunal avala conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango y cierra litigio por la emergencia de 2018

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Tribunal avala conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango y cierra litigio por la emergencia de 2018
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronuncian sobre la conciliación, destacando que este acuerdo resuelve el conflicto entre Hidroituango y EPM – crédito EPM

La conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango ha sido confirmada luego de una resolución de un tribunal de arbitramento, que aprobó el pacto con el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, según reporta Revista Semana.

Esta decisión concluye el proceso legal iniciado por la emergencia en 2018 en la hidroeléctrica en Antioquia.

Los funcionarios, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, mencionaron que esta conciliación es clave para resolver un prolongado conflicto entre las dos instituciones involucradas en el proyecto.

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Ambos funcionarios mencionaron que este acuerdo se ha trabajado durante los últimos dos años en el contexto de sus administraciones.

“Desde que asumimos el Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo hemos laborado en un acuerdo que beneficia a Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy, el Tribunal de Arbitramento ha dado el visto bueno a la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con el respaldo de la Procuraduría”, añadió Gutiérrez, quien también preside la junta directiva de EPM.

La conciliación contemplada protege el patrimonio público, asegura la sostenibilidad financiera de EPM y garantiza la generación de energía para el país, como se destacó en el marco de este acuerdo.

El alcalde también afirmó que los recursos obtenidos del cierre de este litigio se destinarán a inversión social, aunque no especificó montos.

- crédito @FicoGutierrez/X
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La Sociedad Hidroituango es la responsable del proyecto hidroeléctrico, con su estructura accionaria representando un 52,8 % a la Gobernación de Antioquia y un 46,3 % a EPM.

EPM, además de su rol como socio, actúa como contratista principal por un contrato tipo Boomt —que implica construir, operar, mantener y transferir— establecido en 2011, tal como se informó en El Colombiano en artículos previos.

El litigio tiene sus raíces en la emergencia ocurrida en 2018, cuando la Sociedad Hidroituango interpuso una demanda ante la Cámara de Comercio de Medellín, reclamando que EPM fuera responsable por presuntas violaciones contractuales asociadas a costos adicionales y fallos técnicos surgidos durante la crisis.

En diciembre de 2023, el tribunal que consideró el caso dictaminó que EPM tenía responsabilidad por los costos adicionales y las fallas en el Sistema Auxiliar de Desviación, ordenando el pago de 781.828 millones de pesos para cubrir costos financieros y reparaciones. EPM rechazó esta decisión ante el Consejo de Estado.

El 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado aceptó el recurso de EPM y suspendió los efectos del fallo arbitral, abriendo camino a negociaciones entre las partes. Con la nueva administración en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, se promovieron diálogos para una salida consensuada.

- crédito Alcaldía de Medellín
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En un comunicado enviado al Concejo de Medellín, EPM indicó que estaba “trabajando en la creación de un acuerdo integral que permita la resolución definitiva de conflictos jurídicos y económicos”, subrayando que este proceso dependía de las resoluciones del tribunal competente.

La conciliación aprobada formaliza este diálogo y extingue las disputas legales existentes entre EPM y la Sociedad Hidroituango. Según Gutiérrez, los aspectos técnicos, financieros y operativos del acuerdo se presentarán en enero de 2026, después de los trámites internos necesarios.

El gobernador Andrés Julián Rendón también expresó su apoyo a la decisión, concordando con la Alcaldía de Medellín y afirmando que el acuerdo asegura la continuidad institucional del proyecto hidroeléctrico, considerado crucial para el sistema energético nacional.

Hidroituango es la hidroeléctrica más grande del país y su plena operación ha sido objeto de seguimiento constante por parte de autoridades locales, regionales y nacionales desde la emergencia de 2018, debido a su impacto en la generación de energía y en las finanzas públicas.

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