Corte Constitucional aplaza revisión del decreto de Petro hasta 2026

El alto tribunal estudiará el Decreto 1390 de 2025 solo después de la vacancia judicial, mientras el Gobierno defiende la medida tras el hundimiento de la reforma tributaria.

Publicado por:Luisa Fernanda Garzón Ochoa

En medio de un escenario fiscal tenso y de un debate político que sigue escalando, la declaratoria de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro quedó en pausa jurídica.

Aunque el decreto ya está en firme y empieza a desplegar sus efectos, su control constitucional deberá esperar. La Corte Constitucional decidió que el análisis de fondo se hará solo cuando se reanuden las actividades judiciales en 2026, una decisión que marca el ritmo de una discusión clave para el futuro económico del país.

La decisión de la Corte Constitucional

Tras una reunión informal de los nueve magistrados que integran la Sala Plena, la Corte Constitucional determinó que sí revisará el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, pero únicamente una vez se retomen las labores judiciales luego de la vacancia judicial, es decir, a partir del 13 de enero de 2026.

Según explicó el alto tribunal mediante un comunicado, el control de constitucionalidad debe ejercerse conforme a los procedimientos y plazos previstos en la Constitución y en las normas que regulan la administración de justicia, garantizando principios como el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho de audiencia.

La vacancia judicial, el factor clave

La Corte precisó que durante la vacancia judicial deben respetarse las reglas legales que regulan las situaciones administrativas de los servidores judiciales. Esta circunstancia genera un efecto operativo que solo puede restablecerse legalmente una vez concluido el receso, es decir, el próximo año.

Por esta razón, el tribunal dejó claro que la revisión de los decretos expedidos durante el Estado de Emergencia no puede adelantarse mientras persista la vacancia judicial, postura que ya ha sido adoptada en precedentes similares.

Antecedentes citados por el alto tribunal

Como referencia, la Corte recordó el manejo dado al Estado de Emergencia declarado en diciembre de 2009. En ese entonces, el decreto correspondiente fue estudiado una vez se retomaron las labores judiciales en enero de 2010.

Asimismo, se citó el caso del Decreto 4975 de 2009, cuyo estudio comenzó tras la vacancia judicial y concluyó meses después con la Sentencia C-252 de 2010.

El control constitucional queda para 2026

Con esta decisión, la Corte Constitucional dejó para 2026 el conocimiento del caso y el respectivo reparto por sorteo que definirá qué magistrado será el ponente.

El alto tribunal asumirá el control automático de constitucionalidad del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, una vez se reinicie plenamente la actividad judicial y finalice la vacancia en curso, el 13 de enero de 2026.

La Corte reiteró que este control deberá realizarse respetando estrictamente las reglas que rigen la organización y funcionamiento de los despachos judiciales, así como las garantías del debido proceso, el derecho de audiencia y el acceso a la administración de justicia.

El marco legal de los estados de excepción

Los magistrados recordaron que los estados de excepción están regulados por los artículos 212 a 215 de la Constitución Política y por la Ley Estatutaria 137 de 1994.

Estas normas establecen tanto las facultades del Gobierno para declarar un Estado de Emergencia como la obligación de que la Corte ejerza un control automático de constitucionalidad sobre los decretos que se expidan al amparo de dicha declaratoria.

¿Por qué el Gobierno decretó la emergencia económica?

El Gobierno colombiano decretó este lunes la emergencia económica por 30 días, luego de que el Congreso hundiera el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

En el Decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró “el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia” del documento.

Los argumentos del Ejecutivo

El Ejecutivo señaló que la declaratoria busca enfrentar “la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”, debido a una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.

Antes de la publicación del decreto, el presidente Gustavo Petro defendió la medida y aseguró que Colombia arrastra “un déficit primario en las finanzas públicas” desde el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

También criticó al Congreso por “derrumbar ya por dos veces el proyecto de financiación (reforma tributaria) presentado por el Gobierno” y al Banco de la República por mantener inalterada la tasa básica de interés en 9,25 %, nivel vigente desde abril.

Las advertencias del presidente Petro

Según el mandatario, estos factores “desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda”.

“Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre”, afirmó Petro.

Nuevos impuestos y enfoque tributario

El presidente explicó que “el decreto de emergencia en materia tributaria se basará en los mismos criterios que las comisiones económicas del Congreso rechazan”, en referencia a la reforma hundida.

“Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”, expresó.

La reforma tributaria hundida el 9 de diciembre fue la tercera presentada por el Gobierno de Petro: el Congreso aprobó la primera en 2022, pero rechazó otra en 2024 y la más reciente en 2025.

La posición de la oposición

Desde la oposición aseguran que, en lugar de insistir en una reforma tributaria o en nuevos impuestos vía emergencia económica, el Gobierno debería reducir el nivel de gasto público, al que califican de elevado, para evitar que se agrande el déficit fiscal.

¿Qué es una emergencia económica y cómo impacta a los ciudadanos?

Hace algunas horas, el presidente Gustavo Petro firmó oficialmente la declaratoria de emergencia económica, que había sido anunciada días atrás por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional empiece a emitir los decretos que establecerán los impuestos que impondrá la emergencia económica durante los 30 días de vigencia. Esto ha generado dudas entre los ciudadanos sobre qué implica esta figura constitucional y cuál será su impacto.

Facultades del Gobierno bajo este estado de excepción

La emergencia económica es una herramienta consagrada en la Constitución Política de Colombia que permite a los gobiernos declarar un estado de excepción para tomar decisiones urgentes que, en condiciones normales, requerirían un trámite más amplio.

Para decretarla, deben existir hechos que perturben o amenacen de forma grave el orden económico y social del país, o que constituyan una calamidad pública. Bajo esta figura, el Gobierno puede legislar por decreto y adoptar medidas de carácter urgente.

Normalmente, estos estados se decretan por periodos de 30 días, con posibilidad de prórroga si cuenta con autorización del Congreso.

Medidas e impactos en el bolsillo

Con la emergencia económica, el Gobierno puede ejercer controles sobre precios y salarios, gestionar de manera más flexible el presupuesto, redirigir recursos a sectores prioritarios y garantizar programas sociales, según ha detallado el Ministerio de Hacienda.

Entre los impactos que podrían sentir los colombianos durante este primer mes se mencionan nuevos impuestos, como el IVA del 19 % para licores, los juegos de suerte y azar en línea, y un impuesto del 1 % para la extracción de carbón, entre otros.

Mientras tanto, el país queda a la espera de que, en 2026, la Corte Constitucional entre de lleno a evaluar la legalidad de una de las decisiones económicas más controvertidas del Gobierno Petro.