Colombia
Cali en el ojo del huracán: ¿Se esconden contratos secretos tras la crisis del transporte escolar?
El sufrimiento para padres y cuidadores de 20,513 menores y adolescentes de Cali, que en el último mes han enfrentado dificultades para desplazarse hacia sus colegios e instituciones educativas, podría tener una solución, en medio de un acalorado debate en la ciencia sobre si la urgencia manifiesta era el camino correcto para contrataciones millonarias, que se realizarán de manera directa.
EN LA SEMANA EN CURSO, EN LA ALCALDÍA DE DISTRITO ANUNCIARON QUE A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO SE Reactivaría la Oferta del Servicio, Bajo Este Enfoque.
Según la Administración, la decisión se tomó, “En el contexto de la Urgencia Manifiesta Declarada por la Alcaldía de Cali, lo que posibilita una contratación inmediata para evitar interrupciones”.
Manifestaciones en la vía al mar por el transporte escolar, en el último mes. Foto: Juan Pablo Rueda/ El Tiempo
“Nos Comprometimos en Buscar una solución para que nuestros estudiantes pudieran retornar a las aulas. A partir de hoy (ayer) contamos con el servicio de transporte escolar para 22 a 51 instituciones educativas, tanto en zonas rurales como urbanas, laderas y que atienden a poblaciones con discapacidad”, afirmó la Secretaria de Educación de Cali, Tatiana Aguilar.
De acuerdo con la funcionaria y en la Alcaldía de la ciudad, a través de la Urgencia Manifiesta se podrá garantizar, inicialmente, la prestación del transporte hasta el martes 4 de marzo, día en el cual se prevé definir el nuevo operador de dicho servicio.
“Los operarios garantizarán la cobertura a las 51 sedes educativas focalizadas”, anotaron en la Alcaldía.
“La Secretaría de Educación de Cali hace un llamado a la ciudadanía para mantener el diálogo y evitar medidas drásticas”. En este sentido, en esta dependencia se refirieron a los bloqueos en puntos de la ciudad, como la ladera, que es la zona más afectada, en cuanto al transporte escolar, ocurridos en las últimas dos semanas. La Alcaldía argumentó dificultades debido al cambio de modalidad en la contratación este año.
Manifestaciones en la vía al mar por el servicio de transporte escolar. Foto: Juan Pablo Rueda/ El Tiempo
Interrogantes sobre la Legalidad de la Medida
La concejal Ana Erazo comentó: “No hay solo la urgencia manifiesta la cual no es un hecho imprevisible, sino que es consecuencia de la negligencia de su secretaria, Tatiana Aguilar; además, parece que conforme pasan las horas la situación en lugar de mejorar se empeora”.
Erazo también manifestó, a través de su cuenta de X: “Alcalde, a través de Diego Hau (Director de Planeación de Cali), se anunció que el servicio de transporte se reanudaría en las horas siguientes del martes 25. ¿Saben que a esta hora, la Secretaría de Educación de Cali no tiene ningún proceso de contratación de este tipo en Secop? Si el servicio ya lo están prestando de emergencia, ¿con qué fondos lo están pagando? ¿Con qué figura lo están justificando?”.
Manifestaciones en Cali por carencia del servicio de transporte escolar. Imagen: Juan Pablo Rueda/ El Tiempo
La concejal añadió: “Alcalde Alejandro Eder, si el proceso no se ha publicado, no hay oficialmente un componente de contratación válido y ustedes ya están ofreciendo el servicio. ¿Están recibiendo dinero sin soportes? Es verdaderamente indignante, pero es un asunto tan improvisado, amateur e ilegal, que desatiende cualquier consideración que planteen la Personería de Cali, la contraloría del distrito, ni menos aún la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República”.
El abogado Élmer Montaña también cuestionó la figura de urgencia manifiesta que fundamenta la reactivación del servicio con nuevos recursos.
“El alcalde llevó a cabo la declaración de urgencia manifiesta, infringiendo la Ley 80 de 1993, que expresa claramente que este tipo de situaciones solo puede ser declarado en estado de excepción, cuando ocurren hechos constitutivos de fuerza mayor o desastre de excepción. Lo que sucedió, en este caso, fue la falta de planificación”, afirmó el licenciado Montaña, quien teme por ‘contratos a dedo’, ya que la urgencia manifiesta permite la contratación directa y no procesos de selección pública.
La abogada y veedora ciudadana Luz Betty de Borrero indicó: “Es un hecho que la administración distrital debe asegurar de forma oportuna y efectiva la prestación del servicio de transporte escolar a los niños, las niñas y los adolescentes, para lo cual debe prever y anticiparse a cualquier situación que altere o haga nulo dicho servicio”.
Sostuvo: “La administración distrital, con más de 13 meses en el ejercicio de sus funciones, ha resultado ineficiente e ineficaz en la gestión que debe llevar a cabo la Secretaría de Educación respecto al transporte escolar en la ruta educativa, en Ladera y en lugares remotos al centro educativo dentro del área urbana”.
“La veedora también manifestó: “Los requisitos y trámites legales previos a la contratación administrativa no pueden considerarse un obstáculo retardador para la gestión pública, utilizando esta circunstancia como pretexto para recurrir a la contratación directa”.
Agregó: “Lo que se pone en riesgo es la transparencia, objetividad y moralidad de la administración pública, además de que fundamentar en la figura de la ‘urgencia manifiesta’ termina siendo utilizado para contratar expresamente y de forma directa, todas las obras, bienes y servicios que el ente territorial, en este caso el distrito de Cali, requiera”.
Según la abogada, “el alcalde quizás prevea una investigación disciplinaria y fiscal, además de informar a la Secretaría de Educación que apelar a esta figura constituye un error”.
Aseguró que “le corresponde al concejo distrital iniciar un debate sobre la relación de control ante estos hechos que sientan un mal precedente en torno a la contratación directa o ‘a dedo’, que se ha convertido en tendencia dentro del concepto del estado contratista”.
“Los requisitos y trámites legales previos a la contratación administrativa no deben ser considerados un obstáculo”.
un impedimento postergador para la administración pública, utilizando esta situación como excusa para recurrir a la contratación -dira”, expresó la abogada de Borrero.
‘Estamos Respaldados por la Ley’: Alcaldía
“La Ley 80, como bien señala ÉLmer Montaña, es la legislación sobre contratación pública. En esta legislación se definen las modalidades de la contratación. El Instrumento Eficaz que proporciona a todas las entidades estatales, que están inmersas en una circunstancia excepcional, o que se encuentran en una situación que requiere tomar acciones inmediatas”, declaró la directora jurídica del área correspondiente, Ana Catalina Castro.
La funcionaria añadió: “En este caso fue necesario tomar una medida inmediata, porque en cumplimiento de la Ley de Contratación Pública estábamos llevando a cabo un proceso de selección. Una acción, una solución, en este momento, ante la situación del transporte escolar de los niños”, manifestó Castro.
“Por lo tanto, respaldados en la misma Ley 80, que establece mecanismos para situaciones donde no se puede asegurar la continuidad en la prestación de ciertos servicios, entendiendo esto, refiriéndose al servicio de transporte escolar, decidimos declarar la urgencia manifiesta, enteramente amparados en la legalidad”, explicó.
Señaló que el mandatario de Los Caleos no estaría incurriendo en una falta que le pudiera acarrear sanción. Reiteró que en la Alcaldía se fundamentaron en la Ley 80 para actuar ante cualquier riesgo, siendo este riesgo la falta de transporte escolar. “La contratación directa es la forma más sencilla de poner fin a un riesgo y cuál es el riesgo aquí, es la educación de los niños. Por eso actuamos”, anotó.
Además, en la contraloría de Cali informaron que están evaluando el caso. Aún no hay un pronunciamiento formal pues se espera conocer la resolución enviada por la misma Alcaldía respecto al decreto 0078 del 24 de febrero que autorizó la urgencia manifiesta.
La directora jurídica mencionó que se enviarán los soportes de la contratación directa por la urgencia manifiesta a la contraloría para que este organismo realice la revisión y se pronuncie en los próximos dos meses, período que confirmó la misma contraloría.
“Nosotros estamos completamente respaldados por la ley”, afirmó la directora jurídica de Cali.
Carolina Bohórquez
Corresponsal de El Tiempo
Cali
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